Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi
Aunque no parezca, algunos se comportan como fascistas. No lo digo por ofender, ni por calificar actos de prepotencia y autoritarismo (que sí los hay). Se trata de poner las cosas en su lugar. Algunos creen que solo lo público o estatal es bueno.
En nuestro país, las universidades públicas tienen un presupuesto garantizado constitucionalmente. Gozan de autonomía, por un precepto constitucional que incluso ha llevado a sostener con éxito la tesis de que ni siquiera la ley puede introducir regulaciones en algunos de sus ámbitos. No están sujetas a la inspección del Estado. Cuando juzgan que sus programas están atrasados, simplemente (trámites internos) introducen las reformas que corresponden y ¡adelante con los faroles!En cambio las universidades privadas sufren verdaderos martirios. La burocracia y el mal uso ha convertido la libertad de enseñanza (un derecho, una libertad pública) en una conducta sujeta a autorización (aunque extrañamente utilizan la palabra aprobación).
Sus tarifas, sus programas, sus carreras, sus profesores y su existencia deben ser autorizados. Sin esas autorizaciones no puede enseñar.
Sus tarifas, sus programas, sus carreras, sus profesores y su existencia deben ser autorizados. Sin esas autorizaciones no puede enseñar.
Para hacer más grotesca la paradoja, en el seno del Conesup tiene un asiento un representante de las universidades públicas. ¿Por qué? ¿Porque algunos creen que lo público es bueno y particular es malo? Resulta un verdadero ridículo: las universidades privadas no pueden ir a la velocidad de la sociedad sino a la velocidad de la tortuga pública más lenta. Sus programas no pueden ser remozados conforme lo exige la sociedad, sino que deberán solicitar autorizaciones, que serán consultadas con las universidades públicas y con otros organismos públicos. Mientras tanto, ¡cuidado con aplicarlo!La sociedad y algunos sectores públicos piden a las universidades privadas cambios y actualizaciones constantes (por ejemplo, de carreras para responder a las necesidades de las empresas, programas para incorporar las novedades y descubrimientos, ofertas académicas que satisfagan los tiempos actuales). Sin embargo, la libertad de enseñanza se ahoga en trámites burocráticos y consultas. Es prohibido adelantar a la tortuga.
No todas las universidades públicas tienen trabajo social, pero la ley sí lo exige a todos los estudiantes de las universidades privadas (a quienes el Estado no paga sus estudios). Un reglamento (no ley ni norma superior) ha exige que tal trabajo debe hacerse en actividad atinente a la carrera que se estudia (se enredaron con la pasantía). La lista causaría estupor.