NO ENREDAR

Perspectiva
Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

El precio del petróleo enloquece a muchos y, en afán de “hacer algo”, no se acometen las cosas principales sino las escaramuzas complejas.

Corresponde al Gobierno favorecer las “políticas nacionales” de ahorro de energía. En nuestro país, bendecido por las posibilidades de generación hidroeléctrica, el camino no es tan difícil. Se trataría de favorecer el uso de la electricidad como fuente de energía y alejarnos de los combustibles fósiles (los derivados del petróleo).

La aplicación de la electricidad al transporte colectivo es una realidad en los países desarrollados (metro, trenes, trolebuses), pero en nuestro medio pareciera que más bien lo hicimos al revés.

El uso del ferrocarril eléctrico en el transporte de carga y la organización de la producción alrededor del tren es una posibilidad encomiable. Pero como que no nos pellizcamos.
Sin embargo, parece que nuestras autoridades no entienden lo que pasa y más bien se ensañan con los consumidores de combustible.

Hace tiempo que los dueños de vehículos pagan impuestos comprometidos a la mejora de las carreteras, pero el Gobierno ha dispuesto de los dineros para otros fines. Es como una estafa.

Se les ha recargado el costo con el tema de Riteve, pero ni siquiera aparece el contrato.
Con el aumento de los combustibles, más bien el Gobierno está recogiendo más impuestos (se aprovecha de la situación). El consumidor no tiene opciones, está amarrado incluso al monopolio de Recope.

La última ocurrencia es subsidiar el precio del diesel. Ya han surgido dos perversas sugerencias: cobrar más caro por la gasolina (para subsidiar el diésel) y cobrar impuestos más caros a algunos vehículos que usen diésel.
Alguno habrá pensado que hay actividades productivas y otras no productivas. Otros creen que solo lo que a ellos interesa merece la pena.

El primer error es subsidiar los precios. Los precios son un sistema de información y alterarlos es como poner señales falsas. Entonces la gente tomará decisiones que dependen de señales alteradas.

El segundo error es no dejar que los palos aguanten su vela. Regalamos vivienda, regalamos alimentación, regalamos transporte y hasta “banca de desarrollo”, pero ahora no queremos que la gente pague el precio real de las cosas.

Los usuarios de vehículos de gasolina sufren los altos precios, igual los usuarios de vehículos de diesel (aunque algunos crean que sus actividades no son productivas), por eso el Estado no debe ensañarse con ellos. No hay que distorsionar.

Restringir el uso de vehículos es una muestra de estulticia. El precio del combustible ya lo hace. Violentar la libertad de circulación no solo requiere de una ley (es una libertad pública), sino de una demostración racional de su necesidad.

PARADOJAS INACEPTABLES

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Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Aunque no parezca, algunos se comportan como fascistas. No lo digo por ofender, ni por calificar actos de prepotencia y autoritarismo (que sí los hay). Se trata de poner las cosas en su lugar.

Algunos creen que solo lo público o estatal es bueno.

En nuestro país, las universidades públicas tienen un presupuesto garantizado constitucionalmente. Gozan de autonomía, por un precepto constitucional que incluso ha llevado a sostener con éxito la tesis de que ni siquiera la ley puede introducir regulaciones en algunos de sus ámbitos. No están sujetas a la inspección del Estado. Cuando juzgan que sus programas están atrasados, simplemente (trámites internos) introducen las reformas que corresponden y ¡adelante con los faroles!En cambio las universidades privadas sufren verdaderos martirios. La burocracia y el mal uso ha convertido la libertad de enseñanza (un derecho, una libertad pública) en una conducta sujeta a autorización (aunque extrañamente utilizan la palabra aprobación).
Sus tarifas, sus programas, sus carreras, sus profesores y su existencia deben ser autorizados. Sin esas autorizaciones no puede enseñar.

Para hacer más grotesca la paradoja, en el seno del Conesup tiene un asiento un representante de las universidades públicas. ¿Por qué? ¿Porque algunos creen que lo público es bueno y particular es malo? Resulta un verdadero ridículo: las universidades privadas no pueden ir a la velocidad de la sociedad sino a la velocidad de la tortuga pública más lenta. Sus programas no pueden ser remozados conforme lo exige la sociedad, sino que deberán solicitar autorizaciones, que serán consultadas con las universidades públicas y con otros organismos públicos. Mientras tanto, ¡cuidado con aplicarlo!La sociedad y algunos sectores públicos piden a las universidades privadas cambios y actualizaciones constantes (por ejemplo, de carreras para responder a las necesidades de las empresas, programas para incorporar las novedades y descubrimientos, ofertas académicas que satisfagan los tiempos actuales). Sin embargo, la libertad de enseñanza se ahoga en trámites burocráticos y consultas. Es prohibido adelantar a la tortuga.

No todas las universidades públicas tienen trabajo social, pero la ley sí lo exige a todos los estudiantes de las universidades privadas (a quienes el Estado no paga sus estudios). Un reglamento (no ley ni norma superior) ha exige que tal trabajo debe hacerse en actividad atinente a la carrera que se estudia (se enredaron con la pasantía). La lista causaría estupor.

ESCANDALOSO

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Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

El precio internacional del barril de petróleo alcanzó más de 137 dólares por barril. Esta semana nos impusieron en Costa Rica precios superiores a los ¢600 por litro de super, regular y diésel. Para colmo, el colón va peor que el dólar en inflación y caída (llover sobre mojado).

