Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi
La Prensa y la acuciosidad de algunos diputados ha revelado un trato confidencial (¿secreto?) entre el Directorio (supongo) de la Asamblea Legislativa y el BCIE (¡otra vez! ¿recuerdan el tema de las consultorías) para que este Banco se encargue de construir la nueve sede de la Asamblea e incluso compre lo que tenga que comprar (propiedades).
La actual sede de la Asamblea Legislativa es inapropiada. De esto no puede haber duda. La construcción era, originalmente, para Casa Presidencial. Cuando se estableció el Banco Central se decidió venderle la edificación del Congreso para que se estableciera allí. El Banco Central se fijó en el centro de San José, pero la Asamblea se fue a Cuesta de Moras.
Se han invertido miles de millones de colones en parches, arreglos, mantenimiento y crecimiento. Todo ello sin adecuada planificación y coleccionando edificaciones vecinas (antiguos colegios, antiguos supermercados, la Casa Rosada, el Castillo Azul y hasta un edificio de apartamentos que ha tenido que ser desocupado).
Ello ha significado una colección de oficinas en que nada va con nada. Asimismo, desigualdad a la hora de asignar recursos y gran dificultad para modernizar las instalaciones y promover el uso de nuevas tecnologías. Hay goteras, cañería defectuosa, problemas de contaminación, peligro de incendio e instalaciones que no cumplen los preceptos legales. Paradójicamente, el edificio de la Asamblea no pasaría un examen de la Ley No. 7600 de 29 de mayo de 1996 (relativa a la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad).
La democracia tiene un costo (la representación es indispensable, la deliberación y la discusión son esenciales) y es menester sufragarlo. El examen de las cosas públicas y el control políticos, principales en una República, requieren fondos. Se sabe (salvo para quienes no entienden la división de poderes) que el Poder Legislativo es el primero (luego del propio pueblo) y que debe tener una casa digna, apropiada y útil.
Sin embargo, la construcción de la casa del congreso, de la sede del parlamento, de la edificación de la Asamblea Legislativa, debería tener un procedimiento democrático ejemplar, constituirse en un caso de contratación administrativa transparente y eficiente y ser modelo de una buena manera de hacer las cosas. En tan importante proyecto deberían tener participación todas las voces (incluso las que objetan el gasto) y habría de cuidarse de que sea una muestra de trabajo en equipo.
La Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, que no se convierta en un auxiliar del Directorio para una paradoja de contratación.
El edificio del primer poder de la República debería encarnar, desde su gestión valores y principios democráticos, republicanos y ciudadanos. No debe ser jamás un caso de secretismo ni caso de escándalo.
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi
La Prensa y la acuciosidad de algunos diputados ha revelado un trato confidencial (¿secreto?) entre el Directorio (supongo) de la Asamblea Legislativa y el BCIE (¡otra vez! ¿recuerdan el tema de las consultorías) para que este Banco se encargue de construir la nueve sede de la Asamblea e incluso compre lo que tenga que comprar (propiedades).La actual sede de la Asamblea Legislativa es inapropiada. De esto no puede haber duda. La construcción era, originalmente, para Casa Presidencial. Cuando se estableció el Banco Central se decidió venderle la edificación del Congreso para que se estableciera allí. El Banco Central se fijó en el centro de San José, pero la Asamblea se fue a Cuesta de Moras.
Se han invertido miles de millones de colones en parches, arreglos, mantenimiento y crecimiento. Todo ello sin adecuada planificación y coleccionando edificaciones vecinas (antiguos colegios, antiguos supermercados, la Casa Rosada, el Castillo Azul y hasta un edificio de apartamentos que ha tenido que ser desocupado).
Ello ha significado una colección de oficinas en que nada va con nada. Asimismo, desigualdad a la hora de asignar recursos y gran dificultad para modernizar las instalaciones y promover el uso de nuevas tecnologías. Hay goteras, cañería defectuosa, problemas de contaminación, peligro de incendio e instalaciones que no cumplen los preceptos legales. Paradójicamente, el edificio de la Asamblea no pasaría un examen de la Ley No. 7600 de 29 de mayo de 1996 (relativa a la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad).
La democracia tiene un costo (la representación es indispensable, la deliberación y la discusión son esenciales) y es menester sufragarlo. El examen de las cosas públicas y el control políticos, principales en una República, requieren fondos. Se sabe (salvo para quienes no entienden la división de poderes) que el Poder Legislativo es el primero (luego del propio pueblo) y que debe tener una casa digna, apropiada y útil.
Sin embargo, la construcción de la casa del congreso, de la sede del parlamento, de la edificación de la Asamblea Legislativa, debería tener un procedimiento democrático ejemplar, constituirse en un caso de contratación administrativa transparente y eficiente y ser modelo de una buena manera de hacer las cosas. En tan importante proyecto deberían tener participación todas las voces (incluso las que objetan el gasto) y habría de cuidarse de que sea una muestra de trabajo en equipo.
La Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, que no se convierta en un auxiliar del Directorio para una paradoja de contratación.
El edificio del primer poder de la República debería encarnar, desde su gestión valores y principios democráticos, republicanos y ciudadanos. No debe ser jamás un caso de secretismo ni caso de escándalo.
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