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miércoles, 24 de junio de 2009

¿LIBERTAD O PROHIBICIÓN?

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

La noticia de que la Sala Constitucional ha anulado la liberticida medida conocida como restricción vehicular ha producido multitud de reacciones.

Unos se alegran de no tener que pagar la multa asignada por el parte hecho. Otros disfrutan del viento de libertad. La Ministra la tomó con resistencia a la Sala (la resolución es erga omnes). Un grupo se ha afanado y lamenta la decisión constitucional.

Pareciera que este grupo representa la “domesticación” costarricense. Costa Rica necesita infraestructura e ingeniería de tránsito, no medidas arbitrarias tomadas al amparo de una potestad inexistente. Lo sorprendente es que muchos están dispuestos a sacrificar la libertad por un supuesto plato de lentejas …

Los usuarios de vehículos pagan una suma nada pequeña (impuestos a los combustibles, en específico, más impuestos de ruedo y los de importación) por circular en nuestro país. El ofrecimiento público era que el impuesto a los combustibles se usaría para infraestructura vial y necesidades relacionadas.

Pues lo curioso es que el Estado costarricense ha sido incapaz de cumplir su parte. Ha desviado los fondos, no los ha gastado oportunamente, no ha hecho obras significativas y al cabo de 15 años la única ocurrencia es restringir la circulación de vehículos. Además, la Municipalidad de San José se ha empeñado en cerrar calles y hacer paseos peatonales (pero sin ofrecer solución vial).

¿Es seguro para una señora ir en bus o en taxi? ¿Es seguro para estudiantes y profesionales ir en bus o en taxi con sus computadoras? ¿Hay rutas apropiadas para las necesidades de quienes habrían de sacrificar el uso de su vehículo?

Lo sorprendente no es que el Estado costarricense y sus funcionarios carezcan de imaginación y soluciones adecuadas. No es nuevo que en lugar de solucionar nuestros problemas con nuestra plata más bien la usen en otras cosas o no la usen bien. Tampoco hay que asustarse con la reacción pública de prohibir el uso de automóviles en lugar de tener respuestas apropiadas.

Lo que sí debería ser motivo de asombro es que haya un grupo de costarricenses que sea partidario de la prohibición, que no entienda que hay que exigir servicios e infraestructura por el dinero pagado y respuestas apropiadas a los problemas ciudadanos.

Lo que sí tiene que preocuparnos es que algunos piensen en un supuesto interés público que anule los derechos ciudadanos y los intereses de las personas.

Quizás algunos deban repasar la letra del Himno al Quince de Setiembre.

miércoles, 26 de noviembre de 2008

ACLARACIONES SOBRE LA SALA CUARTA

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Me han pedido extenderme sobre las críticas vertidas respecto de algunas salidas de la Sala Constitucional.

Reitero mi profunda esperanza en la labor de este órgano de justicia constitucional. En mi criterio, la introducción de la Sala Constitucional a la realidad nacional, en 1989, fue tan importante como la caída del muro de Berlín, acaecida ese mismo año.

Durante el diseño de la ley respectiva, se realizaba en la UACA el primer (creo que el único) Seminario de Derecho Público, presidido por don Rodolfo Piza Escalante (q.d.D.g.). Los profesores y asistentes al seminario tuvimos la oportunidad de sugerir y analizar las instituciones que se incorporarían a tal novedad jurídica. Don Rodolfo formaba parte de la comisión nacional que se había creado para enfrentar un problema serio (respecto de corrupción en el Poder Judicial) que se había develado al investigarse el narcotráfico en la Asamblea Legislativa.

Durante muchos años, en las pruebas de grado de la UACA, era pregunta obligatoria enumerar las novedades en la justicia constitucional. En cada convocatoria los estudiantes proponían más cosas.

Sin embargo, parece que se perdió el impulso inicial. ¿Habrá fatiga de cambio?

Porque al principio fue tal la potencia y derrotero de las resoluciones iniciales, que me atrevía a proponer la tesis de que la reforma estructural en Costa Rica se hacía por anulación. La Sala Constitucional hacía más por rescatar derechos y desintoxicar a nuestra sociedad que la Asamblea Legislativa.

Hoy no puedo decir lo mismo. La desconcertante existencia de una doble Sala, la inexplicable suerte de la rifa de los suplentes, la seguridad con que palacio afirma saber qué va a hacer la Sala y las resoluciones sobre el Estadio Nacional y la última ley (propiedad intelectual) del TLC me dejan asombrado.

