ACLARACIONES SOBRE LA SALA CUARTA

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Me han pedido extenderme sobre las críticas vertidas respecto de algunas salidas de la Sala Constitucional.

Reitero mi profunda esperanza en la labor de este órgano de justicia constitucional. En mi criterio, la introducción de la Sala Constitucional a la realidad nacional, en 1989, fue tan importante como la caída del muro de Berlín, acaecida ese mismo año.

Durante el diseño de la ley respectiva, se realizaba en la UACA el primer (creo que el único) Seminario de Derecho Público, presidido por don Rodolfo Piza Escalante (q.d.D.g.). Los profesores y asistentes al seminario tuvimos la oportunidad de sugerir y analizar las instituciones que se incorporarían a tal novedad jurídica. Don Rodolfo formaba parte de la comisión nacional que se había creado para enfrentar un problema serio (respecto de corrupción en el Poder Judicial) que se había develado al investigarse el narcotráfico en la Asamblea Legislativa.

Durante muchos años, en las pruebas de grado de la UACA, era pregunta obligatoria enumerar las novedades en la justicia constitucional. En cada convocatoria los estudiantes proponían más cosas.

Sin embargo, parece que se perdió el impulso inicial. ¿Habrá fatiga de cambio?

Porque al principio fue tal la potencia y derrotero de las resoluciones iniciales, que me atrevía a proponer la tesis de que la reforma estructural en Costa Rica se hacía por anulación. La Sala Constitucional hacía más por rescatar derechos y desintoxicar a nuestra sociedad que la Asamblea Legislativa.

Hoy no puedo decir lo mismo. La desconcertante existencia de una doble Sala, la inexplicable suerte de la rifa de los suplentes, la seguridad con que palacio afirma saber qué va a hacer la Sala y las resoluciones sobre el Estadio Nacional y la última ley (propiedad intelectual) del TLC me dejan asombrado.

La doctrina define la jurisprudencia como una fuente de Derecho no escrita (no hay que confundirla con la sentencia). Se dice que es la doctrina que se deriva de los fallos reiterados. La pregunta es si de nuestra importante Sala Cuarta emana jurisprudencia. ¿Por qué? Porque algunas veces no aparece la “reiteración” de los fallos. Aparecen fallos encontrados, sin común denominador, sin posibilidad de sistematizarse.


Reitero, por dramático, el tema de las filas para cirugías. Cada vez que alguien recurre a la Sala para que su operación se realice más pronto, la Sala termina mandando al final de la fila a algún pobre que no tiene abogado que lo defienda. Pero el tema es infinito, cada vez que la Sala receta medicinas afecta un presupuesto y la cobija deja sin cubrir al pobre del otro lado. Si entramos a los temas de conexiones de agua y asfaltado de calles (temas asumidos por la Sala), terminaremos pensando que mejor es darle el presupuesto a la Sala y que ella lo asigne y asuma las responsabilidades. Habrá que seguir …

RECETAS Y PRESUPUESTOS DE LA SALA

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

No me cansaré de decirlo: prefiero una Costa Rica con Sala Constitucional que lo que había antes de su existencia (sistema trucado y viciado que favorecía la decisión del legislador frente a la Constitución).

Ello, no obstante, no me impide ser crítico de lo que está sucediendo con la justicia constitucional en nuestro país.

Hace algunos años, en un debate con el entonces director de la policía de tránsito, mi amigo y prácticamente ex discípulo Ignacio Sánchez, talentoso y brillante periodista, el tema central era el cinturón de seguridad. Me sentía muy seguro de mi posición como diputado, objetando la obligatoriedad del cinturón, respaldado por la resolución de la Sala Constitucional al respecto. Mi contendor tuvo un “safis” muy revelador: me aseguró que la Sala había cambiado decriterio.

Y por supuesto que mi amable contraparte se asustó más cuando reaccioné como un abogado indignado: ¡prevaricato, adelanto de criterio, influencia en los tribunales! ¡Ay de mí! Vivía en otro mundo.

Unos meses después, el entonces jefe de fracción del PLN, mi excondiscípulo Luis Ramírez, aseguró en plenario legislativo y ante micrófonos de Econews, que la reforma al reglamento que les estaba permitiendo pasar el paquetón fiscal había sido consultada con magistrados de la Sala cuarta. Mi reacción fue tan grande que el magistrado Vargas, cuando ya prácticamente sacaba hasta mi escritorio de la Asamblea Legislativa, me envió tremenda trapeada. Nunca tuve la oportunidad de señalarle el origen de mi indignación y justificación de mis palabras.

Hace poco me llevé las nuevas desilusiones. Las resoluciones atinentes al asunto del Estadio Nacional y a la última de las leyes del TLC evidencian la ausencia de jurisprudencia en la Sala Constitucional. Los antecedentes fueron tirados al archivo circular (basurero) y emergió una nueva doctrina oportunista y política. En ambas cuestiones soy testigo de primer orden, por haber estudiado los antecedentes constitucionales del tema del Estadio y, asimismo, por haber sufrido en carne propia la doctrina correcta de la Sala en relación con el modus operandi de la Comisión Legislativa de Consultas de Constitucionalidad.

