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miércoles, 16 de septiembre de 2009

NO ES JUEGO LIMPIO

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi

La ley de reformas a la Ley de Tránsito sigue un ejemplo de irracionalidades. Mal trámite, mal concepto, malas artes y malas jugadas.

Es un despropósito exagerar multas y castigos. Nuestra Constitución exige razonabilidad. No se puede castigar más de una vez por lo mismo. No se pueden poner penas desproporcionadas.

Asimismo, el trámite de un proyecto de ley exige apego a formas propias de una legislación respetuosa de conceptos y procedimientos democráticos: publicidad, acceso a los textos, numeración y reconocimiento del derecho de todos los diputados. No hay lugar para atropellos ni supuestos. Esta ley es un vivo ejemplo de irrespeto a las normas básicas de la legislación.

Lo extraño es que autoridades del Ejecutivo, alguna prensa y muchos diputados pregonaban que el proyecto era correcto, una respuesta bien construida, que no tenía defectos, que los trámites estaban bien y que las multas y exigencias al conductor eran apropiadas.

No obstante, ahora se descubre que era una suma de ocurrencias, que hasta el botiquín es un despropósito, que lo de la caja de herramientas no tiene pies ni cabeza, que las multas y castigos son irracionales y exagerados, que la numeración viene mala, que el Ejecutivo pretende arreglar las cosas por Decreto y que los propios diputados han recurrido a la maniobra de atrasar su vigencia seis meses para que el electorado no le pase la factura en las próximas elecciones.

Realmente es una maniobra burda y que evidencia una burla hacia todos los costarricenses. Si la ley viene mala, mejor derogarla. Pero dejarla en vigencia disimulada, patear la bolita hacia adelante y posponer todo para después de las elecciones demuestra mala intención.

Dice el pueblo que “la jarana sale a la cara”. Ojalá sea ahora que se cobre la jarana a todos quienes han sido obsecuentes con una mala legislación. Ojalá que todo el pueblo se percate de la burla que implica posponer la vigencia para después de las elecciones.

A mí me queda claro que muchos aprobaron el proyecto sin leer, sin cumplir adecuadamente con sus obligaciones, atarantados por Ministra y otras presiones, sin reparar en los graves errores de forma y concepto que traía este proyecto.

Pero aún me queda más claro que, en lugar de rectificar, han procedido de manera maliciosa a esconder sus tortas, a disimular sus yerros y a barnizar la situación para que no haya represalia electoral. Por mi parte, no me quedaré callado y buscaré evidenciar este mal proceder.

miércoles, 9 de septiembre de 2009

SACAR A DIOS … ¿SERÁ LA SOLUCIÓN?

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi

Soy liberal y lo digo claramente. También tengo muy claro que no es a punta de leyes que la gente llegará al cielo o que se salvarán las almas.

Tengo más claro aún que no es atacando a Dios y a la Iglesia que se construirá una buena sociedad. Ningún occidental puede negar la labor de la Iglesia en la lucha por la libertad y la dignidad humana. La civilización nuestra también es llamada Cultura Occidental Cristiana.

Nuestra historia patria está ligada a la Iglesia (principios, educación, tradiciones). La relación es más profunda de lo que aparenta: el obispo de la provincia eclesiástica de San Jorge dio el primer fondo para establecer la Casa de Enseñanza de Santo Tomás y el Hospital San Juan de Dios, las garantías sociales se inspiraron en la doctrina social de la Iglesia, de ellas deriva el concepto de familia que el Estado ha de promocionar, de ellas se deduce el tipo de relación laboral que el Estado favorece y en el prefacio de la Constitución hay una referencia básica a Dios que tiene múltiples consecuencias (de milagro no han pensado en eliminarla).

El constituyente intentó conciliar tal tradición histórica con la libertad de cultos y ello originó el artículo 75 de la Constitución.

Nuestro Ordenamiento Jurídico no persigue a nadie por su religión, no irrespeta derechos humanos por tal motivo y no promueve discriminación al respecto.

Es cierto que los aportes presupuestarios que el Estado hace a la Iglesia Católica son discutibles y de hecho critico algunos de ellos. Pero también es innegable el aporte de la Iglesia a la sociedad (desde las religiosas que han atendido los enfermos, hasta los sacerdotes que registran actos del Registro Civil).

Me pregunto yo ¿con la reforma para sacar a Dios de la Constitución, se arreglan nuestros problemas? Y quiero insistir más en eso. ¿Es que la mención de Dios en el juramento constitucional hace que la gente diga mentira y que quitando tal mención empezarán a decir la verdad?