La doctrina define la jurisprudencia como una fuente de Derecho no escrita (no hay que confundirla con la sentencia). Se dice que es la doctrina que se deriva de los fallos reiterados. La pregunta es si de nuestra importante Sala Cuarta emana jurisprudencia. ¿Por qué? Porque algunas veces no aparece la “reiteración” de los fallos. Aparecen fallos encontrados, sin común denominador, sin posibilidad de sistematizarse.


Reitero, por dramático, el tema de las filas para cirugías. Cada vez que alguien recurre a la Sala para que su operación se realice más pronto, la Sala termina mandando al final de la fila a algún pobre que no tiene abogado que lo defienda. Pero el tema es infinito, cada vez que la Sala receta medicinas afecta un presupuesto y la cobija deja sin cubrir al pobre del otro lado. Si entramos a los temas de conexiones de agua y asfaltado de calles (temas asumidos por la Sala), terminaremos pensando que mejor es darle el presupuesto a la Sala y que ella lo asigne y asuma las responsabilidades. Habrá que seguir …

miércoles, 19 de noviembre de 2008

RECETAS Y PRESUPUESTOS DE LA SALA

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

No me cansaré de decirlo: prefiero una Costa Rica con Sala Constitucional que lo que había antes de su existencia (sistema trucado y viciado que favorecía la decisión del legislador frente a la Constitución).

Ello, no obstante, no me impide ser crítico de lo que está sucediendo con la justicia constitucional en nuestro país.

Hace algunos años, en un debate con el entonces director de la policía de tránsito, mi amigo y prácticamente ex discípulo Ignacio Sánchez, talentoso y brillante periodista, el tema central era el cinturón de seguridad. Me sentía muy seguro de mi posición como diputado, objetando la obligatoriedad del cinturón, respaldado por la resolución de la Sala Constitucional al respecto. Mi contendor tuvo un “safis” muy revelador: me aseguró que la Sala había cambiado decriterio.

Y por supuesto que mi amable contraparte se asustó más cuando reaccioné como un abogado indignado: ¡prevaricato, adelanto de criterio, influencia en los tribunales! ¡Ay de mí! Vivía en otro mundo.

Unos meses después, el entonces jefe de fracción del PLN, mi excondiscípulo Luis Ramírez, aseguró en plenario legislativo y ante micrófonos de Econews, que la reforma al reglamento que les estaba permitiendo pasar el paquetón fiscal había sido consultada con magistrados de la Sala cuarta. Mi reacción fue tan grande que el magistrado Vargas, cuando ya prácticamente sacaba hasta mi escritorio de la Asamblea Legislativa, me envió tremenda trapeada. Nunca tuve la oportunidad de señalarle el origen de mi indignación y justificación de mis palabras.

Hace poco me llevé las nuevas desilusiones. Las resoluciones atinentes al asunto del Estadio Nacional y a la última de las leyes del TLC evidencian la ausencia de jurisprudencia en la Sala Constitucional. Los antecedentes fueron tirados al archivo circular (basurero) y emergió una nueva doctrina oportunista y política. En ambas cuestiones soy testigo de primer orden, por haber estudiado los antecedentes constitucionales del tema del Estadio y, asimismo, por haber sufrido en carne propia la doctrina correcta de la Sala en relación con el modus operandi de la Comisión Legislativa de Consultas de Constitucionalidad.

Más sorprendente aún es el tema de las listas de espera para cirugías en los hospitales o el tema de las recetas. Durante la discusión del TLC y sus efectos en los asuntos de propiedad industrial resultó que lo más asombroso no era el posible efecto en los genéricos y en los presupuestos de la CCSS sino más bien el efecto real que tenía en los presupuestos de la CCSS el conjunto de resoluciones de la Sala Cuarta relativas a recetas y medicamentos.

Un médico se quejaba acerca de las listas de espera. Señala que cada vez que la Sala Cuarta adelanta a alguien en la lista, de fijo atrasa a otro. ¿Justicia Constitucional?

miércoles, 22 de octubre de 2008

POR EJEMPLO...

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi

Tengo claro que el Recurso de Amparo presentado contra la construcción del nuevo estadio nacional se perdió. No tengo claridad sobre las razones, pero la noticia es conocida. ¡Para quien tenga dudas!

Me ha preocupado la virulenta e irracional reacción provocada contra los promotores del recurso. Aún más, la presión que se ha querido hacer (y se hizo, por supuesto, que no me chupo el dedo), contra la Sala Constitucional.

