ACCIÓN ADMINISTRATIVA (OBLIGACIONES DEL PODER EJECUTIVO)

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

A propósito de la gran preocupación que tienen los ciudadanos costarricenses por el tema de la seguridad, han surgido discusiones respecto de los ámbitos de acción o competencias del Poder Ejecutivo al respecto.

No hay duda alguna de que el problema es complejo y en su gran solución habrían de participar todos los poderes y los entes públicos.

No obstante, de nada sirve que el legislador establezca penas y las fije el juez, si la administración de los centros penales termina inventando “años carcelarios” (menores que el año escolar, por supuesto) y otras ventajas que ni siquieran pasan por el Juez Ejecutor de la Pena.

Sería absurdo que el legislador empezara a subir irracionalmente la penas para compensar una mala administración.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo dispone de la designación de buena parte de las Juntas Directivas de las instituciones autónomas (además de las presidencias ejecutivas) y tal competencia da un poder y gran responsabilidad innegables en el tema de la seguridad pública (los seguros y la investigación del robo de vehículos, los oficios como solución a problemas económicos, la ayuda social y su condicionamiento para fomentar buenas conductas, por ejemplo nada más).

Es innegable que la prevención del delito es responsabilidad de la policía administrativa (a cargo del Poder Ejecutivo). Aunque suene feo, la policía judicial es represiva (debe actuar para investigar luego de la comisión del delito) y su función no es la prevención.

De tal modo que la vigilancia, la investigación y demás acciones encaminadas a que no se presenten actos delictivos es responsabilidad, competencia y obligación del Poder Ejecutivo.

Es cierto que alguna represión del delito ya cometido puede redundar en la prevención de delitos futuros (al capturar a bandas o desmantelar organizaciones criminales), pero también es cierto que el Poder Ejecutivo tiene una obligación de coordinación de toda la administración pública.

El caso de la DIS, para citar otro ejemplo, es de antología. ¿Cómo es que la información que allí tenían más bien servía para hacer daño en lugar de usarse correctamente? Tengo el presentimiento (más bien idea fundada) de que es una especie de policía política que hace investigaciones inconfesables. Aquí hay un caso para enrumbar el gasto hacia el bien común.

Por supuesto que los presupuestos públicos y su correcta asignación, en relación con los más graves problemas sociales, también son una responsabilidad principalmente del Poder Ejecutivo. No se trata de sacarle más dinero a la sociedad, se trata de gastarlo bien y en los principales cometidos públicos.

La seguridad, entonces, es uno de los principales motivos por los que se acepta la existencia de un Estado y un gobierno. Por tal razón el Poder Ejecutivo debería entender su responsabilidad al respecto.

RENUNCIA TARDÍA

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Así calificó el diputado Quirós la renuncia de la ministra de Obras Públicas y Transportes, presentada tres días después de que colapsó el puente que unía Orotina y Turrubares, cobrando varias vidas humanas.

Subraya el diputado que la ministra tenía “una enorme cantidad de errores políticos”.

Es un hecho que alguien tiene que asumir la responsabilidad y, políticamente, esta toma la forma de renuncia. En un gobierno parlamentaria quizás habría caído el gabinete entero. El asunto es sumamente serio y es una de las dimensiones que quienes incursionan en el ámbito político generalmente no meditan: asumir responsabilidades y obligaciones.

El MOPT es un ministerio inmenso, una administración crecida y desordenada. Hace algunos años se le hizo una auditoría cuyo costo se arrimaba a los mil millones de colones. Se le han hecho reformas administrativas para enfrentar un objeto administrativo enorme y asimétrico: CONAVI, Consejo Nacional de Concesiones, impuesto sobre los combustibles para infraestructura vial, Concesión de obra pública y demás especias. Aún así, la cosa no avanza.

Más bien se ha hecho un gran enredo (empleados pasan a consultores para ganar más y en dólares y la administración “corriente” queda como vacía) pero el déficit administrativo aumenta. ¡No ha sido posible que la administración entregue un ejemplar válido del contrato con Riteve! No hay modo de entender lo que pasa con los aeropuertos. Se le ha dado un trato especial al concesionario de la obra San José-Caldera y más bien se suspendió arbitrariamente a la entidad supervisora. Se insistió en una reforma a la ley de tránsito pero apareció llena de errores y la ministra propuso suspender la ley mediante un decreto (siendo abogada). El caso de la platina resultó de antología. Por eso se califica de tardía la renuncia.

Muy lamentable y triste el suceso del puente Orotina-Turrubares, pero un ejemplo de cómo funcionan algunas administraciones públicas costarricenses. Por un lado toda la pompa, los motores y la fórmula uno, el palacio (leyes y publicidad) y los grandes contratos pero … por el otro, la abulia, la postración administrativa, la incapacidad de prevenir y arreglar, la falta de mantenimiento, la imposibilidad de cambiar un puente 7 años después de que ya están la piezas listas, el olvido de que se trata de vidas humanas. Toda la prepotencia en la frustrante e inconstitucional restricción vehicular y la ausencia de vigilancia y prevención en un humilde camino regional.

Los impuestos y el costo de la administración pública se pagan para que nos sirva, para que nos haga, para que nos permita; y no para que nos asuste, nos mande y nos reprima.

