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miércoles, 29 de julio de 2009

CÓDIGO PENAL A LA BASURA …

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi

La información relativa a la suerte que sufrió el proyecto de nuevo Código Penal en la Asamblea Legislativa ha sido muy destacada y comentada. El hecho es que, luego de prácticamente 10 años de estar en la corriente legislativa, se desistió de continuar con su tramitación.

Sucintamente se menciona que no había acuerdo ni en la Corte, ni en la Sala Tercera ni en la propia Asamblea.

Si no hay acuerdo, ¡pues que caray!, no es posible que camine más un proyecto. Así debe ser y punto. No importa que haya sido objeto de múltiples sesiones y debates, no importan los años de discusión, no importa que un ilustre jurista ya fallecido dejara escrito el prólogo. La verdad es que lo que ordena el sentido común y la razón es que no se trata de un asunto de añejamiento, acompañamiento y otros méritos metalegislativos del proyecto, sino que si no hay voluntad política (y tampoco de la Corte) lo que corresponde es dejarlo morir.

Tengo muchos recuerdos de este proyecto. No me impresionó su antigüedad y nobleza de origen, sino que exigí respuestas: ¿Por qué poner la culpabilidad en el tipo? ¿Por qué abandonar el concepto tradicional de “delito es una acción típica, antijurídica y culpable”? ¿Por qué eliminar la preterintención? Como profesor de Derecho requería explicaciones y nunca las tuve. Querían que me conformara con un “así está bien” o un “ya está muy discutido”.

Sufrí presiones de todo tipo. Pero poco a poco me fui percatando de los problemas del proyecto. Su antigüedad lo había puesto en problemas (numeración complicada, textos extravíados), su trayectoria también (en el ir y venir de la Asamblea a la Corte habían pasado cosas), su supuesta novedad no era tal y no podía competir con actual código parchado, porque no parecía tener todas las soluciones.

Un respetable grupo de estudios me convocó para presionarme (les habían dicho que yo era el escollo) y en el elegante almuerzo en el Club Unión resultó que no tenían respuestas a mis preguntas.

De pronto, apareció el argumento de que contenía un gran aporte, relativo a medidas alternativas y penas. Pero no había contestaciones adecuadas al contenido natural del proyecto.

Una exministra lo usó también para establecer presión, pero cuando la bola quedó de su lado se quedó sin convocar el proyecto, porque supuestamente el Poder Ejecutivo no tenía con qué responder.

Creía haber hecho una gran mejora cuando se logró sustituir una norma que en relación con los delitos informáticos no era más que una colección de verbos con acciones contradictorias, pero en una mesa redonda en la Corte me percaté de lo corto que había quedado el asunto.

R.I.P. proyecto de Código Penal. No había prisa ni necesidad …

miércoles, 4 de febrero de 2009

¡QUÉ DESPROPÓSITO!

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

La Asamblea Legislativa es un órgano del gobierno. Para ser más exactos, es uno de los tres poderes de la antiquísima concepción tripartita del poder. Nuestra Constitución (artículo 9) ahora incorpora al pueblo como un poder y se ha quebrado el tradicional concepto de los tres poderes (ahora el gobierno lo ejercer los tres poderes y el pueblo: referéndum e iniciativa de ley, como actos principales).

La función legislativa o parlamentaria se concentra en el control político, nombramientos, discusión y aprobación de la legislación y otras importantes cuestiones principalmente indicadas en el artículo 121 de la Constitución.

Es elemental distinguir entre los actos de gobierno (propios de la función) y los eventuales actos administrativos que pueda realizar la Asamblea (como parte de la Administración pública cuando contrata y realiza algunas otras tareas).

Definitivamente, tanto la elección de Contralor General de la República como su eventual remoción son actos de gobierno o actos políticos, nunca función administrativa.

Por eso no puedo entender cómo un juez del nuevo proceso contencioso-administrativo se enreda con el artículo 31 del código procesal respectivo y aplica una normativa propia de actos administrativos y agotamiento de la vía administrativa a un asunto de remoción de Contralor. En tal enredo, ha emplazado a la Asamblea para revocar un acto de gobierno o político que no tiene tal recurso. Y … lo que mal empieza …

Muchos menos podré entender la reacción de la Asamblea, prestándose a tal disparate y, mediante improcedente moción de orden, tramitar una complaciente y prohibida resolución al efecto.

Y aún menos entenderé a algunos diputados libertarios que se prestaron a tal absurdo: ¿no leyeron siquiera el informe de la comisión especial investigadora (expediente 15627) que preparó su propio compañero de partido? ¿No recuerdan que hubo proceso de investigación?

Protesto enérgicamente por lo que se ha hecho. Me espanta lo que hizo el juez, me asusta lo que resolvió la asamblea, me indigna lo que han hecho algunos libertarios. El PLN promovió este disparate: no sé si por favorecer a su asesor legislativo o por complicar al PAC. Ya vemos en qué cosas están. No contentos con el enredo provocado con las reformas a la Ley de Tránsito, han torcido brazos para lograr algo inaudito en la historia constitucional. ¿Quieren ganar un juicio en la vía legislativa? ¡Solo les faltó hacer cálculo de la indemnización!

¡Que Dios nos coja confesados!