HAY ESPERANZA …

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

El Tribunal Ambiental se decidió a actuar en relación con el innegable daño ambiental causado por la construcción de la carretera a Caldera.

Es de esperar que SETENA, que tiene la información completa y una valoración de buena parte de los daños, también actúe en armonía con el Tribunal.

Lo que sí está quedando feo y mal es el hecho de que las altas autoridades del MOPT, la gerencia del proyecto y el CNC se han estado haciendo los “contemplosos” en el asunto. Más bien, paradójicamente, le están cobrando los platos rotos a la Supervisora del proyecto.

Típico de cierta burocracia: reaccionar contra quien evidencia el daño y no contra quien lo hace. Parece que una de las motivaciones que impulsa la suspensión de la Supervisora del proyecto es que la información pública haya trascendido y que no se haya constituido en cómplice del daño ambiental…

Este asunto no debe dejarse dormido, “secreteado” ni escondido. Un viejo decir expresa que “en Costa Rica no hay escándalo que dure tres días …”. Quiera Dios que en la investigación de la mala administración de cuestiones ambientales en esta carretera no se enfríe el tema, no aparezca el “pobrecito”, no nos dejemos extorsionar con el viciado argumento de que “es la única manera de hacer algo en Costa Rica”.

Dichosamente, no solo la Supervisora ha tenido las “gallas” suficientes sino que algunos medios de comunicación han empezado a indagar sostenidamente y a llamar la atención sobre la tragedia ambiental. Es de esperar que no aflojen y que más bien soquen más.

Quizás habrá que poner más presión con acciones constitucionales y denuncias penales, pues la magnitud del perjuicio así lo requiere.

La cantidad de tierra desplazada (irrespetando el diseño), el inmenso daño al acuífero Barva, la cantidad de escombros y material vertido a las cuencas, la mala disposición de la madera cortada, la prepotencia con que se actúa, el desgano con que se atienden las quejas y la idea de que los extranjeros tienen un fuero especial debería mover muchas voluntades para defender derechos y asuntos importantes.

Peor aún, la obsecuencia de algunas autoridades administrativas (CNC, Gerencia del Proyecto, MOPT) con un contratista que abusa de esta manera, debería provocar una reacción más categórica de parte de quienes tienen la obligación de proteger el ambiente, sancionar los desafueros y promover la reparación correspondiente.

Y, aún más grave, hay que rechazar la extorsión que se halla tras la idea de que solo violentando el marco jurídico se puede hacer algo.

Pero ya el Tribunal Ambiental se movió un poco … ¡hay esperanza!

REPRODUCCIÓN DEL PERIÓDICO LA NACIÓN

Ticos están desprotegidos ante
manejo de sus datos en Internet *
Diversos sitios en la Web, públicos y privados, ofrecen datos personales
Congreso lleva una década discutiendo proyecto de ley para darles protección

Pablo Fonseca Q. pfonseca@nacion.com
Publicado: 2009/09/28

Los costarricenses se encuentran desprotegidos ante el uso que de su información personal se realiza en muchas páginas de Internet, públicas y privadas.

El país carece de una legislación que garantice la integridad de los datos, o bien que se hayan obtenido y se estén ofreciendo de manera legítima.

La Sala IV ha emitido resoluciones vinculadas con el manejo de la información personal en algunos sitios de Internet privados, pero distintos expertos consideran que las opiniones de este órgano judicial zigzaguen: cambian los criterios de una resolución a otra y no dejando claro qué se puede o no se puede hacer con los datos personales de los ticos en la red de redes.
Para profundizar sobre este asunto, el miércoles anterior, el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un foro titulado Privacidad en la Red.

A él asistieron, entre otros, Marvin Carvajal, director de la Escuela Judicial, y Federico Malavassi, abogado consultor en temas constitucionales de la compañía Datum.
Datum es la más conocida –pero no la única– empresa que ofrece información personal de los costarricenses por medio de Internet. No cualquiera tiene acceso a esa información: se debe estar suscrito y pagar una cuota.

Malavassi asegura que la información mostrada (desde nombre y cédula hasta participación en juntas directivas de sociedades anónimas y estado de préstamos) es pública y, además, obtenida de manera legal.

Actualmente, la página del Tribunal Supremo de Elecciones da información del nombre completo, cédula, estado civil e hijos registrados de una persona.

