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miércoles, 7 de abril de 2010

LOS NUEVOS DIPUTADOS

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

El pasado Lunes (5 de abril) recibieron las credenciales los diputados que iniciarán su gestión el próximo primero de mayo. El TSE realizó la ceremonia, con la formalidad, alegría e importancia que tiene.

Cada vez es más importante que los diputados se impongan de su importancia y valor. En el momento en que juran su cargo (el próximo primero de mayo), dejan de ser representantes de partido y se convierten en representantes nacionales.

Asumen, en conjunto, la gestión de uno de los poderes del Gobierno costarricense. Deben comprender que constituyen el tradicionalmente llamado primer poder de la República (ya no lo son, porque por reforma constitucional se ha devuelto o reconocido tal posición al mismo pueblo) y no pueden ser sumisos del poder Ejecutivo.

Todos son gobierno (y no solo los del oficialismo). Colectivamente pueden mucho, en grupos también pueden e individualmente también tienen poder.

Sin lugar a dudas, su principal función es el control político. Y es menester entender a fondo tal tarea: hay que indagar, estudiar, analizar la marcha de la Administración pública, pedir cuentas, revisar los informes de gasto público, investigar el uso de recursos públicos (no solo los dineros), emplazar a los funcionarios públicos, denunciar y ser ojos, oídos, mente y corazón de los ciudadanos. Se supone que cada cual está tranquilo en lo suyo porque tiene un representante que hará lo propio para que marche bien la gestión pública.

También tienen, todos y cada uno, la función de ser representantes de intereses generales (diputados por la Nación) y la específica responsabilidad de hablar por quienes los han elegido. Esta tarea es esencial: no pueden quedarse callados, no deben votar sin explicar, no pueden decidir sin estudiar y siempre tienen que dar explicaciones.

¿Y la legislación …? Pues sí, también tienen el poder (que no el deber) de dictar leyes. Han de comprender que cada ley (salvo que sean derogatorias) impone obligaciones y limita la libertad. Las limitaciones a la libertad, a más de racionales, razonables y proporcionales, han de ser estrictamente necesarias.

Asimismo, hay una importante labor de nombramientos. Para los magistrados se requieren dos terceras partes, así que debería pesar esa mayoría calificada en la selección de los mejores y no solo los que convengan a la mayoría accidental (y no absoluta) del oficialismo.

miércoles, 16 de diciembre de 2009

COMISIÓN ATRAVESADA

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

¡Sí! La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa está ejerciendo una intermediación prohibida. Está atravesada entre la propia Asamblea Legislativa y sus competencias.

De conformidad con la Constitución Política (artículo 121, incisos 3 y 12, artículos 158 y 164) y algunas otras leyes (Ley de la Defensoría de los Habitantes, Ley del Banco Central) corresponde a la Asamblea Legislativa realizar algunos nombramientos y ratificar otros: magistrados de la Corte Suprema de Justicia (ahora todos por mayoría calificada), Contralor y Subcontralor General de la República, Defensor de los Habitantes y Defensor Adjunto.

Está previsto en el Reglamento de la Asamblea Legislativa (artículo 85.f) la existencia de la Comisión de Nombramientos, la cual “Estará encargada de analizar, para rendir un informe, los nombramientos que el Plenario le remita, así como la solicitud de ratificación de los nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo, cuando corresponda.”

No obstante, la dichosa comisión ha venido empoderándose de tal modo que, en lugar de informar, más bien recomienda (y, por supuesto, censura, veda o bloquea) los nombramientos. El plenario se ha dejado amarrar y queda secuestrado en “metodologías” (sic) y otras artimañas para impedirle conocer plenamente de los nombramientos.

Entonces se analizan títulos y calificaciones y otras cosas y se deja de lado la cuestión principal, la responsabilidad del Plenario legislativo (el órgano legislativo por antonomasia) para hacer las designaciones correspondientes, para tomar las decisiones del caso.

Lo ha venido haciendo bajo decisiones amarradas, calificaciones impropias, trampas de credencialismo, titulitis y muchas veces apartada de la naturaleza de la designación.

Tales calificaciones (o descalificaciones) toman la forma de propuesta, terna y candidaturas y olvidan la cuestión básica del informe sobre aspirantes. Hay que recordar que no se trata de un dictamen (como el que harían otras comisiones) ni de una delegación (como habría de ser con las Comisiones Plenas). Si el Plenario sigue declinando, cediendo, dejándose y evadiendo su responsabilidad, pronto imperarán los vetos de la atravesada Comisión y la irresponsabilidad con los deberes constitucionales será inaceptable.

Es el Plenario (máximo órgano legislativo) quien debe elegir, designar y ratificar. No debe aceptar calificaciones sino informes (no descalificaciones) ni ternas de amigos ni otro tipo de juego con trampas.

miércoles, 20 de mayo de 2009

LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

La Prensa y la acuciosidad de algunos diputados ha revelado un trato confidencial (¿secreto?) entre el Directorio (supongo) de la Asamblea Legislativa y el BCIE (¡otra vez! ¿recuerdan el tema de las consultorías) para que este Banco se encargue de construir la nueve sede de la Asamblea e incluso compre lo que tenga que comprar (propiedades).

La actual sede de la Asamblea Legislativa es inapropiada. De esto no puede haber duda. La construcción era, originalmente, para Casa Presidencial. Cuando se estableció el Banco Central se decidió venderle la edificación del Congreso para que se estableciera allí. El Banco Central se fijó en el centro de San José, pero la Asamblea se fue a Cuesta de Moras.

Se han invertido miles de millones de colones en parches, arreglos, mantenimiento y crecimiento. Todo ello sin adecuada planificación y coleccionando edificaciones vecinas (antiguos colegios, antiguos supermercados, la Casa Rosada, el Castillo Azul y hasta un edificio de apartamentos que ha tenido que ser desocupado).

Ello ha significado una colección de oficinas en que nada va con nada. Asimismo, desigualdad a la hora de asignar recursos y gran dificultad para modernizar las instalaciones y promover el uso de nuevas tecnologías. Hay goteras, cañería defectuosa, problemas de contaminación, peligro de incendio e instalaciones que no cumplen los preceptos legales. Paradójicamente, el edificio de la Asamblea no pasaría un examen de la Ley No. 7600 de 29 de mayo de 1996 (relativa a la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad).

La democracia tiene un costo (la representación es indispensable, la deliberación y la discusión son esenciales) y es menester sufragarlo. El examen de las cosas públicas y el control políticos, principales en una República, requieren fondos. Se sabe (salvo para quienes no entienden la división de poderes) que el Poder Legislativo es el primero (luego del propio pueblo) y que debe tener una casa digna, apropiada y útil.