Más sorprendente aún es el tema de las listas de espera para cirugías en los hospitales o el tema de las recetas. Durante la discusión del TLC y sus efectos en los asuntos de propiedad industrial resultó que lo más asombroso no era el posible efecto en los genéricos y en los presupuestos de la CCSS sino más bien el efecto real que tenía en los presupuestos de la CCSS el conjunto de resoluciones de la Sala Cuarta relativas a recetas y medicamentos.

Un médico se quejaba acerca de las listas de espera. Señala que cada vez que la Sala Cuarta adelanta a alguien en la lista, de fijo atrasa a otro. ¿Justicia Constitucional?

EN DEFENSA DE LOS DIPUTADOS

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Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Los diputados tienen una salario inferior al del Presidente de la República, inferior al de los Ministros e inferior al de los magistrados (de la Corte Suprema de Justicia).

No obstante, ellos constituyen el primer poder de la República.

Su salario resulta más pequeño que el de la mayoría de los Presidentes de las instituciones autónomas e, igualmente, menor al del Contralor General de la República (aunque se trate de un órgano –que no ente- adscrito a la propia Asamblea).

La gente (y buena parte de los formadores de opinión) no entiende que forman parte del gobierno de la República. Ello por cuanto son demasiados quienes creen que únicamente el Presidente de la República es gobierno.

El Poder Ejecutivo, que debía haber tenido disminuido su poder luego de la Asamblea Constituyente, se erigió en lo que algunos han llamado “Presidencia imperial” a raíz de la combinación de legislación y normativa de entes autónomos (previsiones constitucionales y leyes de presidencias ejecutivas y las del “cuatro-tres”).

En algún momento el Poder Ejecutivo tenía un poder increíble en un Estado republicano: era dueño del crédito nacional, de la política de viviendas, de la comercialización de los derivados del petróleo, de las políticas monetarias, influía en toda la contratación pública y era el jerarca del mayor empleador nacional, para apenas mencionar algunas cosas.

No es de extrañar que algunos miembros del Poder Ejecutivo aprovecharan la información privilegiada para hacer negocios y negociados (hasta sabían con anticipación si iba a cambiar el valor del colón o del dólar respecto del colón). Tampoco sería de extrañar que tuvieran un recaudador que cobrara una especie de comisión sobre los préstamos grandes que hacía el sistema bancario nacional. Tampoco sería raro que tuvieran influencia sobre las expropiaciones y sobre la contratación pública.

Es un hecho, aunque todavía no se da una buena razón para ello, que el Ejecutivo es quien controla las cadenas de radio y TV (en nombre del Estado). Asimismo, es claro que la Administración pública es quien tiene uno de los pasteles publicitarios más grandes en este país. A todos nos quedó evidente que la gestión de Pacheco promovió que un par de medios no recibieran dinero de publicidad de la Administración pública. Solo por ejemplo …

La pauta de la Administración pública es la diferencia entre ser y no ser de algunos medios y de algunos espacios. ¡No nos hagamos los tontos!

Y los diputados. A algunos les resulta incómodo que haya que dar cuentas, explicar, razonar, oír opiniones contrarias y que se dé la deliberación (reflexión) pública de los proyectos de ley.

Si no queda claro, lo vuelvo explicar con tiza y pizarra …

ENTENDER LO QUE PASA ...

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Hay gente que se retrata con lo que dice y maldice. Se deja ver de cuerpo entero. Algunos relucen como ignorantes y otros dejan ver sus colmillos y hasta su mala fe.

No estoy refiriéndome al triste tema del estadio nacional. El tiempo irá revelando muchas cosas y tal vez esta vez no sepulte las responsabilidades.

Me refiero a la crisis que se ha desatado en algunos mercados financieros y sus causas.

Algunos atacan el mercado, otros al liberalismo (y al neoliberalismo), otros al capitalismo. Hay sobrado curas y renegados. De algunos no es de extrañar, desde que cayó la URSS se han quedado sin ídolos y como el Mefistófeles del Fausto atacan para todos lados.

Sin embargo, es menester que las cosas se vayan aclarando.

Resulta que los mercados financieros que han entrado en crisis no estaban funcionando de modo libre. Había regulaciones y condiciones trucadas.

Cualquiera con tres dedos de frente entenderá, entonces, que no se pueden sonar las trompetas contra la economía de mercado ni contra la libertad, si existen regulaciones y condiciones que llevaron a estos mercados a entrar en crisis.

Es un tema que debería preocupar a quienes presumen de sus valores éticos y de su apego a la verdad. A los demás es obvio que no les preocupará la verdad, la ética ni la razón.

¿Cuál es la intención del mentiroso? Algunos son dogmáticos y no pueden aceptar que los hechos superen su estrecha mente. Otros tienen evidentes posiciones políticas y a través de mentiras quieren llevar agua a sus molinos.

Duele, eso sí, que algunos se ocupen de la enseñanza y otros de la religión (algunos están a medias). Ello por cuanto podrán torcer a unos cuantos, camuflándoles su pobre opinión como verdad académica, como verdad moral o como verdad religiosa.

Por eso no hay que persignarse ante hornos, bombetas ni falsos curas. No todo lo que brilla es oro.

Hay que recordar que la alternativa a la libertad ha fracasado reiteradamente, ha traído dolor, estafa, pobreza, muerte y peores crisis.

