Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi
Cada vez que se ventilaba en el plenario legislativo algún gran defecto de la acción pública, el compañero Guido Vega reconocía públicamente que “el Estado costarricense había colapsado”.El triste tema de los puentes de nuestras carreteras podría servir de evidencia y prueba de tal aserto. Sin embargo, habría que preguntarse por las causas y, asimismo, porqué el asunto resulta tan pesado para los ciudadanos y tan liviano para quienes están adentro.
Así es: a pesar del oneroso pago de impuestos (importación de vehículos, ruedo y combustibles) las calles no alcanzan y el gobierno tiene, como única ocurrencia, la restricción vehicular. Los de adentro tienen ahora motivo para decir que hicieron algo (en realidad no mejoraron nada), pretexto para limitar la libertad de los demás, excusa para llenar a los usuarios de infracciones y su vida no se ve limitada. Los de afuera, en cambio, vivimos en el susto y la necesidad, si estamos dentro del perímetro la medida equivale a inmovilidad y nuestra vida está más estrujada.
Los puentes no se arreglan porque hay conflictos entre CONAVI, el MOPT, las contrataciones y las comisiones. Pero no se les atrasa un sueldo ni se complican la vida. Los de afuera, al revés, hasta la muerte nos llega por la inutilidad pública.
Con el tema de las células madre es igual. El Estado está decidiendo si autoriza o no a los particulares un acto médico que no es igual que un fármaco (no hay punto de comparación). Sin embargo, la CCSS invierte en el asunto y allí (paradoja del principio de legalidad) no se necesita autorización. Los de adentro con presupuesto y sin necesidad de demostraciones, los de afuera con el la libertad restringida y esperando un milagro para salvar la salud.
De las restricciones en pro del ambiente ni hablemos. Cuando el Estado o sus amistados están detrás de una carretera, entonces todo va a su favor (no importa el plan de escombreras, el agua de los ríos, los mantos acuíferos ni la la medida sobrepasada). ¡Ah, pero si se tratara de un particular! Entonces veríamos la suspensión de obras, las responsabilidades penales y las vestiduras rasgadas. Verbigracia: Estadio Nacional y carretera a Caldera. ¡Ay del supervisor que ose denunciar hechos o hacer constar no conformidades! Será víctima de la vindicta pública.
Si un particular quiera poner un taller, deberá sujetarse mil reglas y legislaciones. Si es un proyecto público, ni se hablará de la normativa de la calidad (recuerden Riteve).
Si la escuela es privada, aparecerán expertos en construcciones a exigir (por vía inferior al reglamento: la ocurrencia casual) medidas y orientaciones, escalones y luces, ventilaciones y cerraduras). ¿Por qué no actúan así con las instalaciones públicas?
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