En el tema de los derechos fundamentales, hay que entenderlo, no se trata (como en las elecciones) de gustos, preferencias y mayorías.

Por eso, no importaba ni importa si un 99.99% de los costarricenses quería construir el estadio en La Sabana. El tema es si jurídicamente procedía o no. No importa la voluntad del Presidente, la voluntad de quienes botaron el estadio, el deseo de muchos periodistas o el gran porcentaje de costarricenses que así lo quería.

Igualmente, me parece innoble el trato que (Presidente y demás ad láteres, igual que un gran grupo de interesados) se ha dado a los promotores del recurso. ¡Que retratada se han dado algunos!

La pura verdad, no importaba si había riesgo de perder la donación china (punto no probado por nadie), tampoco importaba si un grupo grande de diputados estaban de acuerdo con la construcción (por algo la Sala encuentra inconstitucionales algunas de sus decisiones), tampoco importaba si ya lo habían botado (responsabilidad de quienes lo hicieron), tampoco importaba si el área de construcción iba a ser menor (asunto no demostrado y muy manipulado), tampoco importaba si los deportistas del país lo querían edificar en la locación discutida. Opiniones respetables en su mayoría, pero el tema va por otra parte. ¿Procedía jurídicamente construir en La Sabana el nuevo estadio? ¿Qué valor tienen los antecedentes (ya no jurisprudencia por no haber continuación) de la Sala Constitucional? Y … ¿cuál es la eficacia de la ley que protege La Sabana?

No juguemos con los conceptos. Nuestra legislación pide estudios de impacto ambiental, estudios de impacto vial, audiencias que no he visto en este caso y muchas cosas más. Estaría feo que cuando la administración pública es la que gestiona, entonces se sirva con otra cuchara, cambie la interpretación de las normas, confunda los conceptos jurídicos indeterminados con la discrecionalidad y no funcionen las reglas generales.

Me duele la ofensa que se ha hecho contra los ciudadanos que pretendieron restaurar el derecho. La manipulación de la opinión pública que se ha hecho es imperdonable, tiene un tufo estatólatra y populista imperdonable. Algunos de ellos no estaban con el “no” (pero así se les generalizó), otros se han destacado por notables aportes cívicos y todos tienen dignidad y derecho.

Si para ganar el asunto hubo que insultar, manipular, ofender e inventar, ¡estamos fritos!

miércoles, 15 de octubre de 2008

LA CULPA DEL ESTADIO NACIONAL

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Tirios y troyanos han salido a condenar en voz mayoritaria la gestión que han hecho Guido Sáenz y otros ciudadanos solicitando un Recurso de Amparo contra la construcción del nuevo Estadio Nacional en La Sabana.

Lo primero que hay que subrayar es que si la gestión llega a tener éxito, o sea, si se acoge el Recurso de Amparo y el estadio no se construye en La Sabana, la responsabilidad no es de los recurrentes sino de las autoridades públicas que irrespetaron normativa vigente. Tampoco habrá que echarle culpa a la Sala Constitucional, su deber es restaurar el derecho lesionado por acción pública.

Si la gestión llega a tener éxito, entonces significaría que el estadio no podía hacerse en La Sabana porque hay un impedimento jurídico.

Está mal hecho azuzar a la gente contra los recurrentes. Ellos no tienen la culpa de un mal actuar de las autoridades públicas. Cuando hay derechos constitucionales de por medio, no importa la opinión de la mayoría, porque los derechos fundamentales no se rifan ni se disponen por preferencias mayoritarias.

Si, eventualmente, nos quedáramos sin Inés y sin el retrato (o sea, sin Estadio viejo, ya botado, y sin el nuevo, aún sin construir), la responsabilidad sería de quienes dispusieron botarlo y de quienes habían elegido mal el sitio para hacerlo.

No creo que haya sido condición china el situarlo en La Sabana. En tal caso, sería una condición inaceptable si resulta que La Sabana está bajo el efecto de normas que impidieran allí su construcción. El error y responsabilidad sería de quienes aceptaron la condición y previeron las circunstancias.

Evidentemente no se trata de una sustitución de edificación. El Estado ha sido complicado para los ciudadanos. Permisos, autorizaciones, estudios de impacto ambiental, imposibilidad de remodelar o de volver a construir en donde había cosas antes. ¿Por qué quiere tener un trato distinto cuando a él le toca edificar? ¡No se vale! La salsa que es buena para el ganso lo debe ser para la gansa.