Asimismo, solo alguien muy limitado asimilaría la economía de los EEUU a una economía libre. Tal vez sea más libre que muchas pero no es una economía libre, ni allí funciona la plena competencia, ni allí hay ausencia de regulaciones. Por ello no hay que confundirse.

Es realmente curioso e interesante que mientras la gente que responsable está acumulando datos para entender lo que pasa, en cambio los charlatanes se apresuran a sacar falsas conclusiones y a engañar a la gente con sus dogmas.

EL CINCUENTENARIO DE ANFE

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

No se había cumplido un decenio de las amplias nacionalizaciones que realizó en el país la Junta de Gobierno (crédito, electricidad y telefonía) y apareció la Asociación Nacional de Fomento Económico.

En cambio, sí tuvo y aprovechó ANFE la oportunidad de ser crítica ante decisiones similares atinentes a ferrocarriles y derivados del petróleo.

Fue conformando un foro independiente que se constituyó en un faro, señalando a nuestra sociedad la inconveniencia de algunas rutas y la oportunidad de otras.

Quizás el nombre elegido señala únicamente una parte del liberalismo, mas lo cierto es que durante su existencia ANFE ha promovido la libertad integralmente.

Entre sus campañas más sonadas vale recordar el intento por abrir la banca, en los finales de los sesentas. Asimismo, la lucha que ha mantenido contra la consolidación del monopolio de Recope.

Muchas veces fue la única voz crítica ante la estatolatría y el monopolio.

Igualmente, hay que señalar que el análisis sobre el modelo educativo costarricense, realizado en un foro así denominado de ANFE, ha resultado en uno de los documentos de mayor demanda por parte del mundo académico.

Infinidad de conferencias, cursos, foros, paneles y mesas redondas han sido organizados por esta organización. Ha traído al país muchísimos conferencistas famosos, entre los cuales destaca el premio Nobel en Economía Friedrich Hayek.

Recuerdo, entre los debates más sonados, el de Jorge Guardia y José Antonio Alvarez (entonces Ministro de Agricultura) en relación con el arroz.

Cuando nadie prestaba atención a la necesidad nacional de desarrollar el régimen municipal, ya ANFE había realizado multitud de foros al respecto.

Diversos modelos institucionales de nuestra sociedad han sido examinados en reiteradas ocasiones en foros y otras actividades organizados por ANFE: el modelo judicial, el modelo político (¿parlamentarismo o presidencialismo?), por supuesto el modelo económico y muchos más, incluyendo el de salud.

Sin gozar de presupuestos públicos, sin buscar rentas ni ventajas, ha sido constante y crítica del quehacer público y ha buscado el mejor desempeño de nuestra sociedad. Ha procurado siempre exponer las ventajas de la economía de mercado, la apertura comercial, la libre intermediación financiera, la libertad de expresión y la libertad de enseñanza.

Ha clamado por la libertad aún cuando no ha estado de moda, por la racionalización del Estado aún cuando ha sido incómodo, por la eficiencia de las instituciones que supuestamente sirven a nuestra sociedad aún cuando hacerlo constituye un riesgo.

Ha sido una escuela de control político, pensamiento independiente y tolerancia. Es deseable que continúe cumpliendo años …

POR EJEMPLO...

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Tengo claro que el Recurso de Amparo presentado contra la construcción del nuevo estadio nacional se perdió. No tengo claridad sobre las razones, pero la noticia es conocida. ¡Para quien tenga dudas!

Me ha preocupado la virulenta e irracional reacción provocada contra los promotores del recurso. Aún más, la presión que se ha querido hacer (y se hizo, por supuesto, que no me chupo el dedo), contra la Sala Constitucional.

En el tema de los derechos fundamentales, hay que entenderlo, no se trata (como en las elecciones) de gustos, preferencias y mayorías.

Por eso, no importaba ni importa si un 99.99% de los costarricenses quería construir el estadio en La Sabana. El tema es si jurídicamente procedía o no. No importa la voluntad del Presidente, la voluntad de quienes botaron el estadio, el deseo de muchos periodistas o el gran porcentaje de costarricenses que así lo quería.

Igualmente, me parece innoble el trato que (Presidente y demás ad láteres, igual que un gran grupo de interesados) se ha dado a los promotores del recurso. ¡Que retratada se han dado algunos!

La pura verdad, no importaba si había riesgo de perder la donación china (punto no probado por nadie), tampoco importaba si un grupo grande de diputados estaban de acuerdo con la construcción (por algo la Sala encuentra inconstitucionales algunas de sus decisiones), tampoco importaba si ya lo habían botado (responsabilidad de quienes lo hicieron), tampoco importaba si el área de construcción iba a ser menor (asunto no demostrado y muy manipulado), tampoco importaba si los deportistas del país lo querían edificar en la locación discutida. Opiniones respetables en su mayoría, pero el tema va por otra parte. ¿Procedía jurídicamente construir en La Sabana el nuevo estadio? ¿Qué valor tienen los antecedentes (ya no jurisprudencia por no haber continuación) de la Sala Constitucional? Y … ¿cuál es la eficacia de la ley que protege La Sabana?

