EL PAPEL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA …

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Dos casos y dos cuestiones mayúsculas.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señaló que el proyecto de ley contra el crimen organizado podía tener algunas inconstitucionalidades y algunas fallas jurídicas. O sea, no es un plan perfecto y no está nada mal que la Asamblea discuta su contenido. Más aún, aunque fuera un plan perfecto, lo correcto es que la Asamblea delibere, mocione y discuta sobre su contenido.

En nuestro sistema parlamentario la moción es prácticamente una condición para la discusión. La mera intervención, sin mociones de por medio, más bien equivale a las conclusiones de un proceso y no a la deliberación de un proyecto (quizás sea un defecto de procedimiento).

Sin embargo, en cuanto aparece el Dictámen de Servicios Técnicos con estos señalamientos, entonces el Poder Ejecutivo (estamos en período de Sesiones Extraordinarias, el Ejecutivo maneja el Orden Legislativo) y algunos jefes de fracción optan porque se retire el proyecto del conocimiento de la Asamblea. Se supone que es para enmendarlo y arreglarlo afuera.

Y … ¿los diputados? Por el tobogán se fueron los debates, las controversias, las comparecencias, las consultas y la ratio legis y la ratio legislatoris. Hago hincapié en que no se trata de un proyecto dictaminado (lo cual justificaría el retiro para tener espacio) sino de un proyecto crudo.

Estimo que esta decisión, apoyada incluso por jefes de fracción, vulnera gravemente la función legislativa. Constitucionalmente, lo importante es la reflexión colectiva que se genera en la cámara de representantes (no las exquisitas disquisiciones que puedan hacer especialistas y miembros del Poder Ejecutivo, fuera de actas y publicidad).

Por otro lado, me tiene muy sorprendido que aprovechando el sentimiento de la tragedia de Cinchona se quiera aprobar una línea de crédito de USA$65 millones (más o menos 35 mil millones de colones) rompiendo las reglas elementales de los fondos públicos, gasto y presupuesto. Estimo que hay una delegación legislativa que es inconstitucional.

A la Comisión Nacional de Emergencia se le quemó la bodega en medio de la crisis, ya había suficientes alertas sobre el estado de carreteras y la región, de modo que no entiendo porqué hay que dar carta blanca a la Administración Pública y quebrar el modelo de uso de fondos públicos. Como si la sobredosis de equipo que resultó de los préstamos español y finlandés no fueran una realidad palpable.

El caso, además, es que como se trata de una línea de crédito (no un crédito concreto), podría prestarse para un gran vacilón: el presupuesto ordinario paga la deuda y el decreto ejecutivo gasta la plata… ¡y en año electoral!