Sin embargo, la construcción de la casa del congreso, de la sede del parlamento, de la edificación de la Asamblea Legislativa, debería tener un procedimiento democrático ejemplar, constituirse en un caso de contratación administrativa transparente y eficiente y ser modelo de una buena manera de hacer las cosas. En tan importante proyecto deberían tener participación todas las voces (incluso las que objetan el gasto) y habría de cuidarse de que sea una muestra de trabajo en equipo.

La Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, que no se convierta en un auxiliar del Directorio para una paradoja de contratación.

El edificio del primer poder de la República debería encarnar, desde su gestión valores y principios democráticos, republicanos y ciudadanos. No debe ser jamás un caso de secretismo ni caso de escándalo.

miércoles, 6 de mayo de 2009

EL DISCURSO DEL PRESIDENTE

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Seguí con atención los sucesos del primero de mayo pasado en la Asamblea Legislativa.

Debo reconocer que el discurso y mensaje del Presidente de la República, don Oscar Arias, estuvo bueno. Bueno porque resultó acorde con las previsiones constitucionales. Era un informe y mensaje a la Nación a través de sus representantes. Asimismo, redactado en las formas a que nos tiene acostumbrados el actual Presidente: una metáfora que va informando y proponiendo.

Además, constitucionalmente correcto porque fue hecho con respeto y con las formas adecuadas: corto, al grano y sus asesores no incurrieron en el mal gusto y violación constitucional en que incurrieron los de los anteriores.

Hay que recordar que durante el mensaje de los anteriores Presidentes, sus asesores tomaban la transmisión maestra originada en la Asamblea y la contaminaban al gusto de la Casa Presidencial. Con ello desnaturalizaban la actividad, hacían demagogia y proselitismo y convertían el mensaje en un documental. Un monumental abuso y una absoluta falta de respeto a la Asamblea Legislativa.

Hay que tomar cuenta de que se trata de un sometimiento republicano a la indagación pública y no un acto de promoción presidencial. Es una actividad constitucional que en otras partes del mundo constituye el informe del estado de la Nación. Por ende, el Parlamento se erige como el poder prevaleciente para analizar, indagar, sopesar y rendir cuentas.

Quizás no todos tengamos el mismo punto de vista, pero es menester reconocer que el Presidente Arias no abusó del tiempo para imponer el suyo, hizo gala de una figura retórica elegante y fue generoso con el público, además de –reitero—respetuoso del marco constitucional.

Me extrañó, eso sí, el exceso del Presidente de la Asamblea Legislativa. Su entrega total e incondicional al discurso presidencial no me pareció apropiada, no creo que sea oportuna y no me parece pertinente. Asimismo, no estimo que el mensaje presidencial requiera de muletas ni vientos que inflen sus velas.

Lo correcto es que se abra un debate legislativo, serio y amplio, y no que el Presidente de la Asamblea aproveche la ocasión para glosar lo que no necesita glosa.

¿Qué pasaría si el Presidente del Legislativo fuera de otro signo, enemigo o adversario político del Presidente de la República? ¿Verdad que sería inapropiado, grotesco e inoportuno que se rajara a llevarle la contra y a comentar con sorna su contenido? Pues bien, considero que si no es sabio contestarlo para apuntalar un lado, tampoco lo es para empujar en el otro sentido.

Queda dicho.

miércoles, 29 de abril de 2009

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

El Presidente de la Asamblea Legislativa tiene funciones muy importantes. La Asamblea, luego del pueblo, tiene prelación como Poder de la República.

Me gusta el recurso de comparar a la Asamblea con la Junta Directiva (el Pueblo es la Asamblea de Accionistas) y al Presidente de la República con Gerente. Obviamente, las normas generales son dictadas por la Junta y el Gerente debe realizar su función de conformidad con ellas (por supuesto que no es al revés).

Por tal razón resulta tan chocante y con roces de inconstitucionalidad la intromisión del Ejecutivo en la elección del Presidente del Legislativo. Tras el fracaso del Ejecutivo con sus Vicepresidentes (ambos renunciaron) y tras fallar en el intento de hacer creer a la gente que podía prescindirse de las previsiones y preceptos constitucionales al respecto, se ha tenido que reconocer que en las ausencias temporales del Presidente de la República, habrá de ser sustituido por el Presidente de la Asamblea Legislativa.

Tal disposición, contenida en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política, es muy clara al indicar que “Cuando ninguno de los Vicepresidentes pueda llenar las faltas temporales o definitivas del Presidente, ocupará el cargo el Presidente de la Asamblea Legislativa.”

Ello podría hacer pensar que Casa Presidencial tiene el derecho de influir en la elección (por aquello de que en ella se define el sustituto del titular), sin embargo, lo cierto es que históricamente la situación no sería nueva, pues antes de la actual Constitución era el Congreso quien definía quiénes eran los designados (sustitutos) a la Presidencia de la República.

En todo caso, la ausencia de Vicepresidentes es una situación, defecto o efecto de la praxis del actual Presidente (impulsos políticos, confusión de Vicepresidentes con Ministerios o culpa in eligendo) y lo apropiado sería que Casa Presidencial se conforme con la decisión legislativa.

A final de cuentas no parece muy republicano tanta intromisión. Al cabo de los cabildeos sale lastimada la figura del designado, quien parece más bien impuesto desde Zapote que originado en la preferencia, gusto o decisión de sus pares. La terminación de las faenas retrata una Casa Presidencial más bien contaminando (por vías ajenas a la Constitución: convocatoria, proyectos) la elección diputadil.

Asimismo, entonces parecen proyectarse dos cuestiones más: la falta de independencia y caracterización de los diputados y el exceso de celo de Casa Presidencial. Ello da para mucho más …

"(...) Artículo 135.- Habrá dos Vicepresidentes de la República, quienes reemplazarán en su ausencia absoluta al Presidente, por el orden de su nominación. En sus ausencias temporales, el Presidente podrá llamar a cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya.
Cuando ninguno de los Vicepresidentes pueda llenar las faltas temporales o definitivas del Presidente, ocupará el cargo el Presidente de la Asamblea Legislativa. (...)"

miércoles, 4 de febrero de 2009

¡QUÉ DESPROPÓSITO!

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

La Asamblea Legislativa es un órgano del gobierno. Para ser más exactos, es uno de los tres poderes de la antiquísima concepción tripartita del poder. Nuestra Constitución (artículo 9) ahora incorpora al pueblo como un poder y se ha quebrado el tradicional concepto de los tres poderes (ahora el gobierno lo ejercer los tres poderes y el pueblo: referéndum e iniciativa de ley, como actos principales).