No juguemos con los conceptos. Nuestra legislación pide estudios de impacto ambiental, estudios de impacto vial, audiencias que no he visto en este caso y muchas cosas más. Estaría feo que cuando la administración pública es la que gestiona, entonces se sirva con otra cuchara, cambie la interpretación de las normas, confunda los conceptos jurídicos indeterminados con la discrecionalidad y no funcionen las reglas generales.

Me duele la ofensa que se ha hecho contra los ciudadanos que pretendieron restaurar el derecho. La manipulación de la opinión pública que se ha hecho es imperdonable, tiene un tufo estatólatra y populista imperdonable. Algunos de ellos no estaban con el “no” (pero así se les generalizó), otros se han destacado por notables aportes cívicos y todos tienen dignidad y derecho.

Si para ganar el asunto hubo que insultar, manipular, ofender e inventar, ¡estamos fritos!

LO BUENO Y LO MALO DE LOS TRES

Opinión
EL FINANCIERO
Federico Malavassi

Los tres arribarán desde la función pública. Ella con la bendición del Presidente, en papel de sucesora oficial. Uno en la ambigua situación de “no renuncié ni me pidieron la renuncia”. El otro desde la Alcaldía y el Desfile de la Luz. Será una batalla difícil y complicada.
Johnny Araya tiene la ventaja de haber empezado antes y tener un poco más trabajadas las estructuras. Laura Chinchilla tiene la polivalente posición de ser la ungida oficial que mereció trapeada del TSE: para todos será la candidata de Oscar Arias, con lo bueno y lo negativo que ello pueda implicar. Fernando Berrocal, a pesar de haber sido ministro de la actual administración, parece querer capitalizar una postura crítica y diferenciada.

Si desde la Administración Pública se impulsan las influencias, podría llegar a tener ventaja Chinchilla. Resulta difícil resistir la presión de la telaraña de propuestas, ayudas, recados y favores de palacio. Si, en cambio, las bases del PLN resintieran las acciones del poder, tal independencia más bien podría beneficiar a los otros candidatos. ¿Por qué? Araya tiene estructura diferenciada, construida desde una larga gestión municipal. Berrocal más bien habría de invocar su separación del Ejecutivo para inspirar una trayectoria separada.

Si las cuestiones ideológicas primaran la decisión, es factible que resulte favorito Berrocal. Podría
alegar mayor nexo con la tradición socialdemócrata del partido y con algunos sectores de viejo cuño. Araya tendría que apelar al pragmatismo. Su vinculación familiar podría resultar bivalente, por la defección de su hermano Rolando. Así, debería conducir la visión general hacia la larga trayectoria municipal. El as de Chinchilla podría ser la figura de la tecnocracia. Consultora, politóloga, los ministerios de Seguridad y Justicia y la diputación podrían presentarse como un currículo notable.

El género podría llegar a jugar. A no dudar, Chinchilla es la más encantadora de los tres. Pero el tema también puede llegar a desarrollar reacciones y contrapesos. No hay que olvidar que la salida de Berrocal generó muchos sentimientos y opiniones. Tuvo su hora con los medios y logró aunar algunas voluntades. El asunto es si la cuerda era para rato …
En cuanto a Araya, no se puede olvidar que la gestión municipal ha generado opiniones encontradas. Una vez que se abandone el cargo aparecerán los reclamos y las facturas. Tal vez algo más …

La carrera de Chinchilla conforma una buena proyección para generar confianza en una posible gestión. ¿Será eso suficiente? También pesará la idea de que deja solo al Presidente en la tribulación. La sostenida gestión municipal de Araya podría haber creado una personalidad singular. ¿Habrá trascendido más allá de la capital? Haberse separado casi en pleito de la gestión de Óscar Arias podría constituirse en una diferencia que beneficie las pretensiones de Berrocal. Pero también es susceptible de mirarse como ingratitud o incapacidad.
Chinchilla podría verse como una deseada extensión del mandato Arias. Ello daría unos votos, pero la cuestión es medio triste. Un supuesto deseo del Presidente en tal sentido no necesariamente va a beneficiar una campaña. ¿Tiene derecho a pensar que tiene que elegir sucesora?

Inauguraciones y desfiles más un poco de fanfarria han convertido al alcalde de San José en un personaje que compite con los de farándula. ¿Vale igual despojado de la Alcaldía? ¿La constante exposición lo ha convertido en ídolo o lo ha desgastado?

El tema de la seguridad ciudadana desvela a todos. Se recuerda por parte de muchos que había más decomisos de droga y espectáculo alrededor de ello con Berrocal. ¿Aguantará tal recuerdo un análisis exhaustivo de las causas del deterioro de la seguridad?

LA CULPA DEL ESTADIO NACIONAL

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Tirios y troyanos han salido a condenar en voz mayoritaria la gestión que han hecho Guido Sáenz y otros ciudadanos solicitando un Recurso de Amparo contra la construcción del nuevo Estadio Nacional en La Sabana.

Lo primero que hay que subrayar es que si la gestión llega a tener éxito, o sea, si se acoge el Recurso de Amparo y el estadio no se construye en La Sabana, la responsabilidad no es de los recurrentes sino de las autoridades públicas que irrespetaron normativa vigente. Tampoco habrá que echarle culpa a la Sala Constitucional, su deber es restaurar el derecho lesionado por acción pública.

