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miércoles, 21 de enero de 2009

EL PAPEL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA …

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Dos casos y dos cuestiones mayúsculas.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señaló que el proyecto de ley contra el crimen organizado podía tener algunas inconstitucionalidades y algunas fallas jurídicas. O sea, no es un plan perfecto y no está nada mal que la Asamblea discuta su contenido. Más aún, aunque fuera un plan perfecto, lo correcto es que la Asamblea delibere, mocione y discuta sobre su contenido.

En nuestro sistema parlamentario la moción es prácticamente una condición para la discusión. La mera intervención, sin mociones de por medio, más bien equivale a las conclusiones de un proceso y no a la deliberación de un proyecto (quizás sea un defecto de procedimiento).

Sin embargo, en cuanto aparece el Dictámen de Servicios Técnicos con estos señalamientos, entonces el Poder Ejecutivo (estamos en período de Sesiones Extraordinarias, el Ejecutivo maneja el Orden Legislativo) y algunos jefes de fracción optan porque se retire el proyecto del conocimiento de la Asamblea. Se supone que es para enmendarlo y arreglarlo afuera.

Y … ¿los diputados? Por el tobogán se fueron los debates, las controversias, las comparecencias, las consultas y la ratio legis y la ratio legislatoris. Hago hincapié en que no se trata de un proyecto dictaminado (lo cual justificaría el retiro para tener espacio) sino de un proyecto crudo.

Estimo que esta decisión, apoyada incluso por jefes de fracción, vulnera gravemente la función legislativa. Constitucionalmente, lo importante es la reflexión colectiva que se genera en la cámara de representantes (no las exquisitas disquisiciones que puedan hacer especialistas y miembros del Poder Ejecutivo, fuera de actas y publicidad).

Por otro lado, me tiene muy sorprendido que aprovechando el sentimiento de la tragedia de Cinchona se quiera aprobar una línea de crédito de USA$65 millones (más o menos 35 mil millones de colones) rompiendo las reglas elementales de los fondos públicos, gasto y presupuesto. Estimo que hay una delegación legislativa que es inconstitucional.

A la Comisión Nacional de Emergencia se le quemó la bodega en medio de la crisis, ya había suficientes alertas sobre el estado de carreteras y la región, de modo que no entiendo porqué hay que dar carta blanca a la Administración Pública y quebrar el modelo de uso de fondos públicos. Como si la sobredosis de equipo que resultó de los préstamos español y finlandés no fueran una realidad palpable.

El caso, además, es que como se trata de una línea de crédito (no un crédito concreto), podría prestarse para un gran vacilón: el presupuesto ordinario paga la deuda y el decreto ejecutivo gasta la plata… ¡y en año electoral!

miércoles, 14 de enero de 2009

LO QUE QUERRÍA SABER … A PROPÓSITO DEL TERREMOTO

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi

Cuando miro los montes agrietados, las carreteras lavadas, las casas caídas y algunos aspectos más del desastre provocado por el terremoto en La Cinchona y alrededores, me pregunto algunas cosas.

Las cuestiones planteadas por los científicos Sergio Mora y Leonardo Mata (informe del primero y oportunos comentarios del segundo) estimulan aún más mis interrogantes.

¿Eran carreteras bien hechas o asfaltadillos mal hechos sobre cuasisenderos rutinarios? ¿Podría el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme, UCR) verter criterio respecto del estado de las carreteras perdidas? Me refiero al tema de basamentos, aguas (drenajes), calidad del asfalto y diseño.

De igual modo, querría saber si buena parte de los deslizamientos, como se sugiere y aparenta ser, son consecuencia de erosión y filtraciones debidas a la mano del hombre. Me gustaría que el MINAE y algunos otros entes especializados vertieran informes bien fundamentados.

Asimismo, me gustaría saber si la información sobre fallas geológicas es determinante a la hora de otorgar permisos de construcción, diseño de proyectos públicos, construcción de carreteras y demás infraestructura. Es un deseo sano de saber cómo se deciden las cosas.

La observación inicial de algunas construcciones destruidas evidencia falta de calidad de algunas construcciones (no hay varilla, no se ven bases o cimientos apropiados) y alguna improvisación (pareciera hechura clandestina o poco técnica). ¿Tenían permisos y diseños?

Lo mismo sucede con el mismo emplazamiento de algunas edificaciones (casi metidas dentro del paredón, por un lado, y casi guindando del guindo por el otro), es claro que había riesgo contundente de que cayera el paredón por un lado o de que se cayera la edificación por el otro. Querría saber si había permiso para construir así o simplemente son cosas que pasan (sin permiso, sin plano, sin estudio, sin técnica, sin calidad).

Todavía me intriga más saber si algunas de esas edificaciones fueron financiadas por el Estado costarricense (bonos, ayudas, subvenciones y otras causas).

No soy un ecologista radical sino que promuevo la racionalidad. Me pregunto si la naturaleza estará pasando una factura. Cuestión aparte del sismo, ¿cuánto era prevenible con buenos trabajos, diseños y decisiones? Recuerdo que por Vara Blanca pasaron toneladas y toneladas de tucas (era la única ruta para ir a Sarapiquí, a Río Frío –cuando el río Sarapiquí se pasaba en Ferry—y a otras partes). Incluso de hablaba de un camión maderero fantasma, que precisamente se oía en algunas noches en la cuesta de La Cinchoa (se oía el quejido del motor pero nunca pasaba el camión, como si los ecos de tantos camiones hubieran quedado atrapados en la montaña). ¡Ahí quedan las interrogantes! ¡Quiera Dios que alguien pueda conestarlas!