La función legislativa o parlamentaria se concentra en el control político, nombramientos, discusión y aprobación de la legislación y otras importantes cuestiones principalmente indicadas en el artículo 121 de la Constitución.

Es elemental distinguir entre los actos de gobierno (propios de la función) y los eventuales actos administrativos que pueda realizar la Asamblea (como parte de la Administración pública cuando contrata y realiza algunas otras tareas).

Definitivamente, tanto la elección de Contralor General de la República como su eventual remoción son actos de gobierno o actos políticos, nunca función administrativa.

Por eso no puedo entender cómo un juez del nuevo proceso contencioso-administrativo se enreda con el artículo 31 del código procesal respectivo y aplica una normativa propia de actos administrativos y agotamiento de la vía administrativa a un asunto de remoción de Contralor. En tal enredo, ha emplazado a la Asamblea para revocar un acto de gobierno o político que no tiene tal recurso. Y … lo que mal empieza …

Muchos menos podré entender la reacción de la Asamblea, prestándose a tal disparate y, mediante improcedente moción de orden, tramitar una complaciente y prohibida resolución al efecto.

Y aún menos entenderé a algunos diputados libertarios que se prestaron a tal absurdo: ¿no leyeron siquiera el informe de la comisión especial investigadora (expediente 15627) que preparó su propio compañero de partido? ¿No recuerdan que hubo proceso de investigación?

Protesto enérgicamente por lo que se ha hecho. Me espanta lo que hizo el juez, me asusta lo que resolvió la asamblea, me indigna lo que han hecho algunos libertarios. El PLN promovió este disparate: no sé si por favorecer a su asesor legislativo o por complicar al PAC. Ya vemos en qué cosas están. No contentos con el enredo provocado con las reformas a la Ley de Tránsito, han torcido brazos para lograr algo inaudito en la historia constitucional. ¿Quieren ganar un juicio en la vía legislativa? ¡Solo les faltó hacer cálculo de la indemnización!

¡Que Dios nos coja confesados!

miércoles, 21 de enero de 2009

EL PAPEL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA …

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Dos casos y dos cuestiones mayúsculas.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señaló que el proyecto de ley contra el crimen organizado podía tener algunas inconstitucionalidades y algunas fallas jurídicas. O sea, no es un plan perfecto y no está nada mal que la Asamblea discuta su contenido. Más aún, aunque fuera un plan perfecto, lo correcto es que la Asamblea delibere, mocione y discuta sobre su contenido.

En nuestro sistema parlamentario la moción es prácticamente una condición para la discusión. La mera intervención, sin mociones de por medio, más bien equivale a las conclusiones de un proceso y no a la deliberación de un proyecto (quizás sea un defecto de procedimiento).

Sin embargo, en cuanto aparece el Dictámen de Servicios Técnicos con estos señalamientos, entonces el Poder Ejecutivo (estamos en período de Sesiones Extraordinarias, el Ejecutivo maneja el Orden Legislativo) y algunos jefes de fracción optan porque se retire el proyecto del conocimiento de la Asamblea. Se supone que es para enmendarlo y arreglarlo afuera.

Y … ¿los diputados? Por el tobogán se fueron los debates, las controversias, las comparecencias, las consultas y la ratio legis y la ratio legislatoris. Hago hincapié en que no se trata de un proyecto dictaminado (lo cual justificaría el retiro para tener espacio) sino de un proyecto crudo.

Estimo que esta decisión, apoyada incluso por jefes de fracción, vulnera gravemente la función legislativa. Constitucionalmente, lo importante es la reflexión colectiva que se genera en la cámara de representantes (no las exquisitas disquisiciones que puedan hacer especialistas y miembros del Poder Ejecutivo, fuera de actas y publicidad).

Por otro lado, me tiene muy sorprendido que aprovechando el sentimiento de la tragedia de Cinchona se quiera aprobar una línea de crédito de USA$65 millones (más o menos 35 mil millones de colones) rompiendo las reglas elementales de los fondos públicos, gasto y presupuesto. Estimo que hay una delegación legislativa que es inconstitucional.

A la Comisión Nacional de Emergencia se le quemó la bodega en medio de la crisis, ya había suficientes alertas sobre el estado de carreteras y la región, de modo que no entiendo porqué hay que dar carta blanca a la Administración Pública y quebrar el modelo de uso de fondos públicos. Como si la sobredosis de equipo que resultó de los préstamos español y finlandés no fueran una realidad palpable.

El caso, además, es que como se trata de una línea de crédito (no un crédito concreto), podría prestarse para un gran vacilón: el presupuesto ordinario paga la deuda y el decreto ejecutivo gasta la plata… ¡y en año electoral!

miércoles, 17 de diciembre de 2008

SESIONAR SIN QUÓRUM ...

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Hace algunos años, durante las infames maniobras que se hacían para imponerle un paquete tributario al pueblo costarricense, el presidente de la Comisión (abusando una vez más del cargo) me interrumpía para llamarme la atención.

Era un sábado en la mañana (convocatorias exageradas) y mientras intentaba llamar la atención de los demás diputados sobre la inconveniencia de algunas complicadas propuestas jurídicas, noté que la mayoría no ponía atención. Unos leían novelas, otros periódicos y los que no faltaban, conversaban … ¡Era indignante! Dentro de mi intervención describí lo difícil que resulta articular un discurso frente a esa falta de atención (era obvio que la convocatoria un sábado era para producir desgaste a quien trabajaba, los demás estaban como en vacaciones). Llamé la atención de cada uno, diciendo y describiendo exactamente lo que pasaba y hacían … pero el abusivo presidente interrumpió mi alocución trapeándome porque él consideraba que estaba faltándole al respeto a los demás diputados.

¡Qué paradoja! Regañando al que hacía bien las cosas para que no evidenciara lo mal que trabajaban los demás … La verdad es que el presidente no ha sido sino el instrumento de quienes no han querido que haya deliberación, de quienes aprobaron el préstamo finlandés en una sola sesión, de quienes antaño diseñaron el “cuatro-tres” para repartirse las directivas (las que luego se repartieron otras cosas …).

Ahora quieren sesionar sin quórum. Triste para la democracia y maravilla para el “eficientismo” de algunos. Pero no se trata sino de manifestaciones de las mismas tentaciones antidemocráticas. Les estorba que otros piensen, hablen y no se dejen.