Si la gestión llega a tener éxito, entonces significaría que el estadio no podía hacerse en La Sabana porque hay un impedimento jurídico.

Está mal hecho azuzar a la gente contra los recurrentes. Ellos no tienen la culpa de un mal actuar de las autoridades públicas. Cuando hay derechos constitucionales de por medio, no importa la opinión de la mayoría, porque los derechos fundamentales no se rifan ni se disponen por preferencias mayoritarias.

Si, eventualmente, nos quedáramos sin Inés y sin el retrato (o sea, sin Estadio viejo, ya botado, y sin el nuevo, aún sin construir), la responsabilidad sería de quienes dispusieron botarlo y de quienes habían elegido mal el sitio para hacerlo.

No creo que haya sido condición china el situarlo en La Sabana. En tal caso, sería una condición inaceptable si resulta que La Sabana está bajo el efecto de normas que impidieran allí su construcción. El error y responsabilidad sería de quienes aceptaron la condición y previeron las circunstancias.

Evidentemente no se trata de una sustitución de edificación. El Estado ha sido complicado para los ciudadanos. Permisos, autorizaciones, estudios de impacto ambiental, imposibilidad de remodelar o de volver a construir en donde había cosas antes. ¿Por qué quiere tener un trato distinto cuando a él le toca edificar? ¡No se vale! La salsa que es buena para el ganso lo debe ser para la gansa.

Algunos pensábamos que no debía botarse la vieja estructura. Hubiera sido más ganancia quedar con dos estadios. Pero alguien (no los recurrentes) fueron pertinaces en botar el antiguo.

Me consta y puedo dar fe como notario público, que los recurrentes hicieron mil advertencias y llamadas de atención previas y con tiempo suficiente. No están sacándose un as de la manga ni lo hacen ahora por mortificar o molestar al Presidente.

Nuestra sociedad se gobierna por normas, que son para todos. Si están cansados algunos por su falta de pericia para administrar lo público, más estamos los demás de medidas improvisadas, secreteadas, mal ejecutadas y perjudiciales.

MATRÁFULAS Y FALSEDADES

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Estamos más que claros en que aprobar todo el capítulo del TLC (ahora leyes complementarias) es urgente y necesario. Al menos yo no lo dudo.

Está de por medio una decisión histórica (primer referéndum) y un acto directo de gobierno del pueblo. En eso no hay “tutía”.

Sin embargo, la ejecución del asunto no ha sido ni exquisita ni simple.

Algunos reclaman a la Sala Constitucional por haber apuntado un vicio en la tramitación.

También hay quienes reclaman al diputado José Merino haberlo advertido. Otros ofenden a Mario Quirós por apartarse del informe mayoritario. Unos más despotrican contra el PAC por señalar que piensa solicitar nueva consulta del proyecto una vez supere de nuevo el primer debate.

Por supuesto, bajo el engañoso lema de “echemos para adelante”, pretenden hacer caso omiso de la cuestiones de fondo.

A saber, que el proyecto se tramitó mal. No se hizo una consulta necesaria y tampoco se publicó de nuevo (germen de nuevos vicios, porque lo que sugiere es una inconexidad general). Asimismo, que la causa de tales vicios no estuvo en acción de José Merino, ni de Mario Quirós ni del PAC. Igualmente, que el deber constitucional de la Sala Cuarta es señalar el vicio (no tiene la culpa, así como un médico que diagnostique no tiene culpa de la enfermedad).

Por supuesto que hay unos industriales y empresarios impacientes que otrora callaron, cuando el binomio Pacheco Arias pospuso el TLC para impulsar el paquete de impuestos. Son los mismos que hicieron suyas ofensas contra los diputados que apuntaban los vicios de procedimiento (a pesar de que pareciera haber consultorías BCIE y casa presidencial por detrás).

¿Por qué callan ante los verdaderos atrasos y vicios y, en cambio, despotrican contra quienes los señalan?

Fue un diputado del PLN (oficial) quien generó parte del enredo, proponiendo la moción que lleva buena cuota del problema. Fue la super alianza G38 la que insistió en llevar adelante el procedimiento viciado. Ahora es parte de esa alianza la que vuelve a meter la pata con lo sucedido en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

¡Por eso tienen pavor de que el asunto vuelva a la Sala Constitucional! Desde ya están lamentándose por el eventual fracaso. ¿Por qué tampoco protestaron cuando una de sus aliadas retrasó la suscripción del informe de comisión a resultas de una negociación política?

Si hay nuevo fracaso no es culpa de la Sala, ni de Merino ni Quirós ni del PAC.

Si quieren echar para adelante, arreglen la cosa. Rechacen el mal informe y acojan uno bueno, vayan por el 154 del Reglamento, que vaya a comisión dictaminadora y aprueben bien.

SALA CUARTA CONTRA LA PARED

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Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

¡Así es! La mayoría de los diputados de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad ha puesto a la Sala Constitucional a decidir entre su jurisprudencia y la necesidad del TLC.

¿Qué ha sucedido? Relativamente fácil de explicar.

Durante la discusión del último proyecto de ley atinente al TLC, relativo a materia de propiedad intelectual, se introdujo una reforma a la Ley de Biodiversidad.