Algunos pensábamos que no debía botarse la vieja estructura. Hubiera sido más ganancia quedar con dos estadios. Pero alguien (no los recurrentes) fueron pertinaces en botar el antiguo.

Me consta y puedo dar fe como notario público, que los recurrentes hicieron mil advertencias y llamadas de atención previas y con tiempo suficiente. No están sacándose un as de la manga ni lo hacen ahora por mortificar o molestar al Presidente.

Nuestra sociedad se gobierna por normas, que son para todos. Si están cansados algunos por su falta de pericia para administrar lo público, más estamos los demás de medidas improvisadas, secreteadas, mal ejecutadas y perjudiciales.

miércoles, 8 de octubre de 2008

MATRÁFULAS Y FALSEDADES

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Estamos más que claros en que aprobar todo el capítulo del TLC (ahora leyes complementarias) es urgente y necesario. Al menos yo no lo dudo.

Está de por medio una decisión histórica (primer referéndum) y un acto directo de gobierno del pueblo. En eso no hay “tutía”.

Sin embargo, la ejecución del asunto no ha sido ni exquisita ni simple.

Algunos reclaman a la Sala Constitucional por haber apuntado un vicio en la tramitación.

También hay quienes reclaman al diputado José Merino haberlo advertido. Otros ofenden a Mario Quirós por apartarse del informe mayoritario. Unos más despotrican contra el PAC por señalar que piensa solicitar nueva consulta del proyecto una vez supere de nuevo el primer debate.

Por supuesto, bajo el engañoso lema de “echemos para adelante”, pretenden hacer caso omiso de la cuestiones de fondo.

A saber, que el proyecto se tramitó mal. No se hizo una consulta necesaria y tampoco se publicó de nuevo (germen de nuevos vicios, porque lo que sugiere es una inconexidad general). Asimismo, que la causa de tales vicios no estuvo en acción de José Merino, ni de Mario Quirós ni del PAC. Igualmente, que el deber constitucional de la Sala Cuarta es señalar el vicio (no tiene la culpa, así como un médico que diagnostique no tiene culpa de la enfermedad).

Por supuesto que hay unos industriales y empresarios impacientes que otrora callaron, cuando el binomio Pacheco Arias pospuso el TLC para impulsar el paquete de impuestos. Son los mismos que hicieron suyas ofensas contra los diputados que apuntaban los vicios de procedimiento (a pesar de que pareciera haber consultorías BCIE y casa presidencial por detrás).

¿Por qué callan ante los verdaderos atrasos y vicios y, en cambio, despotrican contra quienes los señalan?

Fue un diputado del PLN (oficial) quien generó parte del enredo, proponiendo la moción que lleva buena cuota del problema. Fue la super alianza G38 la que insistió en llevar adelante el procedimiento viciado. Ahora es parte de esa alianza la que vuelve a meter la pata con lo sucedido en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

¡Por eso tienen pavor de que el asunto vuelva a la Sala Constitucional! Desde ya están lamentándose por el eventual fracaso. ¿Por qué tampoco protestaron cuando una de sus aliadas retrasó la suscripción del informe de comisión a resultas de una negociación política?

Si hay nuevo fracaso no es culpa de la Sala, ni de Merino ni Quirós ni del PAC.

Si quieren echar para adelante, arreglen la cosa. Rechacen el mal informe y acojan uno bueno, vayan por el 154 del Reglamento, que vaya a comisión dictaminadora y aprueben bien.

miércoles, 1 de octubre de 2008

SALA CUARTA CONTRA LA PARED

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi

¡Así es! La mayoría de los diputados de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad ha puesto a la Sala Constitucional a decidir entre su jurisprudencia y la necesidad del TLC.

¿Qué ha sucedido? Relativamente fácil de explicar.

Durante la discusión del último proyecto de ley atinente al TLC, relativo a materia de propiedad intelectual, se introdujo una reforma a la Ley de Biodiversidad.

En la consulta sobre la constitucionalidad de este proyecto, la Sala resolvió que tal reforma debe consultarse a las poblaciones indígenas (de conformidad con lo que ordena el Convenio 169 de la OIT) y el proyecto debe publicarse.

Por tratarse de vicios de trámite o procedimiento, el pronunciamiento de la Sala es vinculante (no es facultativo sino de acatamiento obligatorio).

El trámite preceptúa que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad debe indicarle (informe) al Plenario (o a la Asamblea Legislativa, según se quiera) cómo debe procederse para enmendar el proyecto o si se recomienda archivar.