Un órgano colegiado se constituye con la presencia de quienes al menos integren el quórum. De lo contrario no hay órgano. La idea central de la deliberación, del debate y discusión y análisis legislativo es que unos oigan a los otros. En el contradictorio de argumentaciones y discursos radica la cuestión. Quizás por ello es tan grave que aquí hayamos adoptado la denominación de “Asamblea Legislativa” (abandonando la tradicional de “Congreso” y olvidando que se trata de un Parlamento).

Cuento a mis discípulos que la deliberación y debate legislativos son la etapa de reflexión previa que requieren las acciones humanas. Se piensa en grupo comparando argumentos, contrastando silogismos, cotejando posiciones, todo a la luz pública y entendimiento del pueblo. Por ello la existencia del quórum es tan esencial como la presencia del juez en el juicio, del cirujano en la operación y de la novia durante la luna de miel. Todo lo demás sería vicio y ausencia.

Forma parte del quehacer legislativo presentar mociones, defenderlas y usar el tiempo para hablar. Quien hace eso es quien verdaderamente trabaja. Igual quien oye con atención: debe entender los argumentos ajenos, respetarlos e incluso combatirlos y señalar sus fallas.

Por eso no es de extrañar que fuera un compinche del presidente comentado quien propuso que en lugar de debatir en la comisión enviáramos “cartas” con los argumentos …

miércoles, 12 de noviembre de 2008

EN DEFENSA DE LOS DIPUTADOS

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Los diputados tienen una salario inferior al del Presidente de la República, inferior al de los Ministros e inferior al de los magistrados (de la Corte Suprema de Justicia).

No obstante, ellos constituyen el primer poder de la República.

Su salario resulta más pequeño que el de la mayoría de los Presidentes de las instituciones autónomas e, igualmente, menor al del Contralor General de la República (aunque se trate de un órgano –que no ente- adscrito a la propia Asamblea).

La gente (y buena parte de los formadores de opinión) no entiende que forman parte del gobierno de la República. Ello por cuanto son demasiados quienes creen que únicamente el Presidente de la República es gobierno.

El Poder Ejecutivo, que debía haber tenido disminuido su poder luego de la Asamblea Constituyente, se erigió en lo que algunos han llamado “Presidencia imperial” a raíz de la combinación de legislación y normativa de entes autónomos (previsiones constitucionales y leyes de presidencias ejecutivas y las del “cuatro-tres”).

En algún momento el Poder Ejecutivo tenía un poder increíble en un Estado republicano: era dueño del crédito nacional, de la política de viviendas, de la comercialización de los derivados del petróleo, de las políticas monetarias, influía en toda la contratación pública y era el jerarca del mayor empleador nacional, para apenas mencionar algunas cosas.

No es de extrañar que algunos miembros del Poder Ejecutivo aprovecharan la información privilegiada para hacer negocios y negociados (hasta sabían con anticipación si iba a cambiar el valor del colón o del dólar respecto del colón). Tampoco sería de extrañar que tuvieran un recaudador que cobrara una especie de comisión sobre los préstamos grandes que hacía el sistema bancario nacional. Tampoco sería raro que tuvieran influencia sobre las expropiaciones y sobre la contratación pública.

Es un hecho, aunque todavía no se da una buena razón para ello, que el Ejecutivo es quien controla las cadenas de radio y TV (en nombre del Estado). Asimismo, es claro que la Administración pública es quien tiene uno de los pasteles publicitarios más grandes en este país. A todos nos quedó evidente que la gestión de Pacheco promovió que un par de medios no recibieran dinero de publicidad de la Administración pública. Solo por ejemplo …

La pauta de la Administración pública es la diferencia entre ser y no ser de algunos medios y de algunos espacios. ¡No nos hagamos los tontos!

Y los diputados. A algunos les resulta incómodo que haya que dar cuentas, explicar, razonar, oír opiniones contrarias y que se dé la deliberación (reflexión) pública de los proyectos de ley.

Si no queda claro, lo vuelvo explicar con tiza y pizarra …

miércoles, 8 de octubre de 2008

MATRÁFULAS Y FALSEDADES

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Estamos más que claros en que aprobar todo el capítulo del TLC (ahora leyes complementarias) es urgente y necesario. Al menos yo no lo dudo.

Está de por medio una decisión histórica (primer referéndum) y un acto directo de gobierno del pueblo. En eso no hay “tutía”.

Sin embargo, la ejecución del asunto no ha sido ni exquisita ni simple.

Algunos reclaman a la Sala Constitucional por haber apuntado un vicio en la tramitación.

También hay quienes reclaman al diputado José Merino haberlo advertido. Otros ofenden a Mario Quirós por apartarse del informe mayoritario. Unos más despotrican contra el PAC por señalar que piensa solicitar nueva consulta del proyecto una vez supere de nuevo el primer debate.

Por supuesto, bajo el engañoso lema de “echemos para adelante”, pretenden hacer caso omiso de la cuestiones de fondo.

A saber, que el proyecto se tramitó mal. No se hizo una consulta necesaria y tampoco se publicó de nuevo (germen de nuevos vicios, porque lo que sugiere es una inconexidad general). Asimismo, que la causa de tales vicios no estuvo en acción de José Merino, ni de Mario Quirós ni del PAC. Igualmente, que el deber constitucional de la Sala Cuarta es señalar el vicio (no tiene la culpa, así como un médico que diagnostique no tiene culpa de la enfermedad).

Por supuesto que hay unos industriales y empresarios impacientes que otrora callaron, cuando el binomio Pacheco Arias pospuso el TLC para impulsar el paquete de impuestos. Son los mismos que hicieron suyas ofensas contra los diputados que apuntaban los vicios de procedimiento (a pesar de que pareciera haber consultorías BCIE y casa presidencial por detrás).

¿Por qué callan ante los verdaderos atrasos y vicios y, en cambio, despotrican contra quienes los señalan?

Fue un diputado del PLN (oficial) quien generó parte del enredo, proponiendo la moción que lleva buena cuota del problema. Fue la super alianza G38 la que insistió en llevar adelante el procedimiento viciado. Ahora es parte de esa alianza la que vuelve a meter la pata con lo sucedido en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

¡Por eso tienen pavor de que el asunto vuelva a la Sala Constitucional! Desde ya están lamentándose por el eventual fracaso. ¿Por qué tampoco protestaron cuando una de sus aliadas retrasó la suscripción del informe de comisión a resultas de una negociación política?

Si hay nuevo fracaso no es culpa de la Sala, ni de Merino ni Quirós ni del PAC.

