HAY ESPERANZA …

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

El Tribunal Ambiental se decidió a actuar en relación con el innegable daño ambiental causado por la construcción de la carretera a Caldera.

Es de esperar que SETENA, que tiene la información completa y una valoración de buena parte de los daños, también actúe en armonía con el Tribunal.

Lo que sí está quedando feo y mal es el hecho de que las altas autoridades del MOPT, la gerencia del proyecto y el CNC se han estado haciendo los “contemplosos” en el asunto. Más bien, paradójicamente, le están cobrando los platos rotos a la Supervisora del proyecto.

Típico de cierta burocracia: reaccionar contra quien evidencia el daño y no contra quien lo hace. Parece que una de las motivaciones que impulsa la suspensión de la Supervisora del proyecto es que la información pública haya trascendido y que no se haya constituido en cómplice del daño ambiental…

Este asunto no debe dejarse dormido, “secreteado” ni escondido. Un viejo decir expresa que “en Costa Rica no hay escándalo que dure tres días …”. Quiera Dios que en la investigación de la mala administración de cuestiones ambientales en esta carretera no se enfríe el tema, no aparezca el “pobrecito”, no nos dejemos extorsionar con el viciado argumento de que “es la única manera de hacer algo en Costa Rica”.

Dichosamente, no solo la Supervisora ha tenido las “gallas” suficientes sino que algunos medios de comunicación han empezado a indagar sostenidamente y a llamar la atención sobre la tragedia ambiental. Es de esperar que no aflojen y que más bien soquen más.

Quizás habrá que poner más presión con acciones constitucionales y denuncias penales, pues la magnitud del perjuicio así lo requiere.

La cantidad de tierra desplazada (irrespetando el diseño), el inmenso daño al acuífero Barva, la cantidad de escombros y material vertido a las cuencas, la mala disposición de la madera cortada, la prepotencia con que se actúa, el desgano con que se atienden las quejas y la idea de que los extranjeros tienen un fuero especial debería mover muchas voluntades para defender derechos y asuntos importantes.

Peor aún, la obsecuencia de algunas autoridades administrativas (CNC, Gerencia del Proyecto, MOPT) con un contratista que abusa de esta manera, debería provocar una reacción más categórica de parte de quienes tienen la obligación de proteger el ambiente, sancionar los desafueros y promover la reparación correspondiente.

Y, aún más grave, hay que rechazar la extorsión que se halla tras la idea de que solo violentando el marco jurídico se puede hacer algo.

Pero ya el Tribunal Ambiental se movió un poco … ¡hay esperanza!