Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi
Notables columnistas y comentaristas públicas confunden las cosas todos los días. Olvidan cómo está organizado el gobierno costarricense e insisten en poner la carreta delante de los bueyes.
Por eso no es de extrañar que en sus conspicuas columnas y editoriales se confunda el gobierno con el Poder Ejecutivo. Por eso no debe escandalizarse uno de que constantemente estén instando a los diputados a seguir los derroteros que marca “el capitán”. Ignoran, olvidan o borran la norma constitucional, la teoría política y el sentido común que preceptúan la división de poderes.
Muchos lo hacen lo impaciencia, esa gran enemiga de la calidad y la corrección. Otros porque no se han tomado el tiempo para estudiar y saber lo que significan las normas constitucionales y la experiencia mundial en el asunto. Pero también hay un montón que son cortesanos y para ellos lo más parecido a palacio es la casa presidencial.
Por tal motivo, tampoco debe sorprendernos el hecho de que dirijan sus críticas contra los diputados, cuestionen sus ingresos (menores que los de los ministros y magistrados), se incomoden con que hablen mucho (no entienden que ese es, precisamente, su trabajo) y estén constantemente trapeándolos e instándolos a obedecer los designios del Poder Ejecutivo.
La verdad es que debe ser al contrario. Me gusta plantear el símil de la Junta Directiva y el Gerente de una empresa. Guardando las diferencias de la situación, la comparación es válida. La Junta Directiva establece directrices, normas generales y políticas de la empresa, en tanto el Gerente la administra. El Gerente puede pedir que le cambien algunas políticas e incluso proponer estrategias y acciones nuevas, pero la Junta Directiva dispone y el Gerente debe cumplir.
Así es el tema con las leyes y las políticas generales. El Presidente (que no es el Gobierno sino parte de él) debe cumplir las leyes. La Asamblea es soberana en su construcción.
Además, y esto es esencial, la Asamblea está obligada a realizar el control político de la función pública: pedir datos, exigir cuentas, requerir explicaciones y llegar a entender qué está pasando. A muchos no les gusta el control político, pero esto es de lo más importante que hace la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el control político legislativo no puede confundirse con la función jurisdiccional: no puede emitir condenas penales. Su función es destapar, exhibir, criticar, cuestionar, ejemplificar y buscar soluciones.
Algunos no están de acuerdo con ello. Quizás les molesta la dificultad para llegar a efectos concretos. Tal vez les disgusta que la crítica se da en el entorno del debate político (otros diputados atacan a los que destapan y denuncian y algunos bloquean las investigaciones).
Pero sería peor sin el debate legislativo, sin el destape que hacen los diputados, sin la posibilidad de que alguien hable por lo que los demás callan.
Por eso no es de extrañar que en sus conspicuas columnas y editoriales se confunda el gobierno con el Poder Ejecutivo. Por eso no debe escandalizarse uno de que constantemente estén instando a los diputados a seguir los derroteros que marca “el capitán”. Ignoran, olvidan o borran la norma constitucional, la teoría política y el sentido común que preceptúan la división de poderes.
Muchos lo hacen lo impaciencia, esa gran enemiga de la calidad y la corrección. Otros porque no se han tomado el tiempo para estudiar y saber lo que significan las normas constitucionales y la experiencia mundial en el asunto. Pero también hay un montón que son cortesanos y para ellos lo más parecido a palacio es la casa presidencial.
Por tal motivo, tampoco debe sorprendernos el hecho de que dirijan sus críticas contra los diputados, cuestionen sus ingresos (menores que los de los ministros y magistrados), se incomoden con que hablen mucho (no entienden que ese es, precisamente, su trabajo) y estén constantemente trapeándolos e instándolos a obedecer los designios del Poder Ejecutivo.
La verdad es que debe ser al contrario. Me gusta plantear el símil de la Junta Directiva y el Gerente de una empresa. Guardando las diferencias de la situación, la comparación es válida. La Junta Directiva establece directrices, normas generales y políticas de la empresa, en tanto el Gerente la administra. El Gerente puede pedir que le cambien algunas políticas e incluso proponer estrategias y acciones nuevas, pero la Junta Directiva dispone y el Gerente debe cumplir.
Así es el tema con las leyes y las políticas generales. El Presidente (que no es el Gobierno sino parte de él) debe cumplir las leyes. La Asamblea es soberana en su construcción.
Además, y esto es esencial, la Asamblea está obligada a realizar el control político de la función pública: pedir datos, exigir cuentas, requerir explicaciones y llegar a entender qué está pasando. A muchos no les gusta el control político, pero esto es de lo más importante que hace la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el control político legislativo no puede confundirse con la función jurisdiccional: no puede emitir condenas penales. Su función es destapar, exhibir, criticar, cuestionar, ejemplificar y buscar soluciones.
Algunos no están de acuerdo con ello. Quizás les molesta la dificultad para llegar a efectos concretos. Tal vez les disgusta que la crítica se da en el entorno del debate político (otros diputados atacan a los que destapan y denuncian y algunos bloquean las investigaciones).
Pero sería peor sin el debate legislativo, sin el destape que hacen los diputados, sin la posibilidad de que alguien hable por lo que los demás callan.
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