Un representante de la OEA ha señalado, con gran tino, que desde hace rato es hora de una gestión política para evitar los altísimos precios del petróleo. Tenemos un Presidente de la República que fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz, lo cual le da fuelle suficiente para encabezar una campaña mundial. Por otra parte, insisto, es urgente y necesario que nuestro Estado reaccione proactivamente ante el encarecimiento del petróleo y sus derivados. ¿Cuándo veremos la electrificación del ferrocarril existente? ¿Cuándo habrá un proyecto viable de canal seco? ¿Cuándo veremos un ferrocarril centroamericano? ¿Cuándo disfrutaremos del viaje en ferrocarril por todos los puntos cardinales de Costa Rica? ¿Cuándo tendremos un ferrocarril hasta Guanacaste? ¿Cuándo dejaremos de destruir carreteras y aprovechar la energía hidroeléctrica?No se trata de medidas coactivas para impedir que los costarricenses usen su carro un día (ello es un atropello y tiene efectos paradójicos). Se trata de diseñar y ejecutar (eficiente y jurídicamente) políticas significativas para enfrentar la crisis energética que sufrimos y que empeorará.

Tampoco se trata de imponer el etanol o el biodiésel. Pero podría enfrentarse el asunto con un aprovechamiento racional de nuestras ventajas. ¿Por qué no bajar el impuesto de los vehículos de energía eléctrica? Me parece interesante promover, por ejemplo, que los costarricenses adquiramos tecnología como la de los carritos de golf y que nos desplacemos en ellos en las ciudades. Asimismo, creo que hay que aprovechar la capacidad ociosa de los cogeneradores convocándoles a participar más, con mecanismos de mercado, y a generar más, para dejar al ICE con los megaproyectos. Por supuesto, un requisito indispensable para el aprovechamiento de la energía ha de ser un verdadero gobierno digital y una operación precisa y exitosa de las telecomunicaciones. Descentralización que permita a cada cual realizar las gestiones en su municipio (sin desplazarse), aprovechar la Internet (banca, firma digital y mensajería) y no congestionar las ciudades. Insisto en que hay que optimizar el transporte público de personas y aprovechar la energía hidroeléctrica. Asimismo, hay que favorecer el transporte de carga mediante ferrocarriles. Incluso, podrían crearse incentivos (sin corrupción ni favorecimientos) para que las industrias y los parques industriales aprovechen las vías férreas y su cercanía.

Estamos embarcados en vehículos que queman derivados del petróleo, sin oportunidad de usar un buen transporte público de personas, sin buenas y ni confiables telecomunicaciones, con una administración pública que es incapaz de aprovechar oportuna y racionalmente las ventajas del país y algunos políticos que nos sepultan por sus dogmas. Hay que insistir en las vías apropiadas.

NECESIDAD DE RESPUESTAS PÚBLICAS

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Columna de los miércoles en La Prensa Libre
Por Federico Malavassi

Ya lo he dicho muchas veces. Lo del precio del petróleo era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Nuestro país tiene una bendición en relación con la posibilidad de generación hidroeléctrica, pero el sector público no ha respondido bien.

Desde hace tiempo Europa ha venido en el renacimiento de las posibilidades ferrocarrileras. El TGV francés, como ejemplo, ha sido todo un fenómeno. Desde la construcción del túnel para atravesar el Canal de la Mancha hasta los trenes de perfil aerodinámico y alta velocidad. Sin embargo, la esencia es el uso de la electricidad y la optimización del transporte público de personas. Los ejemplos sobran.

A finales del siglo XIX construimos un ferrocarril en Costa Rica. Tal vez no es el mejor ejemplo de contratación pública, quizás entregamos demasiado, pero lo cierto es que en el siglo XXI parecemos incapaces de ponerlo a funcionar con electricidad. Ni siquiera medio funciona con diesel. ¿Cuánto ahorraríamos en combustibles fósiles? ¿Cuánto en carreteras? Es verdad que el trazado es antiguo, pero si se compara el estado de las carreteras y la duración de los viajes por ellas, es competitivo.

Hasta podría funcionar como canal interoceánico. Es cierto que requiere mejoras, pasos a desnivel, inversiones grandes y trabajo, pero podría ser la solución a muchos de nuestros problemas y a parte de la factura petrolera.

Hay quienes protestan contra algunos administradores transitorios de la función pública y contra sus conceptos. Los culpan del atraso del ICE en infraestructura y por la falta de proyección. La verdad es que confiar en una única institución es el verdadero atraso. Atenerse solo a la generación pública es un concepto superado y causa evidente de equivocaciones.

Asimismo, hay que reconocer que ciertas exageraciones ambientalistas han bloqueado el avance que nuestro país debería de tener al respecto. Un criterio adecuado de análisis ambiental, como por ejemplo el concepto de “ciclo de vida”, podría aportar argumentos significativos para construir más proyectos hidroeléctricos en lugar de bloquearlos por causas ecológicas. En el concepto de “ciclo de vida”, siguiendo con el tema, se impone el análisis integral. No solo el impacto de un proyecto en la inmediatez circundante sino sus consecuencias en el tiempo y en la totalidad de aspectos importantes (consumo de combustibles fósiles, necesidades de la industria, mantenimiento del ambiente en general y no solo en una localidad). Ello proveería una contundente argumento ambiental para promover la generación hidroeléctrica.

El Estado acaba de mostrar su inutilidad, su proverbial ineficiencia, con el tema de los ferrocarriles. De la manga se sacaron una vieja licitación para apenas empezar a estudiar entornos. ¡Así estamos fritos! Por supuesto que la Contraloría no tiene más remedio que intervenir y pedir cuentas.