En Páginas Blancas se obtienen los números telefónicos que no están catalogados como privados.

La página de la Caja Costarricense del Seguro Social muestra quiénes son los patronos morosos.

El Registro Nacional indica todas las propiedades de una persona o sociedad anónima.

En el caso específico del Tribunal se presentan errores en la información de algunas personas, pero en ninguna parte se indica que el servicio es inexacto.

Según Malavassi, si una persona visitara las entidades públicas adecuadas, al final obtendría la misma información que Datum ofrece de manera centralizada y por medio de Internet.

Precisamente este abogado fue el más crítico con las resoluciones sobre privacidad de la Sala IV, que han obligado a Datum a modificar o eliminar la información de algunas personas en varias ocasiones.

“Lo que la Sala IV hace es como tallar una pieza de precisión en madera, pero a hachazos. Existen casos en los cuales ha dicho que sí se pueden mostrar fotografías de las personas en nuestro sistema, y en otros casos ha dicho que no”, comentó el abogado.

Con un tono menos confrontativo, el director de la Escuela Judicial también expresó sus dudas.
“Si existen resoluciones especializadas de la Sala IV sobre este asunto, no encontré ninguna”, explicó Carvajal en su presentación. La última de las resoluciones de la Sala IV sobre este tema se conoció hace exactamente una semana.

En ella, los jueces obligan a dos empresas de bases de datos (en cuenta a Datum) a eliminar la dirección exacta del domicilio de dos personas de sus registros.

En trámite. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto titulado Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Tras casi una década en el Congreso, se encuentra en el octavo lugar de la Comisión Plena tercera y podría ser votado en el mediano plazo.

Entre otros puntos, la nueva ley obligará a registrar todo banco de datos –público y privado– y a garantizar su seguridad.

Además, la cesión de esos datos a terceros solo se podrá realizar con consentimiento del interesado. La excepción a esta norma será que la información se obtenga de fuentes “de acceso público irrestricto” y se trate de listas que se limiten al nombre, la cédula y la fecha de nacimiento.

Tanto Malavassi como Carvajal criticaron que esta propuesta de ley crearía una Agencia para la Protección de Datos Personales, cuyo responsable sería la Defensoría de los Habitantes.

“La Defensoría es un órgano contralor y no puede ser parte de la administración activa”, dijo Malavassi.

“Lo que tenemos que buscar es que la información se obtenga legítimamente y se use legítimamente, no discutir qué es público y qué es privado”, dijo Carvajal.

Daniel Soley, Defensor Adjunto y quien participó en el foro como moderador, expresó también su rechazo a la propuesta y señaló que la nueva legislación no dará más presupuesto a la Defensoría para cumplir con las nuevas responsabilidades asignadas.

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ALGO SE PERDIÓ

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

No pretendo precisar si es un tema de principios, valores, moral o educación. El hecho es que este 15 de setiembre quedó clarísimo que hemos perdido algo en Costa Rica.

No digo que lo mejor sea celebrar la Independencia con desfiles y faroles, con tambores y bandas. Pero creo que eso está mucho mejor que quienes se han dedicado a hostigar a quienes así lo celebran y echar a perder las Fiestas Patrias.

No creo que todos tengamos la obligación de participar en las actividades de la Semana Santa, pero estoy seguro de que si motivo para dejar libre la semana es que los católicos celebren los oficios y procesiones, entonces es mejor que se elimine el feriado y los católicos busquen hacer sus cosas en su tiempo libre. ¿Por qué? Porque me parece inapropiado dar libre la Semana Santa para mil cosas que no son celebración religiosa. Así todo pierde sentido. Hace unos años salía un anuncio (con bebida espirituosa patrocinadora), llamando al gran concierto de “Viernes Santo” en la playa. Estimo que ello es un contrasentido.

Así pues, que si las Fiestas de Independencia (faroles y acto cívico) y las celebraciones de Semana Santa han de realizarse privadamente para no sufrir hostigamiento, irreverencia y faltas de respeto por parte de inconscientes, es mejor no otorgar días libres ni áreas de alcahuetería para quienes más bien actúan en contravía de lo que se celebra.

Lo mismo pienso de las celebraciones en Cartago. Si más bien resultan ocasión para sacadas de clavo con Presidentes de otro signo político o para manifestaciones de quienes perdieron el referéndum, quizás sea mejor hacer un acto cívico intramuros y dejar en paz las cosas públicas.

