ACCIÓN ADMINISTRATIVA (OBLIGACIONES DEL PODER EJECUTIVO)

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

A propósito de la gran preocupación que tienen los ciudadanos costarricenses por el tema de la seguridad, han surgido discusiones respecto de los ámbitos de acción o competencias del Poder Ejecutivo al respecto.

No hay duda alguna de que el problema es complejo y en su gran solución habrían de participar todos los poderes y los entes públicos.

No obstante, de nada sirve que el legislador establezca penas y las fije el juez, si la administración de los centros penales termina inventando “años carcelarios” (menores que el año escolar, por supuesto) y otras ventajas que ni siquieran pasan por el Juez Ejecutor de la Pena.

Sería absurdo que el legislador empezara a subir irracionalmente la penas para compensar una mala administración.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo dispone de la designación de buena parte de las Juntas Directivas de las instituciones autónomas (además de las presidencias ejecutivas) y tal competencia da un poder y gran responsabilidad innegables en el tema de la seguridad pública (los seguros y la investigación del robo de vehículos, los oficios como solución a problemas económicos, la ayuda social y su condicionamiento para fomentar buenas conductas, por ejemplo nada más).

Es innegable que la prevención del delito es responsabilidad de la policía administrativa (a cargo del Poder Ejecutivo). Aunque suene feo, la policía judicial es represiva (debe actuar para investigar luego de la comisión del delito) y su función no es la prevención.

De tal modo que la vigilancia, la investigación y demás acciones encaminadas a que no se presenten actos delictivos es responsabilidad, competencia y obligación del Poder Ejecutivo.

Es cierto que alguna represión del delito ya cometido puede redundar en la prevención de delitos futuros (al capturar a bandas o desmantelar organizaciones criminales), pero también es cierto que el Poder Ejecutivo tiene una obligación de coordinación de toda la administración pública.

El caso de la DIS, para citar otro ejemplo, es de antología. ¿Cómo es que la información que allí tenían más bien servía para hacer daño en lugar de usarse correctamente? Tengo el presentimiento (más bien idea fundada) de que es una especie de policía política que hace investigaciones inconfesables. Aquí hay un caso para enrumbar el gasto hacia el bien común.

Por supuesto que los presupuestos públicos y su correcta asignación, en relación con los más graves problemas sociales, también son una responsabilidad principalmente del Poder Ejecutivo. No se trata de sacarle más dinero a la sociedad, se trata de gastarlo bien y en los principales cometidos públicos.

La seguridad, entonces, es uno de los principales motivos por los que se acepta la existencia de un Estado y un gobierno. Por tal razón el Poder Ejecutivo debería entender su responsabilidad al respecto.