En la consulta sobre la constitucionalidad de este proyecto, la Sala resolvió que tal reforma debe consultarse a las poblaciones indígenas (de conformidad con lo que ordena el Convenio 169 de la OIT) y el proyecto debe publicarse.

Por tratarse de vicios de trámite o procedimiento, el pronunciamiento de la Sala es vinculante (no es facultativo sino de acatamiento obligatorio).

El trámite preceptúa que la Comisión de Consultas de Constitucionalidad debe indicarle (informe) al Plenario (o a la Asamblea Legislativa, según se quiera) cómo debe procederse para enmendar el proyecto o si se recomienda archivar.

La Comisión ha “dictaminado” suprimir el artículo que reforma la Ley de Biodiversidad para obviar la consulta.

En ocasión anterior (Proyecto de Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, expediente 13.874, resolución 2006-05298), la Sala resolvió “... de la lectura de los artículos 88, 146 y 165 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se deduce que la Comisión de Consultas únicamente tiene competencia para revisar los aspectos declarados inconstitucionales por la Sala, motivo por el cual se debe mantener incólumes las demás disposiciones del proyecto ...” y como la comisión había actuado igual que ahora, nuevamente apuntó el vicio de trámite o procedimiento.

¡Claro que el artículo en cuestión se puede quitar del proyecto! No es eso lo que se discute, sino cuándo, dónde y quién. No es en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

De manera que si el trámite no se enmienda, estamos frente a un juego de perder/perder. Si la Sala apunta el vicio, entonces perdemos tiempo y arriesgamos el TLC. Si la Sala no apunta el vicio y se desdice, entonces perdemos entereza, jurisprudencia y Sala. En ambos casos, los pueblos indígenas “ninguneados”.

La Comisión únicamente debía decir que los trámites por reponer, para subsanar el proyecto, son hacer la consulta y publicar el proyecto. Punto. El plenario verá entonces si, vía artículo 154 RAL, remite el trámite a comisión para que a través de nuevo dictamen se suprima el bendito artículo (introducido por moción de Comex y presentación de diputado oficialista) y se obvie el trámite de consulta.

EDITORIAL DE LA PRENSA LIBRE DEL 24.SEP.08

La ingobernabilidad

El presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, se quejaba el pasado 14 de setiembre por el clima de ingobernabilidad que se respira en el país.

Antes, hicieron lo mismo en su momento otros presidentes, hasta llegar a él mismo hace 20 años. Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco se quejaron porque no se les dejaba gobernar.

Y si se revisa con cuidado el asunto, la única conclusión lógica es que siempre han tenido razón.

Pero lo malo ya no es que no se pueda gobernar, sino el hecho de que pocos parecen entender cómo debe funcionar el sistema costarricense, y menos aún dan la impresión de querer hacerlo funcionar.

El primer elemento aquí —y lo decía ayer el columnista de LA PRENSA LIBRE Federico Malavassi— no es solo el Poder Ejecutivo el responsable del Gobierno. También lo son el Poder Legislativo, en primer lugar, y el Poder Judicial, de manera que todo se resume en un sistema de pesos y contrapesos, donde las responsabilidades están repartidas y los controles también.

El segundo elemento, sin embargo, gira en torno a los integrantes de cada uno de esos poderes, y la forma en que estén dispuestos a encarar las responsabilidades que tienen. Por ejemplo, casi siempre se ha dado una coincidencia entre los diputados provenientes de partidos de oposición, en torno a que no sienten la responsabilidad de proponer. Y además, piensan que ser de oposición implica descartar, a priori, todo lo que propongan los oficialistas.

En este fenómeno descansa mucho del problema de ingobernabilidad del que se ha hablado tanto en el país desde hace muchos años. Es más una cuestión de actitud; de entender que quienes ganan las elecciones reciben un mandato del electorado. Se asume siempre por parte de la oposición que se recibió el mandato de no gobernar. Pero, esta tesis es incorrecta, porque si fuese así, nunca habría Gobierno, pues ningún presidente en este país ha recibido nunca el apoyo de más de la mitad de los ciudadanos. Esto quiere decir que todos los presidentes han tenido de frente una mayoría de gente que no votó por ellos.

Y, en el caso de los diputados, se equivocan de nuevo cuando piensan que a la oposición no le toca ayudar en el trabajo de Gobierno. Así, por ejemplo, muchas veces se compromete la situación operativa del Poder Judicial, al no aprobar recursos para sus actividades, a pesar de que una inoperancia allí castiga a toda la población por igual.

Finalmente, sí es cierto que se deberían replantear algunos procedimientos. Especialmente los que se han establecido en materia de control pero que termina, más bien, evitando que se hagan las cosas, en lugar de evitar que quienes deban hacer las cosas se roben las platas.
Pero, es curioso que a pesar de la crítica repetitiva de quienes llegan a encabezar el Ejecutivo, nadie entre los que tienen el poder para tomar las decisiones, ha tenido la iniciativa de plantear esas reformas. Da la impresión de que, en el fondo, todos quieren seguir en lo mismo, quizá pensando que así se puede sacar algún rédito político.

GOBERNAR...

