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miércoles, 22 de abril de 2009

“¿A QUIÉN LE TENGO QUE PAGAR?...”

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi

En la declaración de Walter Reiche (Valter Reije) en el juicio por el tema del préstamo finlandés y la CCSS, apareció esta expresión. Confiesa Reiche que, desesperado ante el temor de que se perdiera el proyecto, le dijo a Eliseo Vargas “¿a quién le tengo que pagar?”.

No he podido alejar esta expresión de mis pensamientos. ¿Cuántas veces un empresario, un comerciante o un ciudadano han pensado o expresado lo mismo?

¿A quién le tengo que pagar para que salga un permiso? ¿A quién le tengo que pagar para poder terminar una construcción? ¿A quién le tengo que pagar para que mi actividad pueda seguir adelante? ¿A quién le tengo que pagar para poder terminar una inscripción? ¿A quién le tengo que pagar para poder producir? ¿ A quién le tengo que pagar para poder vender? ¿A quién le tengo que pagar para poder trabajar? ¿A quién le tengo que pagar para poder enseñar? ¿A quién le tengo que pagar para poder pasar? ¿A quién le tengo que pagar para poder …?

La maraña legal que atosiga a nuestra sociedad es el caldo de cultivo de la corrupción. De nada sirve que exista una la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Ley No. 8220 de 9 de marzo de 2002), lo cierto es que la mayor parte de la gente está a la buena de Dios en este asunto.

Y aunque hay algunas administraciones públicas cuya especialidad es inscribir o finiquitar los trámites (vg. el Registro Nacional), lo cierto es que hay otras cuya especialidad pareciera ser que el ciudadano no haga nada, absolutamente nada.

El peso o tamaño del Estado costarricense (Administración central y descentralizada) es económicamente importante y determinante. Ha realizado y realiza algunas actividades de manera monopolística. De tal forma, muchas veces y en bastantes campos, la única manera de hacer cosas o actividad económica es pasando (tramitología) por las oficinas públicas: ventas, compras, servicios, permisos, autorizaciones, inscripciones, más permisos, constataciones, certificaciones, más permisos, contrataciones, registros, licencias, documentación y más permisos).

Obviamente, cuando nuestras actividades dependen de un permiso o de la decisión de un funcionario público, el tiempo desespera. A veces los inversionistas apuran, en otras ocasiones los intereses se suman hasta ahogar a la gente, en otros casos sencillamente la oportunidad se pierde. ¿A quién le tengo que pagar?

Algunas áreas (ambiente) no tienen silencio positivo (sencillamente, como dice la gente, habrá que esperar a que el santo baje el dedo). En ciertas oficinas hay escasez (“Vea –dice el funcionario-, su expediente está de número 60 bajo esta pila de asuntos que están antes”, o “Ni siquiera tenemos carro para ir a hacer la inspección”, o “En esta oficina no tenemos ni viáticos para ir a hacer la diligencia”).

¿A quién le tengo que pagar?

miércoles, 4 de junio de 2008

NECESIDAD DE RESPUESTAS PÚBLICAS

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi


Ya lo he dicho muchas veces. Lo del precio del petróleo era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Nuestro país tiene una bendición en relación con la posibilidad de generación hidroeléctrica, pero el sector público no ha respondido bien.

Desde hace tiempo Europa ha venido en el renacimiento de las posibilidades ferrocarrileras. El TGV francés, como ejemplo, ha sido todo un fenómeno. Desde la construcción del túnel para atravesar el Canal de la Mancha hasta los trenes de perfil aerodinámico y alta velocidad. Sin embargo, la esencia es el uso de la electricidad y la optimización del transporte público de personas. Los ejemplos sobran.

A finales del siglo XIX construimos un ferrocarril en Costa Rica. Tal vez no es el mejor ejemplo de contratación pública, quizás entregamos demasiado, pero lo cierto es que en el siglo XXI parecemos incapaces de ponerlo a funcionar con electricidad. Ni siquiera medio funciona con diesel. ¿Cuánto ahorraríamos en combustibles fósiles? ¿Cuánto en carreteras? Es verdad que el trazado es antiguo, pero si se compara el estado de las carreteras y la duración de los viajes por ellas, es competitivo.

Hasta podría funcionar como canal interoceánico. Es cierto que requiere mejoras, pasos a desnivel, inversiones grandes y trabajo, pero podría ser la solución a muchos de nuestros problemas y a parte de la factura petrolera.

Hay quienes protestan contra algunos administradores transitorios de la función pública y contra sus conceptos. Los culpan del atraso del ICE en infraestructura y por la falta de proyección. La verdad es que confiar en una única institución es el verdadero atraso. Atenerse solo a la generación pública es un concepto superado y causa evidente de equivocaciones.

Asimismo, hay que reconocer que ciertas exageraciones ambientalistas han bloqueado el avance que nuestro país debería de tener al respecto. Un criterio adecuado de análisis ambiental, como por ejemplo el concepto de “ciclo de vida”, podría aportar argumentos significativos para construir más proyectos hidroeléctricos en lugar de bloquearlos por causas ecológicas. En el concepto de “ciclo de vida”, siguiendo con el tema, se impone el análisis integral. No solo el impacto de un proyecto en la inmediatez circundante sino sus consecuencias en el tiempo y en la totalidad de aspectos importantes (consumo de combustibles fósiles, necesidades de la industria, mantenimiento del ambiente en general y no solo en una localidad). Ello proveería una contundente argumento ambiental para promover la generación hidroeléctrica.

El Estado acaba de mostrar su inutilidad, su proverbial ineficiencia, con el tema de los ferrocarriles. De la manga se sacaron una vieja licitación para apenas empezar a estudiar entornos. ¡Así estamos fritos! Por supuesto que la Contraloría no tiene más remedio que intervenir y pedir cuentas.