REPRODUCCIÓN DEL PERIÓDICO LA NACIÓN

Ticos están desprotegidos ante
manejo de sus datos en Internet *
Diversos sitios en la Web, públicos y privados, ofrecen datos personales
Congreso lleva una década discutiendo proyecto de ley para darles protección

Pablo Fonseca Q. pfonseca@nacion.com
Publicado: 2009/09/28

Los costarricenses se encuentran desprotegidos ante el uso que de su información personal se realiza en muchas páginas de Internet, públicas y privadas.

El país carece de una legislación que garantice la integridad de los datos, o bien que se hayan obtenido y se estén ofreciendo de manera legítima.

La Sala IV ha emitido resoluciones vinculadas con el manejo de la información personal en algunos sitios de Internet privados, pero distintos expertos consideran que las opiniones de este órgano judicial zigzaguen: cambian los criterios de una resolución a otra y no dejando claro qué se puede o no se puede hacer con los datos personales de los ticos en la red de redes.
Para profundizar sobre este asunto, el miércoles anterior, el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un foro titulado Privacidad en la Red.

A él asistieron, entre otros, Marvin Carvajal, director de la Escuela Judicial, y Federico Malavassi, abogado consultor en temas constitucionales de la compañía Datum.
Datum es la más conocida –pero no la única– empresa que ofrece información personal de los costarricenses por medio de Internet. No cualquiera tiene acceso a esa información: se debe estar suscrito y pagar una cuota.

Malavassi asegura que la información mostrada (desde nombre y cédula hasta participación en juntas directivas de sociedades anónimas y estado de préstamos) es pública y, además, obtenida de manera legal.

Actualmente, la página del Tribunal Supremo de Elecciones da información del nombre completo, cédula, estado civil e hijos registrados de una persona.

En Páginas Blancas se obtienen los números telefónicos que no están catalogados como privados.

La página de la Caja Costarricense del Seguro Social muestra quiénes son los patronos morosos.

El Registro Nacional indica todas las propiedades de una persona o sociedad anónima.

En el caso específico del Tribunal se presentan errores en la información de algunas personas, pero en ninguna parte se indica que el servicio es inexacto.

Según Malavassi, si una persona visitara las entidades públicas adecuadas, al final obtendría la misma información que Datum ofrece de manera centralizada y por medio de Internet.

Precisamente este abogado fue el más crítico con las resoluciones sobre privacidad de la Sala IV, que han obligado a Datum a modificar o eliminar la información de algunas personas en varias ocasiones.

“Lo que la Sala IV hace es como tallar una pieza de precisión en madera, pero a hachazos. Existen casos en los cuales ha dicho que sí se pueden mostrar fotografías de las personas en nuestro sistema, y en otros casos ha dicho que no”, comentó el abogado.

Con un tono menos confrontativo, el director de la Escuela Judicial también expresó sus dudas.
“Si existen resoluciones especializadas de la Sala IV sobre este asunto, no encontré ninguna”, explicó Carvajal en su presentación. La última de las resoluciones de la Sala IV sobre este tema se conoció hace exactamente una semana.

En ella, los jueces obligan a dos empresas de bases de datos (en cuenta a Datum) a eliminar la dirección exacta del domicilio de dos personas de sus registros.

En trámite. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se tramita el proyecto titulado Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Tras casi una década en el Congreso, se encuentra en el octavo lugar de la Comisión Plena tercera y podría ser votado en el mediano plazo.

Entre otros puntos, la nueva ley obligará a registrar todo banco de datos –público y privado– y a garantizar su seguridad.

Además, la cesión de esos datos a terceros solo se podrá realizar con consentimiento del interesado. La excepción a esta norma será que la información se obtenga de fuentes “de acceso público irrestricto” y se trate de listas que se limiten al nombre, la cédula y la fecha de nacimiento.

Tanto Malavassi como Carvajal criticaron que esta propuesta de ley crearía una Agencia para la Protección de Datos Personales, cuyo responsable sería la Defensoría de los Habitantes.

“La Defensoría es un órgano contralor y no puede ser parte de la administración activa”, dijo Malavassi.

“Lo que tenemos que buscar es que la información se obtenga legítimamente y se use legítimamente, no discutir qué es público y qué es privado”, dijo Carvajal.

Daniel Soley, Defensor Adjunto y quien participó en el foro como moderador, expresó también su rechazo a la propuesta y señaló que la nueva legislación no dará más presupuesto a la Defensoría para cumplir con las nuevas responsabilidades asignadas.

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