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Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Constantemente se confunde la gestión del Poder Ejecutivo con la de gobernar. Es error común que cometen columnistas (Rodríguez) y editorialistas (La Nación), pero no es exclusivo de ellos. Es un mal de muchos …

El gobierno de la República, de conformidad con el indiscutible texto constitucional, corresponde a los tres poderes y al pueblo. Dicho más claramente: el Presidente no es el gobierno sino parte del gobierno.

Por tanto, no le corresponde al Presidente gobernar solo. Tampoco al Poder Ejecutivo. Forman parte de un sistema.

Por eso, cuando medio lamenta la situación el columnista Vargas, diciendo que hay límites con la Sala Constitucional, con la Asamblea Legislativa y demás asuntos, no debería verlo como un problema para el Presidente sino como un éxito del Estado del Derecho.

Por ello no, la verdad es que no existen los problemas de gobernabilidad que imaginan quienes no entienden o ignoran la Constitución. Es exactamente todo lo contrario. El pueblo elige a sus gobernantes y lo ha venido haciendo en proporción distinta a la de antes (es su decisión de gobierno y ha sido clara y eficiente). La Sala apunta los vicios de constitucionalidad que presentan proyectos de ley (fallos de la Asamblea) o decisiones del Ejecutivo (secretos, por ejemplo): ello es Estado de Derecho. No es puede acusar de ingobernabilidad el hecho de que la Sala señale tales defectos, todo lo contrario. Es ingobernabilidad un Presidente que injustificadamente esconde lo que no se puede esconder. O es ingobernabilidad una Asamblea que no respeta un Tratado internacional que preceptúa dar consulta a los pueblos indígenas.

En Costa Rica no hay una monarquía absoluta (aunque algunos lo quisieran). Hay un régimen republicano, un Estado de Derecho, con la forma de gobierno de presidencialismo atenuado (algunos consideran que hay semiparlamentarismo).

Si creían que era don Oscar I, o el Rey Sol Tropical, estaban fuera de juego. El Presdidente de la República está sometido a la Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes, además a los fallos judiciales. Hemos creado la Sala Constitucional para recordarlo.

¿Deben soportar los gobernantes mortales la crítica y diversidad? Gobernabilidad no significa que no haya crítica, todo lo contrario. En un sistema republicano como el nuestro está claro que la soberanía reside en la Nación, en todo el conjunto de nacionales. No reside en el gobierno delegado y mucho menos en el Presidente de la República. Lo que hizo el anterior Presidente, cambiar la pauta publicitaria según sus antipatías es una acción inconstitucional que muestra poco respeto por la libertad de expresión y por nuestra forma de gobierno.

No he dicho más que cosas obvias, pero muchos parecen no saberlo.

"SE LOS DIJE" (SIC)

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

En realidad, de acuerdo con las reglas del castellano, la expresión correcta es “se lo dije” (a ustedes o a ellos).

Pues ahora resulta que la última de las leyes complementarias del TLC podría no estar aprobada a tiempo. La Sala Constitucional ha detectado un vicio de forma, ineludible, por no haber hecho una consulta sobre el contenido de una moción o precepto adicionado a una ley. Otro tratado nos obligaba a ello y se desatendieron las voces del diputado Merino clamando por ello.

No costaba hacerlo. Nada se perdía. Pero … a veces sigue imperando aquello de que “pa`eso tenemos mayoría”.

Dice el diputado Merino que “se los dije” (sic). Y le creo. Porque durante el período constitucional anterior me cansé de lo mismo. Se los (sic) dije una y otra vez. Con esperanza y con ánimo de corrección fraterna, con furia y con vehemencia, con explicaciones y con ironía, pero … aún no aprenden.

Varias veces la Sala Constitucional les enmendó la plana. Varias veces tuvieron que oírme recordándoles su error y negociando fórmulas y procedimientos para subsanar su error.

Ahora todo se juntó. El Poder Judicial tenía que lavarse la cara y el vicio era de procedimiento o de forma. El atraso no es culpa de Merino, ni del tratado que protege los intereses de los pueblos indígenas, tampoco es de la Sala Constitucional ni de los diputados que acusaron el vicio … el atraso y el riesgo de perder el TLC tienen su origen en la soberbia y la arrogancia de quienes creen que la mayoría lo puede todo, que no valen los procedimientos y que el fin justifica los medios. ¡La jarana les brincó en la cara!

Es que algunas veces el poder embriaga y entonces los débiles de espíritu se transforman. Olvidan las formas, olvidan las normas, olvidan que el poder es pasajero, olvidan la Constitución Política, olvidan el Derecho, olvidan que no están solos y … como dijo Lord Acton, se corrompen.

Algunas veces será el negocio de la corporación arrocera, otras podrá ser el tema de la la ley de la violencia contra la mujer, unas más el ansia tributaria que los anima y ahora el necesario TLC, y de pronto nos percatamos que han perdido las proporciones y el sentido de las cosas y que solo les interesa pasar por encima. ¡Por dicha existe la Sala Constitucional! En los viejos tiempos no habría habido posibilidad de enmienda.

Por eso me repugnan los que quieren cambiar el reglamento de la Asamblea, porque quieren prohijar los atropellos y las mayorías angurrientas, son obsecuentes con la falta de cuidado en la protección de las minorías y se olvidan que los gobernantes son simples depositarios del poder, no sus dueños.

