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miércoles, 21 de octubre de 2009

¡QUÉ AVIONETAZO!

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre

Por Federico Malavassi

Pues sí, por andar alardeando que llegaría a la Asamblea Cantonal del PLN, la diputada se expuso al público escarnio.

Lo que sucede es que, como se dice, los del otro partido se llaman “adversarios” y los del propio se llaman “enemigos”. Es que hacerle la jugada a los del propio partido resultó imperdonable.

Y así, entonces, su propio Partido y hasta las autoridades del Poder Ejecutivo han aceptado la gravedad del hecho y se han sacudido la cercanía de la otrora popular diputada.

Dicen que el pasaje, en alguna de las nuevas líneas aéreas de servicio interno, tenía el precio de doce dólares (como siete mil pesos). Dicen que la diputada tenía acceso a carro público … pero quizás no pensó que la pescaran y que serviría de escarmiento.

Es que el Ministerio de Seguridad, que no pudo coordinar traer la droga capturada en Golfito (circunstancia que facilitó el robo de la cocaína en un Juzgado), ahora sí fue preciso y exacto para transportar la ¡¿urgente?! carga política. ¡Qué contradicciones!

Obviamente, da la impresión de que son más importantes ciertos favores que la función pública.

Feo todo el asunto: la angurria diputadil, el abuso de los bienes públicos, el enredo electoral (que podría tener profundas raíces en el ámbito municipal liberiano) y hasta el obligado examen que habrá que hacer a los temas de la diputada. No obstante, esperamos que el TSE, que ha acogido la denuncia, sea ejemplar.

Sin embargo, queda la extrañeza de tanto escándalo por una avioneta y tan poco por un aeropuerto (¿o ahora son dos?) y una carretera (¿o ahora le han salido nuevas ramas?). ¿Será que entendemos muy bien los pequeños abusos y nos asustamos ante los grandes latrocinios? ¿Será que reaccionamos con rapidez cuando hay diputados de por medio y no sabemos hacerlo cuando se nos atraviesa la “institucionalidad”?

Tal vez el asunto es que la diputada se le metió al tren de su propio partido. En casa no se pueden esconder las cosas y los “enemigos son de verdad”.

Triste y lamentable, pero lo importante es sacar lección, obtener ejemplo y enseñanza y ver que sí funcione el Código Electoral. Que no pase como cuando se denunció el tema de las platas que en la campaña electoral el exPresidente Pacheco recibió y movió, que al final se fue en puras aguas tibias y miedos. ¡Pura obsecuencia! Esperamos que ahora sí haya justicia y sanción.

miércoles, 2 de septiembre de 2009

CONDONACIÓN

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

De conformidad con la teoría de las obligaciones, la condonación es una forma de extinguir la obligación. Simplemente significa que el acreedor perdona la deuda (por eso también se usan las expresiones “perdón” o “remisión”.

Algunas veces se acostumbra aprobar autorizaciones legislativas para condonación de intereses sobre deudas con las Municipalidades. Las propias Municipalidades lo piden con el fin de que los morosos tengan un incentivo para acercarse a pagar y para no tener que lidiar con adeudos viejos. Es considerado de conveniencia para el ente municipal. Generalmente, luego de una condonación de este tipo, se da un aumento de los ingresos municipales.

Sin embargo, hay costumbre de aprobar otro tipo de condonaciones. La pretensión es que algunas personas no tengan que pagar los dineros y ayudas que han recibido. Paralelamente, también se trata de que puedan volver a recibir ayuda similar o se conviertan en sujetos de crédito.

Por supuesto que siempre hay un grupo de diputados dispuestos a aprobar todas las condonaciones. Muchas veces sin mayor examen, sobre todo si estamos a las puertas de una campaña electoral.

No digo que no deba haber condonaciones. Me parece que muchas personas, a través de la historia, han disfrutado de este instituto. El Derecho, no obstante, pone en tela de duda (prácticamente prohibición), la condonación que hace un acreedor quien, a su vez, es deudor de otras personas. Ello por cuanto no está disponiendo graciosamente de su patrimonio sino que está disponiendo de los derechos de terceros. O sea, está haciendo caridad con dinero ajeno.

¿Será igual en el caso de las condonaciones legislativas? O sea ¿hacer caridad con dinero ajeno? No puedo creer que la paz social dependa de estar regale y regale el dinero que no sobra a otros costarricenses. No creo que los valores sociales se fomenten de esta manera. No puedo estar tranquilo mientras la Asamblea tramita, con tanta irresponsabilidad, proyectos de condonaciones en los cuales aparecen deudas de centenas de millones y se hacen los que no sabían nada. Tampoco creo que ello haya sido por “caridad” o gratuitamente. ¡No me chupo el dedo!

En los casos grandes y pequeños de este asunto no puedo creer. Llaman pequeño agricultor a aquel cuyos ingresos anuales sean menos de veinticinco mil dólares. Dicho de otro modo, que puedan ser mayores al millón de colones mensual y por ello califiquen para no pagar sus deudas. ¿Cuántos salarios costarricenses están por debajo de eso y la gente tiene que pagar sus deudas?