Si quieren echar para adelante, arreglen la cosa. Rechacen el mal informe y acojan uno bueno, vayan por el 154 del Reglamento, que vaya a comisión dictaminadora y aprueben bien.

miércoles, 1 de octubre de 2008

SALA CUARTA CONTRA LA PARED

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi

¡Así es! La mayoría de los diputados de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad ha puesto a la Sala Constitucional a decidir entre su jurisprudencia y la necesidad del TLC.

¿Qué ha sucedido? Relativamente fácil de explicar.

Durante la discusión del último proyecto de ley atinente al TLC, relativo a materia de propiedad intelectual, se introdujo una reforma a la Ley de Biodiversidad.

En la consulta sobre la constitucionalidad de este proyecto, la Sala resolvió que tal reforma debe consultarse a las poblaciones indígenas (de conformidad con lo que ordena el Convenio 169 de la OIT) y el proyecto debe publicarse.

Por tratarse de vicios de trámite o procedimiento, el pronunciamiento de la Sala es vinculante (no es facultativo sino de acatamiento obligatorio).

El trámite preceptúa que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad debe indicarle (informe) al Plenario (o a la Asamblea Legislativa, según se quiera) cómo debe procederse para enmendar el proyecto o si se recomienda archivar.

La Comisión ha “dictaminado” suprimir el artículo que reforma la Ley de Biodiversidad para obviar la consulta.

En ocasión anterior (Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, expediente 13.874, resolución 2006-05298), la Sala resolvió “... de la lectura de los artículos 88, 146 y 165 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se deduce que la Comisión de Consultas únicamente tiene competencia para revisar los aspectos declarados inconstitucionales por la Sala, motivo por el cual se debe mantener incólumes las demás disposiciones del proyecto ...” y como la comisión había actuado igual que ahora, nuevamente apuntó el vicio de trámite o procedimiento.

¡Claro que el artículo en cuestión se puede quitar del proyecto! No es eso lo que se discute, sino cuándo, dónde y quién. No es en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

De manera que si el trámite no se enmienda, estamos frente a un juego de perder/perder. Si la Sala apunta el vicio, entonces perdemos tiempo y arriesgamos el TLC. Si la Sala no apunta el vicio y se desdice, entonces perdemos entereza, jurisprudencia y Sala. En ambos casos, los pueblos indígenas “ninguneados”.

La Comisión únicamente debía decir que los trámites por reponer, para subsanar el proyecto, son hacer la consulta y publicar el proyecto. Punto. El plenario verá entonces si, vía artículo 154 RAL, remite el trámite a comisión para que a través de nuevo dictamen se suprima el bendito artículo (introducido por moción de Comex y presentación de diputado oficialista) y se obvie el trámite de consulta.

miércoles, 20 de agosto de 2008

IMPORTANCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Notables columnistas y comentaristas públicas confunden las cosas todos los días. Olvidan cómo está organizado el gobierno costarricense e insisten en poner la carreta delante de los bueyes.

Por eso no es de extrañar que en sus conspicuas columnas y editoriales se confunda el gobierno con el Poder Ejecutivo. Por eso no debe escandalizarse uno de que constantemente estén instando a los diputados a seguir los derroteros que marca “el capitán”. Ignoran, olvidan o borran la norma constitucional, la teoría política y el sentido común que preceptúan la división de poderes.

Muchos lo hacen lo impaciencia, esa gran enemiga de la calidad y la corrección. Otros porque no se han tomado el tiempo para estudiar y saber lo que significan las normas constitucionales y la experiencia mundial en el asunto. Pero también hay un montón que son cortesanos y para ellos lo más parecido a palacio es la casa presidencial.

Por tal motivo, tampoco debe sorprendernos el hecho de que dirijan sus críticas contra los diputados, cuestionen sus ingresos (menores que los de los ministros y magistrados), se incomoden con que hablen mucho (no entienden que ese es, precisamente, su trabajo) y estén constantemente trapeándolos e instándolos a obedecer los designios del Poder Ejecutivo.

La verdad es que debe ser al contrario. Me gusta plantear el símil de la Junta Directiva y el Gerente de una empresa. Guardando las diferencias de la situación, la comparación es válida. La Junta Directiva establece directrices, normas generales y políticas de la empresa, en tanto el Gerente la administra. El Gerente puede pedir que le cambien algunas políticas e incluso proponer estrategias y acciones nuevas, pero la Junta Directiva dispone y el Gerente debe cumplir.

Así es el tema con las leyes y las políticas generales. El Presidente (que no es el Gobierno sino parte de él) debe cumplir las leyes. La Asamblea es soberana en su construcción.

Además, y esto es esencial, la Asamblea está obligada a realizar el control político de la función pública: pedir datos, exigir cuentas, requerir explicaciones y llegar a entender qué está pasando. A muchos no les gusta el control político, pero esto es de lo más importante que hace la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, el control político legislativo no puede confundirse con la función jurisdiccional: no puede emitir condenas penales. Su función es destapar, exhibir, criticar, cuestionar, ejemplificar y buscar soluciones.

Algunos no están de acuerdo con ello. Quizás les molesta la dificultad para llegar a efectos concretos. Tal vez les disgusta que la crítica se da en el entorno del debate político (otros diputados atacan a los que destapan y denuncian y algunos bloquean las investigaciones).

Pero sería peor sin el debate legislativo, sin el destape que hacen los diputados, sin la posibilidad de que alguien hable por lo que los demás callan.

miércoles, 28 de mayo de 2008

ESPECTÁCULO (SHOW) Y PODER MEDIÁTICO

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Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

La palabra “mediático” está calificada como adjetivo, atinente a los medios de comunicación. Algunos tienen manía por el término, abusan de expresiones como “fraude mediático” o “sesgo mediático”.

Quizás su uso (y abuso) no resulte en expresiones precisas y correctas. Ha quedado simpático para barricadas, tarimas fracasadas y para algunos gamberros que agreden a la prensa.

Hoy quiero usarlo en otro sentido. El pasado viernes 23 de mayo fue abundante en noticias sobre la Asamblea Legislativa. Era obvio que el oficialismo había montado un espectáculo para la prensa. No se necesitaba muchos dedos de frente para percatarse de ello.
Había antecedentes claros. El propio Presidente de la República había azuzado a empresarios y personajes contra el diputado Mario Quirós, por su negativa a plegarse a los caprichos que resultaban en inadecuado manejo legislativo.
Era una crónica muy anunciada.

El ministro del Comex había expresado: “No puedo decir que los congresistas deben seguir al pie de la letra el dictamen que dio a conocer la Sala Constitucional debido a que este no es de acatamiento obligatorio y le corresponderá a ellos analizar cuáles cosas deben de ser cambiadas del proyecto de ley”, desmereciendo la opinión de la Sala.