Menuda contribución ha hecho la facultad de teología de la Universidad pública. ¿Es para eso que le asignamos tanto presupuesto? O sea, ¿la gran contribución de la Facultad de Ciencias Ecuménicas de la Religión es sacar a Dios de la Constitución?

No puedo creer que la reforma para sacar a Dios tenga algún motivo de prioridad en la labor legislativa. Ha de ser una ocurrencia (¿como las condonaciones?).

¿Sacando a Dios favorecemos el crecimiento de la economía, la justicia, el fomento de las exportaciones, la limitación de la delincuencia y la eficiencia pública?
Hay diputados que no fomentan la ley de libertad de expresión, pero si quieren dejarnos sin Dios.

miércoles, 29 de abril de 2009

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

El Presidente de la Asamblea Legislativa tiene funciones muy importantes. La Asamblea, luego del pueblo, tiene prelación como Poder de la República.

Me gusta el recurso de comparar a la Asamblea con la Junta Directiva (el Pueblo es la Asamblea de Accionistas) y al Presidente de la República con Gerente. Obviamente, las normas generales son dictadas por la Junta y el Gerente debe realizar su función de conformidad con ellas (por supuesto que no es al revés).

Por tal razón resulta tan chocante y con roces de inconstitucionalidad la intromisión del Ejecutivo en la elección del Presidente del Legislativo. Tras el fracaso del Ejecutivo con sus Vicepresidentes (ambos renunciaron) y tras fallar en el intento de hacer creer a la gente que podía prescindirse de las previsiones y preceptos constitucionales al respecto, se ha tenido que reconocer que en las ausencias temporales del Presidente de la República, habrá de ser sustituido por el Presidente de la Asamblea Legislativa.

Tal disposición, contenida en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política, es muy clara al indicar que “Cuando ninguno de los Vicepresidentes pueda llenar las faltas temporales o definitivas del Presidente, ocupará el cargo el Presidente de la Asamblea Legislativa.”

Ello podría hacer pensar que Casa Presidencial tiene el derecho de influir en la elección (por aquello de que en ella se define el sustituto del titular), sin embargo, lo cierto es que históricamente la situación no sería nueva, pues antes de la actual Constitución era el Congreso quien definía quiénes eran los designados (sustitutos) a la Presidencia de la República.

En todo caso, la ausencia de Vicepresidentes es una situación, defecto o efecto de la praxis del actual Presidente (impulsos políticos, confusión de Vicepresidentes con Ministerios o culpa in eligendo) y lo apropiado sería que Casa Presidencial se conforme con la decisión legislativa.

A final de cuentas no parece muy republicano tanta intromisión. Al cabo de los cabildeos sale lastimada la figura del designado, quien parece más bien impuesto desde Zapote que originado en la preferencia, gusto o decisión de sus pares. La terminación de las faenas retrata una Casa Presidencial más bien contaminando (por vías ajenas a la Constitución: convocatoria, proyectos) la elección diputadil.

Asimismo, entonces parecen proyectarse dos cuestiones más: la falta de independencia y caracterización de los diputados y el exceso de celo de Casa Presidencial. Ello da para mucho más …

"(...) Artículo 135.- Habrá dos Vicepresidentes de la República, quienes reemplazarán en su ausencia absoluta al Presidente, por el orden de su nominación. En sus ausencias temporales, el Presidente podrá llamar a cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya.
Cuando ninguno de los Vicepresidentes pueda llenar las faltas temporales o definitivas del Presidente, ocupará el cargo el Presidente de la Asamblea Legislativa. (...)"

miércoles, 25 de marzo de 2009

“ …EMPLEADOS DE TERCER NIVEL DE LA CONTRALORÍA…”

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Algunas veces doña prudencia me dice “machete estate en tu vaina”, pero ésta no la puedo dejar pasar.

Recuerdo que cuando capturaron a Bambam (ligado a los robacarros), él se lamentaba de que lo hubiese pescado la policía municipal. ¡Sí, así como suena!

Quien sabe quién quería que lo pescara (INTERPOL, OIJ, FBI o váyase a saber).

Ahora, nada menos que el Presidente de la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República, en sus argumentos para cambiar la Constitución Política, introduce la queja-argumento de que al Ministro de la Presidencia “se le quiere someter a juicio por parte de unos empleados de tercer nivel de la Contraloría General de la República…” Y, entonces, que eso es síntoma de que “que algo anda mal en el sistema jurídico costarricense”.

