LOS NUEVOS DIPUTADOS

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

El pasado Lunes (5 de abril) recibieron las credenciales los diputados que iniciarán su gestión el próximo primero de mayo. El TSE realizó la ceremonia, con la formalidad, alegría e importancia que tiene.

Cada vez es más importante que los diputados se impongan de su importancia y valor. En el momento en que juran su cargo (el próximo primero de mayo), dejan de ser representantes de partido y se convierten en representantes nacionales.

Asumen, en conjunto, la gestión de uno de los poderes del Gobierno costarricense. Deben comprender que constituyen el tradicionalmente llamado primer poder de la República (ya no lo son, porque por reforma constitucional se ha devuelto o reconocido tal posición al mismo pueblo) y no pueden ser sumisos del poder Ejecutivo.

Todos son gobierno (y no solo los del oficialismo). Colectivamente pueden mucho, en grupos también pueden e individualmente también tienen poder.

Sin lugar a dudas, su principal función es el control político. Y es menester entender a fondo tal tarea: hay que indagar, estudiar, analizar la marcha de la Administración pública, pedir cuentas, revisar los informes de gasto público, investigar el uso de recursos públicos (no solo los dineros), emplazar a los funcionarios públicos, denunciar y ser ojos, oídos, mente y corazón de los ciudadanos. Se supone que cada cual está tranquilo en lo suyo porque tiene un representante que hará lo propio para que marche bien la gestión pública.

También tienen, todos y cada uno, la función de ser representantes de intereses generales (diputados por la Nación) y la específica responsabilidad de hablar por quienes los han elegido. Esta tarea es esencial: no pueden quedarse callados, no deben votar sin explicar, no pueden decidir sin estudiar y siempre tienen que dar explicaciones.

¿Y la legislación …? Pues sí, también tienen el poder (que no el deber) de dictar leyes. Han de comprender que cada ley (salvo que sean derogatorias) impone obligaciones y limita la libertad. Las limitaciones a la libertad, a más de racionales, razonables y proporcionales, han de ser estrictamente necesarias.

Asimismo, hay una importante labor de nombramientos. Para los magistrados se requieren dos terceras partes, así que debería pesar esa mayoría calificada en la selección de los mejores y no solo los que convengan a la mayoría accidental (y no absoluta) del oficialismo.