Luego se montó el acto para el poder mediático. Se amenazó al diputado Quirós Lara con que debía alinearse o le echarían encima a la prensa. ¡Y se la echaron!El poder mediático no preguntó por qué insistían en trámites apurados si ya habían fracasado ante la Sala Constitucional, no preguntó qué compromisos había para no volver a fracasar en la consulta que se daría, no preguntó si había garantías de cumplimiento de lo resuelto por la Sala, no preguntó por qué se había presentado una moción si no se contaba con los 38 votos mínimos para que prosperara, no preguntó cómo se había hecho con el trámite legislativo para gestionar la votación de la moción. El poder mediático prefirió atender el espectáculo.

Y aún siguen las réplicas del mismo. El diputado Quirós fue examinado y hasta se le preguntó si había pedido permiso a Otto Guevara. Al día siguiente se difundía información sobre broncas derivadas del mismo asunto.

¿Presión mediática? ¿Abuso mediático? ¿Falta de calidad mediática? Es que se trataba de una maniobra demasiado chusca como para que nuestro poder mediático cayera tan fácil.
No se trata de un complot mediático, ni sesgo mediático ni fraude mediático. Es falta de estudio e información acerca de cómo funciona la Asamblea. Es falta conocimiento acerca de la importancia de las consultas de constitucionalidad y acerca de la impericia del oficialismo en las relaciones parlamentarias. Más fácil seguir el guión del ministro y el jefe de fracción el PLN que cuestionarlos sobre su inoportuno modo de actuar.

miércoles, 30 de abril de 2008

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: PRESUPUESTO BÁSICO

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Mañana se inicia una nueva legislatura. En la Asamblea Legislativa ha habido gran presión para cumplir con la agenda de instrumentación del TLC y quedan algunas cosas pendientes. Nuestra sociedad tiene una deuda seria con el tema de la Libertad de Expresión. Empeñando en su cumplimiento el honor nacional, hemos suscrito y puesto en vigencia importantes instrumentos internacionales de Derechos Humanos, entre los cuales se halla el Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sin embargo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada el 2 de julio de 2004 (en el caso de Mauricio Herrera) evidencia un serio incumplimiento por parte de nuestro Estado en relación con los derechos humanos, en particular con la libertad de expresión y algunas garantías judiciales. Tenemos el compromiso de reparar a Mauricio Herrera el daño infligido por una condenatoria penal y satisfacer las demás obligaciones impuestas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, tenemos el compromiso de restaurar la libertad de expresión, conculcada por un marco jurídico inapropiado y una práctica judicial ya condenada. No hacerlo degrada el honor nacional (por el incumplimiento de normas supralegales) y deteriora nuestro desarrollo político.

No obstante, pasan los años y no se aprueban unas cuantas reformas que podrían resultar en un buen impulso para la libertad de expresión. El próximo sábado (3 de mayo) es el día de la Libertad de Expresión. Por tal motivo es vital que reflexionemos sobre cuán importante es esta dimensión de la libertad en nuestra sociedad. Somos un sistema republicano, creemos en la libertad, consideramos esencial que el gobierno trabaje bien, que haya acceso a las oficinas públicas, que la administración pública cumpla sus propósitos, que haya igualdad jurídica, que no exista corrupción ¿verdad? Pues bien, la libertad de expresión encierra la magia de que no solo es un fin en sí misma (una libertad que potencia la libertad de pensamiento y opinión, así como una serie de derechos relacionados) sino que también sirve de garantía de buen desempeño del sistema, de garantía de protección de las demás libertades, de garantía de fiscalización del gobierno y la administración pública. Por ello es un presupuesto de la vida republicana, de la democracia y el buen gobierno. Por tal razón, además, hay una especie de doble discurso en algunos políticos. Públicamente dirán que sí a la libertad de expresión. Pero en sus acciones no la favorecerán. El proyecto de ley que contiene las reformas a la legislación penal y a otras leyes para avanzar un tanto en la mejora del marco jurídico a favor de la libertad de expresión ha tenido un camino azaroso y complicado, pareciera que siempre está cerca pero nunca se llega. En el fondo es miedo al poder de la palabra, es miedo a la información, es miedo a la indagación ciudadana y es miedo a la verdad.

lunes, 18 de febrero de 2008

ASAMBLEA LEGISLATIVA, DIPUTADOS Y ...

Columna Ojo Crítico

Por Rodolfo Cerdas
La Nación 17.feb.08
La diputada Morales, con voz quebrada, se declaró resentida y se retiró del plenario porque se le negó la palabra. Sintió en carne propia la política del limón exprimido, al que primero se le cultiva y aprecia; luego, se le saca el jugo; y, ya exprimido, se le desecha. La falla de los exprimidores es que la regresaron a su bancada cuando aún tenía mucho jugo que dar, lo que no compensa el cálculo taimado de que se cometa con ella el mismo error que el PAC cometió con la anterior fracción.
Los libertarios, a su vez, hicieron valer de nuevo su independencia, distanciándose del cuento de que el depósito del TLC requiere la aprobación previa de las leyes complementarias. Además, siguen velando por la correcta aplicación de los procedimientos y principios parlamentarios, violentados con demasiada frecuencia con reformas y decisiones ad hoc que anulan, de hecho, derechos esenciales del sistema representativo.
Como para ciertos sectores “el fin justifica los medios” y está bien la precipitación y el autoritarismo, siempre y cuando se favorezcan sus intereses, no extraña que pidan prescindir de la publicidad de los proyectos, su discusión abierta, el debate a fondo, etc., y exijan votarlos y aprobarlos sin más trámites. Claro, cuando los perjudicados son sus intereses, entonces actúan exactamente al contrario y claman por el Estado de derecho.
El Libertario no comió cuentos y declaró sus reservas contra ese erróneo proceder que deslegitima al parlamento, debilita el sistema y transforma la democracia representativa en una delegativa, en la cual el Ejecutivo obtiene enormes poderes en detrimento del Legislativo y Judicial, y de la sociedad civil. Esos círculos quisieran tener en la Asamblea no un parlamento, sino un sello de hule. De ahí muchas de las antipatías ganadas, ayer, por Federico Malavassi y, hoy, por Mario Quirós. Aunque, cuando se trata de sus intereses, corran tardíamente a darles la razón.
Esto ocurre por un reglamento legislativo que no sirve y no se cambia; por una dirigencia política obsoleta, timorata y sin imaginación, que alimenta el desencanto, la crisis del régimen y de los partidos; por la falta de una profunda reforma política que ni siquiera se plantea; y porque la que está propuesta no llega ni a sinapismo, para una enfermedad política que, como la corrupción, asesina silenciosamente la democracia.
El dilema es simple: o una reforma política en serio, o la apertura de abismos con fondo inescrutable. El mundo está revuelto. En todas partes se ven conflictos delicados. Una democracia como la nuestra debe tener sus barbas en remojo.