Así fue dicho en reciente actividad que para celebrar (supuestamente) los 60 años de la actual Constitución, daba espacio a quienes propugnan por una nueva Constitución.

La cita se presta para muchas cuestiones. Puede uno hacer un análisis psicológico, sociológico y una lista más de temas.

El contexto, supongo, es la cacareada doctrina de la gobernabilidad y los supuestos obstáculos que nuestro Derecho Constitucional planta a tan encomiable propósito.

Recordemos que de conformidad con la misma Constitución (artículo 11): “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública.”

Asimismo, que la Contraloría General de la República es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y está para vigilar la Hacienda Pública (artículo 183).

Hemos de sumar a la citas el concepto actual (Constitucional) de gobierno, el cual de conformidad con el artículo 9 lo ejercen el Pueblo y los tradicionales tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), que entre sus características tiene la de “responsabilidad”.

Entonces me pregunto: ¿No quieren que se vigile la Hacienda Pública? ¿No quieren que la acción para exigir responsabilidad sea pública? ¿No quieren que el Pueblo forme parte del gobierno? ¿O será que no entienden que el Poder Ejecutivo es apenas una parte del Gobierno?

Negarse a cualquier punto de estos es negar el Estado de Derecho. ¿Cómo será la Constitución que quieren?

miércoles, 2 de julio de 2008

¡ASI NO SE VALE, DON OSCAR!

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi

Es como una obra compleja (dos tramas), representada por actos.

En una de ellas, aparece el aumento en los precios de petróleo como primer acto. En la otra, se nos informa que el vehículo de una viceministra del MOPT circula sin placas. Luego, sin ley ni estudio previo, aparece una prohibición para circular por el área delimitada por la carretera de circunvalación metropolitana. Se sancionará con multa de 5 mil colones al infractor (sin modificación al Código de Tránsito).

En la otra obra, el primer acto estuvo apareció como la renuncia del vicepresidente Kevin Casas (por el mentado memorándum). El segundo acto por la manifestación expresa de que la vicepresidenta supérstite es la ungida como sucesora en Casa Presidencial. El tercer acto lo aporta el conspicuo asesor jurídico de la administración se raja con una opinión acerca de una supuesta mala praxis constitucional (mala práctica o mala costumbre constitucional). Dice que la mala costumbre se basa en una mala interpretación del artículo 135 de la Constitución.

Tal artículo, en síntesis (pero invito a todos a consultar el texto), está compuesto de tres párrafos: a) El primero prevé la existencia de dos Vicepresidentes y señala que en “ausencia absoluta” del presidente lo reemplazarán “por el orden de su nominación”. b) El segundo literalmente dice “En sus ausencias temporales, el Presidente podrá llamar a cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya” –obviamente el asesor presidencial se agarra de este “podrá” para introducir su versión–. c) El tercer párrafo aclara todo, dice que: “Cuando ninguno de los Vicepresidentes pueda llevar las faltas temporales o definitivas del Presidente, ocupará el cargo el Presidente de la Asamblea Legislativa”.

Claramente, luego de leer el tercer párrafo, queda evidente que el “podrá” del segundo párrafo se refiere a pasar por alto el orden de nominación de los vicepresidentes. De manera que el presidente, en sus ausencias temporales, podrá llamar a uno u otro. La Constitución no dice qué es “ausencia temporal”, más este es un concepto jurídico indeterminado que la costumbre se ha encargado de determinar.

Este artículo fue un globo de ensayo. Pero desdichadamente nadie respondió. El jueves de la semana pasada el Presidente notificó a la Asamblea que salía del país y que no designaba a la Vicepresidente. Finalmente el Presidente salió del país y volvió y aquí como si nada.
Para fundir ambas tramas, me aprovecho de que el Presidente publicó un artículo diciendo que “Este barco tiene capitán”. En tal publicación, pide confianza y la emprende contra quienes no quieren cumplir la restricción vehicular, “planifican ignorar la restricción” y esperan que no los “pesquen”.

Señor Presidente, la restricción a su conducta es de origen constitucional. La tradición de su interpretación también es de jerarquía constitucional. ¡Cumpla! En cambio, la restricción vehicular es un antojo sin fundamento racional, ejecutado por quien no cumple la Constitución y por una Viceministra que ni siquiera porta placa.

La Ley General de Administración Pública es clara: las fuentes no escritas (como la costumbre) tienen la jerarquía de la fuente escrita (Constitución) que integran, delimitan o interpretan. No puede invocar el criterio de su asesor para irrespetar la norma. Tampoco debería restringir una libertad pública por Decreto.