NO ES JUEGO LIMPIO

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

La ley de reformas a la Ley de Tránsito sigue un ejemplo de irracionalidades. Mal trámite, mal concepto, malas artes y malas jugadas.

Es un despropósito exagerar multas y castigos. Nuestra Constitución exige razonabilidad. No se puede castigar más de una vez por lo mismo. No se pueden poner penas desproporcionadas.

Asimismo, el trámite de un proyecto de ley exige apego a formas propias de una legislación respetuosa de conceptos y procedimientos democráticos: publicidad, acceso a los textos, numeración y reconocimiento del derecho de todos los diputados. No hay lugar para atropellos ni supuestos. Esta ley es un vivo ejemplo de irrespeto a las normas básicas de la legislación.

Lo extraño es que autoridades del Ejecutivo, alguna prensa y muchos diputados pregonaban que el proyecto era correcto, una respuesta bien construida, que no tenía defectos, que los trámites estaban bien y que las multas y exigencias al conductor eran apropiadas.

No obstante, ahora se descubre que era una suma de ocurrencias, que hasta el botiquín es un despropósito, que lo de la caja de herramientas no tiene pies ni cabeza, que las multas y castigos son irracionales y exagerados, que la numeración viene mala, que el Ejecutivo pretende arreglar las cosas por Decreto y que los propios diputados han recurrido a la maniobra de atrasar su vigencia seis meses para que el electorado no le pase la factura en las próximas elecciones.

Realmente es una maniobra burda y que evidencia una burla hacia todos los costarricenses. Si la ley viene mala, mejor derogarla. Pero dejarla en vigencia disimulada, patear la bolita hacia adelante y posponer todo para después de las elecciones demuestra mala intención.

Dice el pueblo que “la jarana sale a la cara”. Ojalá sea ahora que se cobre la jarana a todos quienes han sido obsecuentes con una mala legislación. Ojalá que todo el pueblo se percate de la burla que implica posponer la vigencia para después de las elecciones.

A mí me queda claro que muchos aprobaron el proyecto sin leer, sin cumplir adecuadamente con sus obligaciones, atarantados por Ministra y otras presiones, sin reparar en los graves errores de forma y concepto que traía este proyecto.

Pero aún me queda más claro que, en lugar de rectificar, han procedido de manera maliciosa a esconder sus tortas, a disimular sus yerros y a barnizar la situación para que no haya represalia electoral. Por mi parte, no me quedaré callado y buscaré evidenciar este mal proceder.

EL PAPEL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA …

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Dos casos y dos cuestiones mayúsculas.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señaló que el proyecto de ley contra el crimen organizado podía tener algunas inconstitucionalidades y algunas fallas jurídicas. O sea, no es un plan perfecto y no está nada mal que la Asamblea discuta su contenido. Más aún, aunque fuera un plan perfecto, lo correcto es que la Asamblea delibere, mocione y discuta sobre su contenido.

En nuestro sistema parlamentario la moción es prácticamente una condición para la discusión. La mera intervención, sin mociones de por medio, más bien equivale a las conclusiones de un proceso y no a la deliberación de un proyecto (quizás sea un defecto de procedimiento).

Sin embargo, en cuanto aparece el Dictámen de Servicios Técnicos con estos señalamientos, entonces el Poder Ejecutivo (estamos en período de Sesiones Extraordinarias, el Ejecutivo maneja el Orden Legislativo) y algunos jefes de fracción optan porque se retire el proyecto del conocimiento de la Asamblea. Se supone que es para enmendarlo y arreglarlo afuera.

Y … ¿los diputados? Por el tobogán se fueron los debates, las controversias, las comparecencias, las consultas y la ratio legis y la ratio legislatoris. Hago hincapié en que no se trata de un proyecto dictaminado (lo cual justificaría el retiro para tener espacio) sino de un proyecto crudo.

Estimo que esta decisión, apoyada incluso por jefes de fracción, vulnera gravemente la función legislativa. Constitucionalmente, lo importante es la reflexión colectiva que se genera en la cámara de representantes (no las exquisitas disquisiciones que puedan hacer especialistas y miembros del Poder Ejecutivo, fuera de actas y publicidad).

Por otro lado, me tiene muy sorprendido que aprovechando el sentimiento de la tragedia de Cinchona se quiera aprobar una línea de crédito de USA$65 millones (más o menos 35 mil millones de colones) rompiendo las reglas elementales de los fondos públicos, gasto y presupuesto. Estimo que hay una delegación legislativa que es inconstitucional.

A la Comisión Nacional de Emergencia se le quemó la bodega en medio de la crisis, ya había suficientes alertas sobre el estado de carreteras y la región, de modo que no entiendo porqué hay que dar carta blanca a la Administración Pública y quebrar el modelo de uso de fondos públicos. Como si la sobredosis de equipo que resultó de los préstamos español y finlandés no fueran una realidad palpable.

El caso, además, es que como se trata de una línea de crédito (no un crédito concreto), podría prestarse para un gran vacilón: el presupuesto ordinario paga la deuda y el decreto ejecutivo gasta la plata… ¡y en año electoral!