viernes, 18 de enero de 2008

SUPERÁVIT ANUNCIADO

Libertarios teníamos la razón
Primer superávit en 50 años

No era hace mucho que de todos lados, diversos sectores todos muy importantes, atacaban y presionaban al Movimiento Libertario por su posición contra una mal llamada reforma fiscal que no era otra cosa que un paquetazo de impuestos de dimensiones monstruosas, ni más ni menos el más grande en toda la historia de Costa Rica.Ahora se anuncia con regocijo que por primera vez en 50 años cerramos con un superávit fiscal, la razón de este histórico hecho, la da el actual Ministro de Hacienda en La Nación: "Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda, atribuyó la mejoría en las finanzas públicas a los programas para incrementar la recaudación de impuestos".

Han transcurrido casi dos años desde que la lucha emprendida por el Movimiento Libertario, que dio al traste con el objetivo del Gobierno de Abel Pacheco, apoyado por Liberación Nacional y el PAC, ellos y otros grupos, criticándonos con fiereza, no lo debemos olvidar, querían obligar a los costarricenses ha pagar más impuestos luego de tantos robos a las arcas públicas (así no hay plata que alcance), anunciando la ruina del país, sin siquiera haber considerado otras alternativas, con las que contaban, ya que a diferencia de lo que se publicaba en contra de nosotros, fuimos propositivos al punto que a la par de una oposición férrea, planteamos alternativas concretas. Prueba de ello es la entrevista aparecida en La Nación del 16 de febrero de 2004, donde planteamos la solución: "Mejorar y racionalizar el gasto público es la primera premisa que pretende impulsar el Movimiento Libertario en el tema fiscal, según señaló su diputado Federico Malavassi.

El grupo de cinco legisladores se opone a la creación de nuevos impuestos si antes no hay un compromiso del Gobierno –incluido en el propio plan de reordenamiento fiscal– para recortar gastos.

Malavassi sostiene que ya le han propuesto al ministro de Hacienda, Alberto Dent, un plan para hacer un recorte de ¢600.000 millones al presupuesto ordinario de la República.

El segundo paso que ellos promueven es una considerable mejora en la recaudación de impuestos. “
No con normas exorbitantes de derecho común, como una Gestapo tributaria, sino con buena administración”, expresó el diputado."

Advertimos en ese momento que “La reforma fiscal no pasará”, lo prometimos en campaña y el electorado costarricense nos dió la representación del 10% del Congreso para defenderlos de la voracidad fiscal estatal; el mismo presidente Abel Pacheco de forma pública se había comprometido conmigo en plena campaña, diciéndome que podía dormir tranquilo, que su gobierno no impondría nuevos impuestos, casi de inmediato el único tema de importancia de ese gobierno en la Asamblea Legislativa fué el Plan Fiscal.
Por nuestra oposición, la mayoría de los partidos políticos, sectores académicos y empresariales se nos vienen encima culpándonos de todo lo malo que ocurriera en el futuro; pues ya ven, fue todo lo contrario, teníamos razón, no le dimos la oportunidad al Ejecutivo de abusar más del pueblo, y se logró por primera vez en 50 años un superávit que no nace de ningún programa de gobierno del PLN o el PAC, nace de la lucha valiente dada en el período 2002-2006.

Otra prueba de eso es que a pesar de que lograron votar el paquetazo de impuestos, de forma unánime la Sala Constitucional se trae abajo la "REFORMA FISCAL", en respuesta a la consulta planteada por los diputados opuestos al paquetazo, por que era inconstitucional.

Fué un 23 de mayo del 2005 cuando la Asamblea Legislativa aprobó aplicarle al plan fiscal la "vía rápida" incorporada en el artículo 208 bis, buscando reducir de cuatro a uno los días para presentar mociones y regular el tiempo para discutir las enmiendas, además redujeron de media hora a 20 minutos el tiempo para que los diputados pudieran referirse al proyecto en su trámite en primer debate.

Así se aplico, a pesar de las advertencias que desde el primer día de aprobada esta vía dimos públicamente a todos los que quisieron oírla, ya que esta “vía rápida” aplicada gracias al 208 bis no procedía, debido a que el proyecto contenía artículos que requerían 38 votos para ser aprobados y esta mecanismo, se puede usar solamente en planes que necesiten mayoría simple, o sea 29 votos, nuevamente tuvimos razón cuando los magistrados constitucionales nos respaldaron, efectivamente en ese momento la Sala Constitucional me convirtió de víctima a héroe.

Esta noticia demuestra como las políticas libertarias, tienen éxito, logran su cometido, sin ningún impuesto más, el Ejecutivo de Oscar Arias quien en asocio con el de Abel Pacheco (recordemos a don Rodrigo Arias como asesor presidencial de Pacheco) habían apoyado con todo esta "reforma fiscal", pensando en disfrutarla en su gobierno, de haberse aprobado el plan fiscal podría haber generado entre ¢180.000 millones y ¢200.000 millones de recursos nuevos para el Estado, cálculo tentativo, por que nunca se quiso decir cuanto exactamente podría ser en realidad, ya que aumentaba día con día el monto de dinero que podría ser recaudado por efecto de los nuevos tributos.

Al no contar con los fondos del paquetazo, un Ejecutivo que daba por seguro en mayo del 2006 contar con esos recursos para iniciar su período, no tiene otro camino que a hacer justo lo que la fracción del Movimiento Libertario había propuesto como solución a la necesidad de contar con mayores ingresos fiscales, y no es otra cosa que mejorar la recaudación. Esto hecha por tierra los argumentos de todos los enemigos ideológicos y políticos de la gestión emprendida por nuestra fracción, de los empresarios y académicos que anunciaban graves riesgos para nuestra economía, ahora ¿dónde están?, no oigo sus voces.

A propósito de todo esto quiero compartir con ustedes lo que el economista norteamericano Daniel Mitchell escribió en The Washington Times: "Los impuestos consumen hoy día más del 38% del presupuesto de la familia media [norteamericana] según la Tax Foundation. Eso es más de lo que se gasta en comida, ropa, vivienda, y transportes junto. Compare esto con la situación del siervo medieval. Ellos solo tenían que dar al señor feudal un tercio de su producción - y eran considerados esclavos. ¿En qué nos convierte eso?"