Si se tratara únicamente de no llevar al cobro judicial o dar un moratoria, pero no es así. En el fondo se trata de volver a darles dinero. ¿Cuántas veces?

miércoles, 25 de marzo de 2009

“ …EMPLEADOS DE TERCER NIVEL DE LA CONTRALORÍA…”

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Algunas veces doña prudencia me dice “machete estate en tu vaina”, pero ésta no la puedo dejar pasar.

Recuerdo que cuando capturaron a Bambam (ligado a los robacarros), él se lamentaba de que lo hubiese pescado la policía municipal. ¡Sí, así como suena!

Quien sabe quién quería que lo pescara (INTERPOL, OIJ, FBI o váyase a saber).

Ahora, nada menos que el Presidente de la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República, en sus argumentos para cambiar la Constitución Política, introduce la queja-argumento de que al Ministro de la Presidencia “se le quiere someter a juicio por parte de unos empleados de tercer nivel de la Contraloría General de la República…” Y, entonces, que eso es síntoma de que “que algo anda mal en el sistema jurídico costarricense”.

Así fue dicho en reciente actividad que para celebrar (supuestamente) los 60 años de la actual Constitución, daba espacio a quienes propugnan por una nueva Constitución.

La cita se presta para muchas cuestiones. Puede uno hacer un análisis psicológico, sociológico y una lista más de temas.

El contexto, supongo, es la cacareada doctrina de la gobernabilidad y los supuestos obstáculos que nuestro Derecho Constitucional planta a tan encomiable propósito.

Recordemos que de conformidad con la misma Constitución (artículo 11): “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública.”

Asimismo, que la Contraloría General de la República es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y está para vigilar la Hacienda Pública (artículo 183).

Hemos de sumar a la citas el concepto actual (Constitucional) de gobierno, el cual de conformidad con el artículo 9 lo ejercen el Pueblo y los tradicionales tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), que entre sus características tiene la de “responsabilidad”.

Entonces me pregunto: ¿No quieren que se vigile la Hacienda Pública? ¿No quieren que la acción para exigir responsabilidad sea pública? ¿No quieren que el Pueblo forme parte del gobierno? ¿O será que no entienden que el Poder Ejecutivo es apenas una parte del Gobierno?

Negarse a cualquier punto de estos es negar el Estado de Derecho. ¿Cómo será la Constitución que quieren?

miércoles, 21 de enero de 2009

EL PAPEL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA …

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Dos casos y dos cuestiones mayúsculas.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señaló que el proyecto de ley contra el crimen organizado podía tener algunas inconstitucionalidades y algunas fallas jurídicas. O sea, no es un plan perfecto y no está nada mal que la Asamblea discuta su contenido. Más aún, aunque fuera un plan perfecto, lo correcto es que la Asamblea delibere, mocione y discuta sobre su contenido.

En nuestro sistema parlamentario la moción es prácticamente una condición para la discusión. La mera intervención, sin mociones de por medio, más bien equivale a las conclusiones de un proceso y no a la deliberación de un proyecto (quizás sea un defecto de procedimiento).

Sin embargo, en cuanto aparece el Dictámen de Servicios Técnicos con estos señalamientos, entonces el Poder Ejecutivo (estamos en período de Sesiones Extraordinarias, el Ejecutivo maneja el Orden Legislativo) y algunos jefes de fracción optan porque se retire el proyecto del conocimiento de la Asamblea. Se supone que es para enmendarlo y arreglarlo afuera.

Y … ¿los diputados? Por el tobogán se fueron los debates, las controversias, las comparecencias, las consultas y la ratio legis y la ratio legislatoris. Hago hincapié en que no se trata de un proyecto dictaminado (lo cual justificaría el retiro para tener espacio) sino de un proyecto crudo.

Estimo que esta decisión, apoyada incluso por jefes de fracción, vulnera gravemente la función legislativa. Constitucionalmente, lo importante es la reflexión colectiva que se genera en la cámara de representantes (no las exquisitas disquisiciones que puedan hacer especialistas y miembros del Poder Ejecutivo, fuera de actas y publicidad).

Por otro lado, me tiene muy sorprendido que aprovechando el sentimiento de la tragedia de Cinchona se quiera aprobar una línea de crédito de USA$65 millones (más o menos 35 mil millones de colones) rompiendo las reglas elementales de los fondos públicos, gasto y presupuesto. Estimo que hay una delegación legislativa que es inconstitucional.

A la Comisión Nacional de Emergencia se le quemó la bodega en medio de la crisis, ya había suficientes alertas sobre el estado de carreteras y la región, de modo que no entiendo porqué hay que dar carta blanca a la Administración Pública y quebrar el modelo de uso de fondos públicos. Como si la sobredosis de equipo que resultó de los préstamos español y finlandés no fueran una realidad palpable.

El caso, además, es que como se trata de una línea de crédito (no un crédito concreto), podría prestarse para un gran vacilón: el presupuesto ordinario paga la deuda y el decreto ejecutivo gasta la plata… ¡y en año electoral!