Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi
Cada vez que se ventilaba en el plenario legislativo algún gran defecto de la acción pública, el compañero Guido Vega reconocía públicamente que “el Estado costarricense había colapsado”.El triste tema de los puentes de nuestras carreteras podría servir de evidencia y prueba de tal aserto. Sin embargo, habría que preguntarse por las causas y, asimismo, porqué el asunto resulta tan pesado para los ciudadanos y tan liviano para quienes están adentro.
Así es: a pesar del oneroso pago de impuestos (importación de vehículos, ruedo y combustibles) las calles no alcanzan y el gobierno tiene, como única ocurrencia, la restricción vehicular. Los de adentro tienen ahora motivo para decir que hicieron algo (en realidad no mejoraron nada), pretexto para limitar la libertad de los demás, excusa para llenar a los usuarios de infracciones y su vida no se ve limitada. Los de afuera, en cambio, vivimos en el susto y la necesidad, si estamos dentro del perímetro la medida equivale a inmovilidad y nuestra vida está más estrujada.
Los puentes no se arreglan porque hay conflictos entre CONAVI, el MOPT, las contrataciones y las comisiones. Pero no se les atrasa un sueldo ni se complican la vida. Los de afuera, al revés, hasta la muerte nos llega por la inutilidad pública.
Con el tema de las células madre es igual. El Estado está decidiendo si autoriza o no a los particulares un acto médico que no es igual que un fármaco (no hay punto de comparación). Sin embargo, la CCSS invierte en el asunto y allí (paradoja del principio de legalidad) no se necesita autorización. Los de adentro con presupuesto y sin necesidad de demostraciones, los de afuera con el la libertad restringida y esperando un milagro para salvar la salud.
De las restricciones en pro del ambiente ni hablemos. Cuando el Estado o sus amistados están detrás de una carretera, entonces todo va a su favor (no importa el plan de escombreras, el agua de los ríos, los mantos acuíferos ni la la medida sobrepasada). ¡Ah, pero si se tratara de un particular! Entonces veríamos la suspensión de obras, las responsabilidades penales y las vestiduras rasgadas. Verbigracia: Estadio Nacional y carretera a Caldera. ¡Ay del supervisor que ose denunciar hechos o hacer constar no conformidades! Será víctima de la vindicta pública.
Si un particular quiera poner un taller, deberá sujetarse mil reglas y legislaciones. Si es un proyecto público, ni se hablará de la normativa de la calidad (recuerden Riteve).
Si la escuela es privada, aparecerán expertos en construcciones a exigir (por vía inferior al reglamento: la ocurrencia casual) medidas y orientaciones, escalones y luces, ventilaciones y cerraduras). ¿Por qué no actúan así con las instalaciones públicas?
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1 comentario:
Importante detenerse un poco en las causas de estos irreverentes actos de abuso, en la función pública. Será que existe una profunda carencia de valores, aquellos que se enseñan desde el hogar y de donde se enseña a ser solidario y a interesrse por los problemas nacionales, en virtud, de los efectos que estos, tendrán en nuestras actividades particulares.
Creo que hay una situación de confort, en el sentido, que mientras nuestros gobernantes toman decisiones, en su mayoría pensando en intereses propios y conexos, el grueso de la población civil se concentra también en buscar los propios,olvidándose de lo que como país necesitamos; comenzando con la evasión de impuestos y siguiendo con la potencialización de la creatividad para encontrar aquellos portillos que nuestras leyes contienen para ser burladas. Mientras tanto los de "adentro" se concentran en crear más leyes, más burocracia y más elementos restrictivos, en lugar de crear una gran reforma de valores que busque el cambio en nuestra forma de pensar, que se concentre en hacer conciencia en los ciudadanos de la necesidad de cumplir, con las obligaciones que como ciudadanos tenemos, que tienen como efecto el desarrollo y la solidaridad, tal es el caso de impuestos y cargas sociales justas y equitativas, para que la gente pague proporcionalmente a sus posibilidades; pero que además esos ingresos se vean reflejados en obras y reforzamiento de los sectores de salud, vivienda, educación, seguridad, entre otros; y no en la recuperación de recursos faltantes, producto de actos incompatibles, con los deberes de un funcionario público; que generalmente quedan impunes y en el olvido.
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