Repito que no pretendo establecer si son valores, principios o educación, pero veo falta de respeto, malacrianza, vulgaridad y excesos en el comportamiento de muchas personas. No tiene que ver con la libertad, ni con la libertad de expresión ni con el derecho a protestar. No se vale confundir.

Tampoco tiene que ver con la globalización ni con el progreso. No soy mojigato y creo que todo mundo tiene derecho a esparcirse, disfrutar, estar alegre y echarse un trago y un guipipía. Sin embargo, también estoy seguro de que hay que respetar, entender el sentido de las cosas, promover valores cívicos y educación.

Si los faroles, los discursos, los desfiles, las procesiones y demás celebraciones han de ser intramuros (por seguridad y para evitar irrespetos y hostigamientos) es que perdimos nuestra amada Costa Rica.

Muy triste panorama.

NO ES JUEGO LIMPIO

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

La ley de reformas a la Ley de Tránsito sigue un ejemplo de irracionalidades. Mal trámite, mal concepto, malas artes y malas jugadas.

Es un despropósito exagerar multas y castigos. Nuestra Constitución exige razonabilidad. No se puede castigar más de una vez por lo mismo. No se pueden poner penas desproporcionadas.

Asimismo, el trámite de un proyecto de ley exige apego a formas propias de una legislación respetuosa de conceptos y procedimientos democráticos: publicidad, acceso a los textos, numeración y reconocimiento del derecho de todos los diputados. No hay lugar para atropellos ni supuestos. Esta ley es un vivo ejemplo de irrespeto a las normas básicas de la legislación.

Lo extraño es que autoridades del Ejecutivo, alguna prensa y muchos diputados pregonaban que el proyecto era correcto, una respuesta bien construida, que no tenía defectos, que los trámites estaban bien y que las multas y exigencias al conductor eran apropiadas.

No obstante, ahora se descubre que era una suma de ocurrencias, que hasta el botiquín es un despropósito, que lo de la caja de herramientas no tiene pies ni cabeza, que las multas y castigos son irracionales y exagerados, que la numeración viene mala, que el Ejecutivo pretende arreglar las cosas por Decreto y que los propios diputados han recurrido a la maniobra de atrasar su vigencia seis meses para que el electorado no le pase la factura en las próximas elecciones.

Realmente es una maniobra burda y que evidencia una burla hacia todos los costarricenses. Si la ley viene mala, mejor derogarla. Pero dejarla en vigencia disimulada, patear la bolita hacia adelante y posponer todo para después de las elecciones demuestra mala intención.

Dice el pueblo que “la jarana sale a la cara”. Ojalá sea ahora que se cobre la jarana a todos quienes han sido obsecuentes con una mala legislación. Ojalá que todo el pueblo se percate de la burla que implica posponer la vigencia para después de las elecciones.

A mí me queda claro que muchos aprobaron el proyecto sin leer, sin cumplir adecuadamente con sus obligaciones, atarantados por Ministra y otras presiones, sin reparar en los graves errores de forma y concepto que traía este proyecto.

Pero aún me queda más claro que, en lugar de rectificar, han procedido de manera maliciosa a esconder sus tortas, a disimular sus yerros y a barnizar la situación para que no haya represalia electoral. Por mi parte, no me quedaré callado y buscaré evidenciar este mal proceder.

SACAR A DIOS … ¿SERÁ LA SOLUCIÓN?

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Soy liberal y lo digo claramente. También tengo muy claro que no es a punta de leyes que la gente llegará al cielo o que se salvarán las almas.

Tengo más claro aún que no es atacando a Dios y a la Iglesia que se construirá una buena sociedad. Ningún occidental puede negar la labor de la Iglesia en la lucha por la libertad y la dignidad humana. La civilización nuestra también es llamada Cultura Occidental Cristiana.

Nuestra historia patria está ligada a la Iglesia (principios, educación, tradiciones). La relación es más profunda de lo que aparenta: el obispo de la provincia eclesiástica de San Jorge dio el primer fondo para establecer la Casa de Enseñanza de Santo Tomás y el Hospital San Juan de Dios, las garantías sociales se inspiraron en la doctrina social de la Iglesia, de ellas deriva el concepto de familia que el Estado ha de promocionar, de ellas se deduce el tipo de relación laboral que el Estado favorece y en el prefacio de la Constitución hay una referencia básica a Dios que tiene múltiples consecuencias (de milagro no han pensado en eliminarla).

