TRAGEDIA AMBIENTAL

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Si nos dijeran que se están haciendo grandes construcciones sin viabilidad ambiental (no sabemos por lo tanto si se ha hecho el estudio de impacto ambiental) y si, además, nos dijeran que estas construcciones implican grandes movimientos de tierra y afectan a miles de personas (polvo, barro y otras cosas), todos estaríamos de acuerdo en que se tomen medidas ejemplarizantes.

Si nos dijeran que en una construcción han tomado el pelo hasta al Presidente de la República, embarcándolo a inaugurar unas casetas cuyos servicios sanitarios vierten directamente las aguas crudas a la cuenca de un río, en lugar de tratarlas o disponer de ellas en un tanque séptico, todos clamaríamos por sanciones y cierre del negocio.

Si nos informaran que una compañía constructora no ha dispuesto conforme a la legislación de los árboles que ha tenido que cortar, que la madera respectiva no ha llegado a su destino fijado por ley, todos insistiríamos en una sanción y otras medidas cautelares.

Si nos llegara la noticia de que una compañía constructora no ha dispuesto de los escombros ni de la tierra adecuadamente, sino que los ha tirado donde le ha quedado más cómodo, en las cuencas de los ríos y a través de la obra y no en los lugares comprometidos, todos estaríamos remachando en la necesidad de detener la obra, hacer una investigación y aplicar fuertes sanciones.

Si nos contaran que una compañía constructora ha hecho más movimientos de tierra que los previstos en planos, que ha bajado las rasantes correspondientes y que ha hecho graves daños a los mantos acuíferos, todos gritaríamos que detengan la obra, que se indague qué ha pasado, que se inicien las acciones correspondientes y que las autoridades respectivas actúen oficiosamente.

Si nos percatáramos de que la garantía ambiental de una gran obra no corresponde con el valor de la obra, todos pediríamos revisión de la garantía y la actualización del caso.

Sin embargo, pareciera que bajo el pretexto de que se trata de una obra pública muy necesaria y cuya construcción lleva más de 30 años de atraso, algunas autoridades y funcionarios no reaccionan adecuadamente. Digo “algunas” porque sí constan inspecciones, “no conformidades” y denuncias pero … (desdichadamente) a quienes corresponde la decisión final no la toman.

Sé (porque consta en documentos) que un estudio preliminar del daño ambiental habla de casi 40 millones de dólares. Sé (porque un diputado pidió la información) que para las obras en Sabana Sur y Hatillo-Escazú no existe la viabilidad ambiental. Sé que para la carretera a Caldera se han presentado múltiples anomalías y muy serios daños ambientales. Sé (porque vi la fotografía) que por allí andaba quien gerencia el proyecto mientras una vagoneta tiraba material donde no debía.

¿Qué más hay que decir?