Me duele que se haya usado plata de la GTZ con tan peligroso ánimo. Por dicha el tema de las consultorías los retrató en grupo.

Unos han dicho que la Sala Cuarta no deja gobernar y otros la atacan maliciosamente. ¿Qué sería sin ella?

¿QUIÉN TIENE LA CULPA?

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Hay muchas tesis jurídicas acerca de las causas de los hechos. Asimismo, abundan las tesis sobre la asignación de la responsabilidad.

No hace mucho, hubo un intento para responsabilizar a los bancos y demás entidades financieras sobre los eventuales daños que pudieran tener las viviendas financiadas por ellos. ¿A cuenta de qué? Sencillamente para quitarle responsabilidad a unos y endilgársela a otros.

El presupuesto central de las libertades públicas y los derechos fundamentales es que cada cual asuma su responsabilidad.

Con mucha razón, muchos de quienes promovemos la libertad hemos señalado que conlleva una revolución moral: asumir la responsabilidad por los actos propios.

Pero ahora pareciera que estamos en la era del “yo no fui, fue Teté, pégale pégale, que él fue …”.

Y tenía que aparecer la idea de culpar al cantinero. ¿Quién si no?

Con un poquito más de imaginación, podríamos terminar culpando también al distribuidor de licores, a la Municipalidad que expidió la patente, a la marca y ¿por qué no? hasta al viejo Thomas Parr.

Un poco más de creatividad y podemos achacarle responsabilidad a los fabricantes de las ligas para mezclar, al dueño del local y a la Agencia de publicidad. ¡La cosa está buena!

Al final sobrará a quien cobrarle y podemos ser consistentes con la filosofía del “pobrecito”.

Quizás no convenga halarle mucho el rabo a la ternera. Como en Costa Rica tenemos el medio monopolio de la Fábrica Nacional de Licores, a la larga la chancha nos tuerce el rabo.

Es cierto que nuestra ley prohibe vender licor a quien se halla en estado de embriaguez. Hay algunas prohibiciones más al respecto.

Hace unas semanas, los clientes de un bar tiraron por la alcantarilla al cantinero que les negó más licor por este motivo. ¿Qué ha hecho el Estado para acuerparlo y sancionar a los desalmados?

Pero ahora más bien les impondrán la obligación de determinar si el cliente va a conducir vehículo o no. ¡Salados! Ya veremos cómo se comparte la culpa cuando hay mesero y cantinero. Para los que van a varias cantinas debería haber una especie de culpa compartida. En algunos casos, dependiendo del tipo de bocas, también podría haber responsabilidad para el cocinero …

Dicen que algunos beben para ahogar las penas. ¿Acaso no deberíamos culpar también a quienes provoquen tales dolores, tan difíciles de sobrellevar? A los jefes regañones, al equipo que no gana, a la novia ingrata y a la exesposa vengativa …

ATENCIÓN AL FISCAL GENERAL

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Tenemos una emergencia en el área de seguridad ciudadana. No se trata únicamente de una percepción, las verdad es que el asunto no anda nada bien. La gente ya no sale por miedo de lo que va a encontrar, por temor de dejar la casa sola. Además, porque le resulta casi rumbo a lo desconocido hacer como antes: algo sencillo como ir al centro de San José para ver una película, observar ventanas y tal vez darse un gustillo en una soda. La vida ha cambiado. Ahora imperan las rejas, los oficiales de seguridad, los detectores de metales, el alambre navaja, las alarmas y llavines especiales.

El problema es complejo y serio. Ya hace muchos años decía un policía que ni los borrachos eran como los de antes. Ahora hay drogas, bandas, organización criminal, cohecho y armas. Ya no se trata del viejo merodeador que robaba algunos nísperos, ni de los “rafles” que tenían dedos de seda.

No hay que entrar en desesperación ni en histerias. La verdad es que –como siempre--, lo más importante es analizar, reflexionar y adoptar decisiones meditadas y ampliamente discutidas.

Algunos hablan de endurecer o alargar las penas, pero apenas empiezan a hablar dejan ver que no tienen la menor idea de qué es un sistema penal. Otros quieren manos fuertes, quitarle el trapo de la cara a los delincuentes y hacer registros públicos, pero al igual que los otros, no tienen la menor idea de por dónde anda la jurisprudencia constitucional y los principios generales del Derecho procesal penal.

Por supuesto que también abundan los domingos siete, los que creen que hay que cobrar más impuestos y allí radica el principio de la solución.

En los últimos días, el Fiscal General ha abierto un par de cartas en el complicado juego. Un artículo relativo a cómo, entiende él, la justicia de los Estados Unidos tuvo que expedientes alternativos para conseguir la condena de connotados criminales (Al Capone y Luciano). Explica, justifica o propone, no termino de entender, que habrá que hacer lo mismo. Paralelamente, reclama a los diputados haber separado el proyecto de reformas penales, posponiendo o quitando la parte relativa al crimen organizado.

El Fiscal General ha mostrado valor y constancia en su propósito. Sin embargo, sus dos cartas descubiertas requieren respuesta clara y precisa de la sociedad.

No nos podemos hacer los tontos respecto de sus dos propuestas. Ninguna respuesta será fácil, todo tiene consecuencias.