Termino recordando aquella copla que dice: "Al tiempo le pido tiempo y el tiempo tiempo me da, y el mismo tiempo me dice: el tiempo la razón te dará."

miércoles, 9 de enero de 2008

2008

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Este año es bisiesto, par y el previo a una campaña política.Podría ser el año más importante en la acción gubernamental. Superado el tema del TLC y siendo el año previo a campaña, podría ser el año útil, el año de trabajo político.

Pero también podría ser el año perdido.Sin embargo, primero habrá que ver cuánto avanza la Asamblea Legislativa en la aprobación de las normas comprometidas para la aplicación del TLC.Asimismo, habrá que ver cuánta sangre se derramará en el proceso. Es decir, qué pasará con las alianzas hechas, con los enfrentamientos, con el juicio de constitucionalidad sobre las normas y los procesos de aprobación y cuál será el desgaste político.

Igualmente, habrá que ver cómo culmina el proceso de certificación en cuanto al TLC. Todo ello será esencial.Los diputados y las fracciones han tenido un inmenso desgaste por razón del proceso del TLC. Por culpa de Abel Pacheco, no se tramitó en tiempo oportuno ni en condiciones apropiadas. Por ello ha habido que lidiar con el tiempo, con situaciones que en otras condiciones no hubiesen importado nada.

Todo ello tiene implicaciones y responsabilidades. Finalmente, la resolución del TSE aceptando la posibilidad del referéndum cambió todo el panorama político, pero no dejó relevada a la Asamblea de sus funciones. Todo ello ha significado jornadas extenuantes, una agenda legislativa anormal, una presión asfixiante, una tensión fuerte, forzamiento de los procedimientos y un ambiente más bien de caldera.Esas cosas revientan tarde o temprano. No sería raro que influya negativamente en el ánimo legislativo todo lo que ha pasado. Las estructuras de las fracciones y los partidos han sufrido mucho y todo tendrá consecuencias.

Circula el rumor de que los anti TLC quieren convocar otro referéndum para derogar el TLC. ¿Lo lograrán? Será el año de las reformas a la ley de Tránsito. Como en oportunidades anteriores, se confabulan agencias de publicidad y ciertos intereses calle de prohibiciones. Unos quieren reventar el monopolio de Riteve y ahora es claro que otros quieren consolidarlo. Ojalá estemos a la puerta de un buen debate legislativo, largo, sin presiones, sin demagogias, con profundidad. Lo peor es que algunos columnistas cortesanos influyan en el ánimo legislativo y los presionen para que aprueben la propuesta sin deliberar, sin debatir y sin investigar.

Ya ha quedado claro que sobran consultorías y faltan acciones. Ya ha quedado claro que no aparece el contrato de Riteve y el MOPT no quiere los estudios del Laboratorio de la UCR. ¿Será por eso que lanzan cortinas de humo? Brindo por un buen debate. Querría oír las razones de los diputados, sus argumentos y estudios, análisis basados en información y no en demagogia. El dolor de las personas no legitima sus pretensiones legislativas y políticas. Más bien todo lo contrario… no es un buen ánimo para legislar.

miércoles, 21 de noviembre de 2007

LAS BARRAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

PERSPECTIVA
Columna de los miércoles en el Periódico La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Hay un viejo principio de la farmacopea que dice “todo con medida”. Un amigo guatemalteco señalaba que su padre expresaba que muchas cosas dependen de cuatro letras: “modo”.

Por supuesto que se vale protestar contra lo que hacen los diputados. Asimismo, es un derecho externar el apoyo, la felicidad o la satisfacción por lo que hacen. También es legítimo pedir (hay un importante derecho constitucional de petición). Lo que no se puede es admitir malacrianzas, insultos, faltas de respeto y obstrucción de la labor legislativa.

Como el que más, me opuse a las ilegítimas pretensiones del ex presidente Pacheco. Quería un “paquetón tributario”, a pesar de que había prometido no impulsarlo. Quería incorporar a la Constitución un capítulo de supuestas “garantías ambientales”, a pesar de que el artículo 50 de la Constitución ya tenía la garantía ambiental y toda una estructura jurídica se había desarrollado desde allí. Asimismo, me opuse a los presupuestos inconstitucionales de la administración Pacheco. Igualmente y hasta el último día, al proyecto para alcahuetear las pensiones del magisterio nacional con costo al presupuesto nacional.

Ningún referéndum les había dado aprobación y no se trataba sino de iniciativas ilegítimas y desordenadas, contradictorias con lo ofrecido en campaña.

Durante la tramitación de algunos de estos proyectos sufrí mucha presión. Desde el ocultamiento de información y manipulación de la opinión pública, hasta la directa en las barras. Cuando el pleno de la Asamblea o sus órganos eran bien presididos había prudencia, modo y habilidad para enfrentar el tema de las barras. Otras veces hubo colusión y connivencia entre los gamberros y quien presidía.

Hay principios básicos. Si bien es cierto que hay libertad de expresión, también lo es que el diputado no debe sufrir insultos, ofensas ni presiones indebidas en su trabajo. Es un representante popular que tiene independencia para realizar su labor. Una cosa es libertad de petición y otra la ofensa (carteles explícitos o alusiones ofensivas). Asimismo, el discurso del diputado es parte de la argumentación y reflexión pública (formador de la ratio legis), por tal razón es incorrecto permitir las interrupciones de barras, los gritos y tumultos que impiden que se realice. Las reglas indican cuándo deben ser desalojadas las barras, cuándo se les debe llamar la atención, cuándo se deben retirar los carteles y porqué no se deben pegar a los vidrios.

En los montoneros, cuadrilleros y tumultuosos hay mucha cobardía. Su propósito no siempre es expresar protesta: hay obvio insulto, presión para impedir el curso del trabajo, amedrentamiento y coacción. Ello no puede permitirse, porque el diputado es libre, debe garantizarse su independencia y, aunque sus posiciones e ideas no gusten a unos, es claro que fue elegido para representar a quienes piensan como él.

El asunto no se debe evadir, poniendo vidrios polarizados y cambiando las graderías. Lo correcto es que haya reglas claras y consistencia en su aplicación. La Asamblea Legislativa existe por delegación del pueblo, toda la ciudadanía en sus expresiones legítimas y ello debe respetarse. La sede de la Asamblea es un símbolo real de la democracia, del sistema republicano y debe respetarse así. Sin miedos pero con claridad y firmeza. Guste o no lo que hagan los diputados.