POR EJEMPLO...

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Tengo claro que el Recurso de Amparo presentado contra la construcción del nuevo estadio nacional se perdió. No tengo claridad sobre las razones, pero la noticia es conocida. ¡Para quien tenga dudas!

Me ha preocupado la virulenta e irracional reacción provocada contra los promotores del recurso. Aún más, la presión que se ha querido hacer (y se hizo, por supuesto, que no me chupo el dedo), contra la Sala Constitucional.

En el tema de los derechos fundamentales, hay que entenderlo, no se trata (como en las elecciones) de gustos, preferencias y mayorías.

Por eso, no importaba ni importa si un 99.99% de los costarricenses quería construir el estadio en La Sabana. El tema es si jurídicamente procedía o no. No importa la voluntad del Presidente, la voluntad de quienes botaron el estadio, el deseo de muchos periodistas o el gran porcentaje de costarricenses que así lo quería.

Igualmente, me parece innoble el trato que (Presidente y demás ad láteres, igual que un gran grupo de interesados) se ha dado a los promotores del recurso. ¡Que retratada se han dado algunos!

La pura verdad, no importaba si había riesgo de perder la donación china (punto no probado por nadie), tampoco importaba si un grupo grande de diputados estaban de acuerdo con la construcción (por algo la Sala encuentra inconstitucionales algunas de sus decisiones), tampoco importaba si ya lo habían botado (responsabilidad de quienes lo hicieron), tampoco importaba si el área de construcción iba a ser menor (asunto no demostrado y muy manipulado), tampoco importaba si los deportistas del país lo querían edificar en la locación discutida. Opiniones respetables en su mayoría, pero el tema va por otra parte. ¿Procedía jurídicamente construir en La Sabana el nuevo estadio? ¿Qué valor tienen los antecedentes (ya no jurisprudencia por no haber continuación) de la Sala Constitucional? Y … ¿cuál es la eficacia de la ley que protege La Sabana?

No juguemos con los conceptos. Nuestra legislación pide estudios de impacto ambiental, estudios de impacto vial, audiencias que no he visto en este caso y muchas cosas más. Estaría feo que cuando la administración pública es la que gestiona, entonces se sirva con otra cuchara, cambie la interpretación de las normas, confunda los conceptos jurídicos indeterminados con la discrecionalidad y no funcionen las reglas generales.

Me duele la ofensa que se ha hecho contra los ciudadanos que pretendieron restaurar el derecho. La manipulación de la opinión pública que se ha hecho es imperdonable, tiene un tufo estatólatra y populista imperdonable. Algunos de ellos no estaban con el “no” (pero así se les generalizó), otros se han destacado por notables aportes cívicos y todos tienen dignidad y derecho.

Si para ganar el asunto hubo que insultar, manipular, ofender e inventar, ¡estamos fritos!