Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi
La ley de reformas a la Ley de Tránsito sigue un ejemplo de irracionalidades. Mal trámite, mal concepto, malas artes y malas jugadas.Es un despropósito exagerar multas y castigos. Nuestra Constitución exige razonabilidad. No se puede castigar más de una vez por lo mismo. No se pueden poner penas desproporcionadas.
Asimismo, el trámite de un proyecto de ley exige apego a formas propias de una legislación respetuosa de conceptos y procedimientos democráticos: publicidad, acceso a los textos, numeración y reconocimiento del derecho de todos los diputados. No hay lugar para atropellos ni supuestos. Esta ley es un vivo ejemplo de irrespeto a las normas básicas de la legislación.
Lo extraño es que autoridades del Ejecutivo, alguna prensa y muchos diputados pregonaban que el proyecto era correcto, una respuesta bien construida, que no tenía defectos, que los trámites estaban bien y que las multas y exigencias al conductor eran apropiadas.
No obstante, ahora se descubre que era una suma de ocurrencias, que hasta el botiquín es un despropósito, que lo de la caja de herramientas no tiene pies ni cabeza, que las multas y castigos son irracionales y exagerados, que la numeración viene mala, que el Ejecutivo pretende arreglar las cosas por Decreto y que los propios diputados han recurrido a la maniobra de atrasar su vigencia seis meses para que el electorado no le pase la factura en las próximas elecciones.
Realmente es una maniobra burda y que evidencia una burla hacia todos los costarricenses. Si la ley viene mala, mejor derogarla. Pero dejarla en vigencia disimulada, patear la bolita hacia adelante y posponer todo para después de las elecciones demuestra mala intención.
Dice el pueblo que “la jarana sale a la cara”. Ojalá sea ahora que se cobre la jarana a todos quienes han sido obsecuentes con una mala legislación. Ojalá que todo el pueblo se percate de la burla que implica posponer la vigencia para después de las elecciones.
A mí me queda claro que muchos aprobaron el proyecto sin leer, sin cumplir adecuadamente con sus obligaciones, atarantados por Ministra y otras presiones, sin reparar en los graves errores de forma y concepto que traía este proyecto.
Pero aún me queda más claro que, en lugar de rectificar, han procedido de manera maliciosa a esconder sus tortas, a disimular sus yerros y a barnizar la situación para que no haya represalia electoral. Por mi parte, no me quedaré callado y buscaré evidenciar este mal proceder.
Asimismo, el trámite de un proyecto de ley exige apego a formas propias de una legislación respetuosa de conceptos y procedimientos democráticos: publicidad, acceso a los textos, numeración y reconocimiento del derecho de todos los diputados. No hay lugar para atropellos ni supuestos. Esta ley es un vivo ejemplo de irrespeto a las normas básicas de la legislación.
Lo extraño es que autoridades del Ejecutivo, alguna prensa y muchos diputados pregonaban que el proyecto era correcto, una respuesta bien construida, que no tenía defectos, que los trámites estaban bien y que las multas y exigencias al conductor eran apropiadas.
No obstante, ahora se descubre que era una suma de ocurrencias, que hasta el botiquín es un despropósito, que lo de la caja de herramientas no tiene pies ni cabeza, que las multas y castigos son irracionales y exagerados, que la numeración viene mala, que el Ejecutivo pretende arreglar las cosas por Decreto y que los propios diputados han recurrido a la maniobra de atrasar su vigencia seis meses para que el electorado no le pase la factura en las próximas elecciones.
Realmente es una maniobra burda y que evidencia una burla hacia todos los costarricenses. Si la ley viene mala, mejor derogarla. Pero dejarla en vigencia disimulada, patear la bolita hacia adelante y posponer todo para después de las elecciones demuestra mala intención.
Dice el pueblo que “la jarana sale a la cara”. Ojalá sea ahora que se cobre la jarana a todos quienes han sido obsecuentes con una mala legislación. Ojalá que todo el pueblo se percate de la burla que implica posponer la vigencia para después de las elecciones.
A mí me queda claro que muchos aprobaron el proyecto sin leer, sin cumplir adecuadamente con sus obligaciones, atarantados por Ministra y otras presiones, sin reparar en los graves errores de forma y concepto que traía este proyecto.
Pero aún me queda más claro que, en lugar de rectificar, han procedido de manera maliciosa a esconder sus tortas, a disimular sus yerros y a barnizar la situación para que no haya represalia electoral. Por mi parte, no me quedaré callado y buscaré evidenciar este mal proceder.