La Comisión ha “dictaminado” suprimir el artículo que reforma la Ley de Biodiversidad para obviar la consulta.

En ocasión anterior (Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, expediente 13.874, resolución 2006-05298), la Sala resolvió “... de la lectura de los artículos 88, 146 y 165 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se deduce que la Comisión de Consultas únicamente tiene competencia para revisar los aspectos declarados inconstitucionales por la Sala, motivo por el cual se debe mantener incólumes las demás disposiciones del proyecto ...” y como la comisión había actuado igual que ahora, nuevamente apuntó el vicio de trámite o procedimiento.

¡Claro que el artículo en cuestión se puede quitar del proyecto! No es eso lo que se discute, sino cuándo, dónde y quién. No es en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

De manera que si el trámite no se enmienda, estamos frente a un juego de perder/perder. Si la Sala apunta el vicio, entonces perdemos tiempo y arriesgamos el TLC. Si la Sala no apunta el vicio y se desdice, entonces perdemos entereza, jurisprudencia y Sala. En ambos casos, los pueblos indígenas “ninguneados”.

La Comisión únicamente debía decir que los trámites por reponer, para subsanar el proyecto, son hacer la consulta y publicar el proyecto. Punto. El plenario verá entonces si, vía artículo 154 RAL, remite el trámite a comisión para que a través de nuevo dictamen se suprima el bendito artículo (introducido por moción de Comex y presentación de diputado oficialista) y se obvie el trámite de consulta.

miércoles, 17 de septiembre de 2008

"SE LOS DIJE" (SIC)

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

En realidad, de acuerdo con las reglas del castellano, la expresión correcta es “se lo dije” (a ustedes o a ellos).

Pues ahora resulta que la última de las leyes complementarias del TLC podría no estar aprobada a tiempo. La Sala Constitucional ha detectado un vicio de forma, ineludible, por no haber hecho una consulta sobre el contenido de una moción o precepto adicionado a una ley. Otro tratado nos obligaba a ello y se desatendieron las voces del diputado Merino clamando por ello.

No costaba hacerlo. Nada se perdía. Pero … a veces sigue imperando aquello de que “pa`eso tenemos mayoría”.

Dice el diputado Merino que “se los dije” (sic). Y le creo. Porque durante el período constitucional anterior me cansé de lo mismo. Se los (sic) dije una y otra vez. Con esperanza y con ánimo de corrección fraterna, con furia y con vehemencia, con explicaciones y con ironía, pero … aún no aprenden.

Varias veces la Sala Constitucional les enmendó la plana. Varias veces tuvieron que oírme recordándoles su error y negociando fórmulas y procedimientos para subsanar su error.

Ahora todo se juntó. El Poder Judicial tenía que lavarse la cara y el vicio era de procedimiento o de forma. El atraso no es culpa de Merino, ni del tratado que protege los intereses de los pueblos indígenas, tampoco es de la Sala Constitucional ni de los diputados que acusaron el vicio … el atraso y el riesgo de perder el TLC tienen su origen en la soberbia y la arrogancia de quienes creen que la mayoría lo puede todo, que no valen los procedimientos y que el fin justifica los medios. ¡La jarana les brincó en la cara!

Es que algunas veces el poder embriaga y entonces los débiles de espíritu se transforman. Olvidan las formas, olvidan las normas, olvidan que el poder es pasajero, olvidan la Constitución Política, olvidan el Derecho, olvidan que no están solos y … como dijo Lord Acton, se corrompen.

Algunas veces será el negocio de la corporación arrocera, otras podrá ser el tema de la la ley de la violencia contra la mujer, unas más el ansia tributaria que los anima y ahora el necesario TLC, y de pronto nos percatamos que han perdido las proporciones y el sentido de las cosas y que solo les interesa pasar por encima. ¡Por dicha existe la Sala Constitucional! En los viejos tiempos no habría habido posibilidad de enmienda.

Por eso me repugnan los que quieren cambiar el reglamento de la Asamblea, porque quieren prohijar los atropellos y las mayorías angurrientas, son obsecuentes con la falta de cuidado en la protección de las minorías y se olvidan que los gobernantes son simples depositarios del poder, no sus dueños.

Me duele que se haya usado plata de la GTZ con tan peligroso ánimo. Por dicha el tema de las consultorías los retrató en grupo.

Unos han dicho que la Sala Cuarta no deja gobernar y otros la atacan maliciosamente. ¿Qué sería sin ella?