¡QUÉ DESPROPÓSITO!

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

La Asamblea Legislativa es un órgano del gobierno. Para ser más exactos, es uno de los tres poderes de la antiquísima concepción tripartita del poder. Nuestra Constitución (artículo 9) ahora incorpora al pueblo como un poder y se ha quebrado el tradicional concepto de los tres poderes (ahora el gobierno lo ejercer los tres poderes y el pueblo: referéndum e iniciativa de ley, como actos principales).

La función legislativa o parlamentaria se concentra en el control político, nombramientos, discusión y aprobación de la legislación y otras importantes cuestiones principalmente indicadas en el artículo 121 de la Constitución.

Es elemental distinguir entre los actos de gobierno (propios de la función) y los eventuales actos administrativos que pueda realizar la Asamblea (como parte de la Administración pública cuando contrata y realiza algunas otras tareas).

Definitivamente, tanto la elección de Contralor General de la República como su eventual remoción son actos de gobierno o actos políticos, nunca función administrativa.

Por eso no puedo entender cómo un juez del nuevo proceso contencioso-administrativo se enreda con el artículo 31 del código procesal respectivo y aplica una normativa propia de actos administrativos y agotamiento de la vía administrativa a un asunto de remoción de Contralor. En tal enredo, ha emplazado a la Asamblea para revocar un acto de gobierno o político que no tiene tal recurso. Y … lo que mal empieza …

Muchos menos podré entender la reacción de la Asamblea, prestándose a tal disparate y, mediante improcedente moción de orden, tramitar una complaciente y prohibida resolución al efecto.

Y aún menos entenderé a algunos diputados libertarios que se prestaron a tal absurdo: ¿no leyeron siquiera el informe de la comisión especial investigadora (expediente 15627) que preparó su propio compañero de partido? ¿No recuerdan que hubo proceso de investigación?

Protesto enérgicamente por lo que se ha hecho. Me espanta lo que hizo el juez, me asusta lo que resolvió la asamblea, me indigna lo que han hecho algunos libertarios. El PLN promovió este disparate: no sé si por favorecer a su asesor legislativo o por complicar al PAC. Ya vemos en qué cosas están. No contentos con el enredo provocado con las reformas a la Ley de Tránsito, han torcido brazos para lograr algo inaudito en la historia constitucional. ¿Quieren ganar un juicio en la vía legislativa? ¡Solo les faltó hacer cálculo de la indemnización!

¡Que Dios nos coja confesados!