El constituyente intentó conciliar tal tradición histórica con la libertad de cultos y ello originó el artículo 75 de la Constitución.

Nuestro Ordenamiento Jurídico no persigue a nadie por su religión, no irrespeta derechos humanos por tal motivo y no promueve discriminación al respecto.

Es cierto que los aportes presupuestarios que el Estado hace a la Iglesia Católica son discutibles y de hecho critico algunos de ellos. Pero también es innegable el aporte de la Iglesia a la sociedad (desde las religiosas que han atendido los enfermos, hasta los sacerdotes que registran actos del Registro Civil).

Me pregunto yo ¿con la reforma para sacar a Dios de la Constitución, se arreglan nuestros problemas? Y quiero insistir más en eso. ¿Es que la mención de Dios en el juramento constitucional hace que la gente diga mentira y que quitando tal mención empezarán a decir la verdad?

Menuda contribución ha hecho la facultad de teología de la Universidad pública. ¿Es para eso que le asignamos tanto presupuesto? O sea, ¿la gran contribución de la Facultad de Ciencias Ecuménicas de la Religión es sacar a Dios de la Constitución?

No puedo creer que la reforma para sacar a Dios tenga algún motivo de prioridad en la labor legislativa. Ha de ser una ocurrencia (¿como las condonaciones?).

¿Sacando a Dios favorecemos el crecimiento de la economía, la justicia, el fomento de las exportaciones, la limitación de la delincuencia y la eficiencia pública?
Hay diputados que no fomentan la ley de libertad de expresión, pero si quieren dejarnos sin Dios.

CONDONACIÓN

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

De conformidad con la teoría de las obligaciones, la condonación es una forma de extinguir la obligación. Simplemente significa que el acreedor perdona la deuda (por eso también se usan las expresiones “perdón” o “remisión”.

Algunas veces se acostumbra aprobar autorizaciones legislativas para condonación de intereses sobre deudas con las Municipalidades. Las propias Municipalidades lo piden con el fin de que los morosos tengan un incentivo para acercarse a pagar y para no tener que lidiar con adeudos viejos. Es considerado de conveniencia para el ente municipal. Generalmente, luego de una condonación de este tipo, se da un aumento de los ingresos municipales.

Sin embargo, hay costumbre de aprobar otro tipo de condonaciones. La pretensión es que algunas personas no tengan que pagar los dineros y ayudas que han recibido. Paralelamente, también se trata de que puedan volver a recibir ayuda similar o se conviertan en sujetos de crédito.

Por supuesto que siempre hay un grupo de diputados dispuestos a aprobar todas las condonaciones. Muchas veces sin mayor examen, sobre todo si estamos a las puertas de una campaña electoral.

No digo que no deba haber condonaciones. Me parece que muchas personas, a través de la historia, han disfrutado de este instituto. El Derecho, no obstante, pone en tela de duda (prácticamente prohibición), la condonación que hace un acreedor quien, a su vez, es deudor de otras personas. Ello por cuanto no está disponiendo graciosamente de su patrimonio sino que está disponiendo de los derechos de terceros. O sea, está haciendo caridad con dinero ajeno.

¿Será igual en el caso de las condonaciones legislativas? O sea ¿hacer caridad con dinero ajeno? No puedo creer que la paz social dependa de estar regale y regale el dinero que no sobra a otros costarricenses. No creo que los valores sociales se fomenten de esta manera. No puedo estar tranquilo mientras la Asamblea tramita, con tanta irresponsabilidad, proyectos de condonaciones en los cuales aparecen deudas de centenas de millones y se hacen los que no sabían nada. Tampoco creo que ello haya sido por “caridad” o gratuitamente. ¡No me chupo el dedo!

En los casos grandes y pequeños de este asunto no puedo creer. Llaman pequeño agricultor a aquel cuyos ingresos anuales sean menos de veinticinco mil dólares. Dicho de otro modo, que puedan ser mayores al millón de colones mensual y por ello califiquen para no pagar sus deudas. ¿Cuántos salarios costarricenses están por debajo de eso y la gente tiene que pagar sus deudas?

Si se tratara únicamente de no llevar al cobro judicial o dar un moratoria, pero no es así. En el fondo se trata de volver a darles dinero. ¿Cuántas veces?